Es la tarde, la hora de la prisa. Correr para que la nota quede bien redactada, checar si están las fotos. Ajusta de aquí, corta de allá. La cabeza, ¿así o se cambia? No hay periódico tranquilo por la tarde, todo va a contrarreloj.

Las ventanas están abiertas en el Diario Cardel porque hace calor, aquí la temperatura llega hasta los 30 grados aún en invierno. Peor todavía si sopla el norte, un viento soporífero que da dolor de cabeza y persigue invadiendo cada rincón.

–¿Qué sale mañana?–, pregunta un hombre por la ventana.

Pregunta hoy como preguntó ayer y lo hará mañana. Y no será un sólo hombre sino muchos. A veces con armas visibles, la gente del jefe de plaza. Otras veces sin mostrar fierros porque no hace falta, todos saben quiénes son. Al periódico seguido llega la maña a preguntar qué traerá la edición del día siguiente.

No son los únicos, algunas tardes también golpean la puerta los policías. Llegan de diversas corporaciones para checar qué noticia irá de principal, si trae foto y cómo está encarada. Golpean, piden pasar o esperan afuera a que salgan a informarles con bastante detalle. En otras ciudades del estado de Veracruz, en muchas ciudades en realidad, por teléfono se controla a la prensa. Llamadas por la noche para decir esto no se publica, mensajes a celulares de reporteros para dictaminar qué sí será nota.

Es sabido que durante muchos años algunos grandes periódicos de Veracruz han enviado sus primeras planas a revisión de los gobernadores de turno pero aquí, en Cardel año 2012, el límite está fuera de todo lo pensable. Narcos y policías llegan a checar -y a veces editar- la portada.

José Cardel es una ciudad de 19 mil habitantes y mucho más importancia de lo que ese número pudiera decir. Aquí confluye la carretera federal 180 que cruza el país con la estatal número 40 que une al puerto con la capital política del estado. Además pasa el tren. Y está a sólo 30 kilómetros de la capital económica, Veracruz-Boca del Río.

José Cardel es un punto valiosísimo para el comercio, sea legal o no.

Por eso tal vez ha sido rehén de las disputas entre cárteles. Uno de los primeros lugares a conquistar cuando los Matazetas llegaron al estado de Veracruz con la intención de arrebatarle el dominio territorial a Los Zetas. Donde antes había un carnaval popular y campos verdes de caña de azúcar, la muerte fue tiñéndolo todo. Asesinatos primero, cuerpos tirados después. Decapitados, restos mutilados en bolsas de basura y desaparecidos: los días se pusieron difíciles y las noches imposibles.

–De 2007 en adelante fue un tiempo muy oscuro aquí. Entró la delincuencia organizada, se apoderó de muchos medios y de muchas personas que trabajaban para medios. No era posible ni platicar porque podían ir a decirles a los delincuentes lo que platicabas aún dentro de la casa–, recuerda alguien que vivió en Cardel entonces y decidió huir para sentirse a salvo.

Nadie quería hablar pero todos querían leer. Explotó el negocio de la nota roja. El Diario Cardel llegó a vender entre tres mil y tres mil 500 ejemplares cada día, es decir uno de cada seis pobladores compraba el periódico.

Cada mañana, en motos con bocinas como en carros de perifoneo se anunciaban por las calles las noticias más importantes. Y la gente corría a comprar. La sangre vendía.

En la foto él sonríe mostrando su registro de candidato a diputado. Viste una playera polo blanca y lleva una mochila colgando del hombro izquierdo.

-Malhablado como toda la flota jarocha. Pero noble, honesto y sin malicia– así describe a Sergio Landa quien fue su compañero de redacción, Jesús Augusto Olivares Utrera.

Dice que siempre fue popular, querido en su comunidad, y por eso Nueva Alianza le ofreció ser candidato a diputado por el distrito 13 de Huatusco. Nunca llegó a ocupar el puesto, se retiró un día antes de las elecciones porque el partido político no había cumplido la promesa de financiar la campaña con un carro y darle un convenio de propaganda al medio donde él reporteaba. Sergio Landa nació en El Zapotito, un pueblo que hoy tiene 762 habitantes y era más chico durante su infancia. Los padres eran campesinos y los hermanos muchos.

Siempre le gustó dibujar y tuvo el anhelo de estudiar. Empezó la carrera de diseño gráfico pero no pudo terminarla porque no tenía dinero para seguir pagando los gastos que implicaba el estudio. Entonces se hizo rotulista, ese oficio añejo de quien a mano pinta letras, marcas, anuncios en carteles o bardas.

Sergio también tejió cinturones y fue árbitro de fútbol. Sus amigos lo recuerdan fiestero, bailador y fanático de la salsa. Pero también emprendedor, una persona entrona de las que sienten menos miedo que deseo de prosperar. Tal vez por eso se hizo periodista.

Estaba desocupado cuando supo de una vacante para diseñador en el Diario Cardel. Al llegar resultó que más bien necesitaban a un reportero y Sergio dijo sí, aunque nunca había trabajado en medios de comunicación. Empezaron aventuras que los colegas recuerdan por su andar tan entusiasta como atrabancado. Speedy González le decían algunos porque en una motocicleta chiquita iba a toda velocidad para llegar a tiempo a la escena del crimen. El reportero de hule le decían otros porque seguido se caía pero enseguida se levantaba.

Engrosó su agenda con el paso de los meses: contactos en las fuerzas armadas, servicios de emergencia, corporaciones policiales y como casi todos, también en la maña que siempre incluye a gente de uniforme. Hablaba con ellos, intentaba negociar las notas. Delante suyo llamaban a las papas -como decían a los policías- para preguntar cosas, pedir precisiones, girar órdenes.

Sergio se volvió un reportero empírico, como llaman en Veracruz a quienes no estudiaron la carrera sino que se hicieron periodistas de oficio, en la talacha. Ya dentro le gustó la adrenalina pero sobre todo le picó como dicen pica la nota roja: si te gusta cubrir policiales es un trabajo del cual ya no se sale, una suerte de adicción.

En aquellos años, reportear en Veracruz era emocionante pero no tarea sencilla. Porque la violencia arreciaba y era también un gran negocio.

Los empresarios de medios presionaban para tener las fotos más explícitas, los datos más reveladores: eso vendía. En la misma medida, los cárteles empujaban su propia agenda: Los Zetas queriendo que se mostraran sus ejecutados para infundir terror y Los Matazetas (luego Cártel Jalisco Nueva Generación) ordenando que nada de mostrar sangre porque ellos querían tener una imagen distinta. En medio quedaban los periodistas.

Las presiones llegaban de todas partes y muchas veces se contradecían las órdenes, ¿a quién hacer caso? ¿cómo negarse si en esa orden iba implícita la amenaza?

Para peor, reportear en Veracruz en aquellos años fue arriesgar la vida por poco. Sergio Landa empezó ganando 1,500 pesos quincenales, 107 pesos por día. Cuando se acumularon un par de años de experiencia y antigüedad llegó a ganar 2,500 pesos por quincena sin seguro social ni días de descanso. Menos de diez dólares al día

Lo secuestraron dos veces, en 2012 y 2013. Del segundo secuestro no ha regresado.

Un misterio: al menos 27 medios, casi todos periódicos, cerraron en Veracruz alrededor del año 2016.

Algunos de ellos: El Diario del Sur, AZ Veracruz, Milenio El Portal, Marcha, Oye Veracruz y Capital Veracruz. También El Diario de Minatitlán, Matutino Expréss, El Mundo de Poza Rica, El Despertar de Veracruz, Veracruz News, La Voz del Sureste y Mundo de Xalapa, entre otros. Son medios de diversas regiones, historia y dueños pero todos dejaron de publicar casi al mismo tiempo, se extinguieron de un día para el otro como si les hubiera caído el mal.Se ahonda el misterio: casi en las mismas fechas, al menos otros 5 periódicos cancelaron sus ediciones impresas y migraron a puramente digitales. Cerraron redacciones o las redujeron al mínimo, se achicaron.

Es mundial la crisis que atraviesan los medios impresos, ya hasta The New York Times ha valorado dejar de imprimir y otros grandes como El País cancelaron en algunas regiones. Pero en Veracruz a finales del sexenio 2010-2016 ocurrió otra cosa. El mal que se extendió contagiándose de redacción en redacción fue el final de la poción mágica que todo lo sostenía: convenios.

Por convenio se entiende a contratos de adjudicación directa que el gobierno encabezado porJavier Duarte daba a empresas de comunicación para difundir contenidos diversos. Lo que comúnmente se llama publicidad oficial. Fondos a veces sin etiquetar, sin objetivos claros, cheques en blanco.

Anuncios del Estado que son necesarios porque los medios de comunicación son empresas que requieren financiarse pero que en Veracruz -y en muchos otros estados- han sido utilizados como premios a la docilidad, estímulos para coberturas a modo.

No es nuevo el convenio ni la asignación de recursos estatales a la prensa, décadas atrás lo dejó claro el ex presidente José López Portillo al reclamar “no pago para que me peguen”. Tampoco es de hoy el peso de la publicidad estatal, financiamiento tan vital que a nivel país representa cerca del 60% de los ingresos en los medios, según estudios independientes. Pero en Veracruz, donde el gobierno de Fidel Herrera es recordado por repartir billetes a su paso, el tema alcanzó dimensiones excepcionales durante el sexenio de Duarte. “Pórtense bien”, les decía el gobernador Duarte a los reporteros mientras un sector específico de su gobierno se ocupaba de administrar lo que eso significaba.

La oficina de comunicación social pasó de tener un presupuesto de 50 millones de pesos en el año 2011 a 304 millones de pesos en el 2016. Se multiplicó en un 452 por ciento, según la Ley de Egresos de 2011 y un informe que elaboró el Órgano de Fiscalización Superior a pedido de diputados locales. Más tarde se ventilaron cifras escandalosamente mayores: el gobierno de Duarte pagó en convenios de comunicación cerca de 5 mil millones de pesos, es decir unos 294 millones de dólares, según dichos del fiscal Julio Rodríguez Hernández en una audiencia de vinculación a proceso.

Una persona definía el destino de ese presupuesto: Gina Domínguez Colío. Cabello corto con mechitas rubias, cejas delgadísimas y mirada brava, María Gina Domínguez Colio fue una de las figuras más fuertes del sexenio. Tanto que la apodaron La vicegobernadora. Además de su carácter, destaca su trayectoria: es periodista con larga experiencia, conoce al mundo de los medios veracruzanos de punta a punta.

–Se encargaba del control de daños –dice un periodista que pide anonimato–. Ella desmentía las noticias. Llamaba a las redacciones y ordenaba ‘quiten esa nota, pongan esta’. Señalaba a gente y ponía a gente en peligro. Tan poderosa era que cuando encontraron los 34 cuerpos en casas de un fraccionamiento de Boca del Río [en 2011], Gina desmintió la noticia y después la Marina la desmintió a ella. Ni así la cesaron.

Sigue otro periodista, también de identidad reservada por seguridad:

–Gina hacía que corrieran a reporteros y reporteras si se salían del guión. Las fotos eran supervisadas por ella, qué se publicaba y qué no se publicaba en todos los medios, todos los medios. La intimidación era cabrona. (...) Primero es obvio, el de censura. Sigues insistiendo, te regaña. Sigues insistiendo, te corren o te amenazan con correrte, te suspenden los pagos o te atrasan los pagos [de convenios]. Sistemas que están perfectamente diseñados. Y si a pesar de que te corrieron de todos los medios, por ejemplo, no pongamos el punto máximo de exageración porque conservaste algunos [trabajos], entonces ya te intimida, te persiguen, te ponen marcaje personal y la última es la calentadita. Perdón, la última es la muerte. Porque eso fue algo que lo vimos perfectamente que empezaron a hacer un chingo. (...) Pero en eso ya no sé exactamente cómo laboraba ella, todo eran rumores.

En manos de Domínguez estaban montañas de dinero que tal vez fueron incluso más que los montos revelados por documentos, porque al concluir el sexenio aparecieron convenios pendientes de pagar. La deuda con detalles y nombres de empresas reclamando sumaba al menos 400,146,820.86 pesos cuando el presupuesto autorizado de ese año era en teoría de 304 millones, reveló Plumas Libres. Y aunque periodistas solicitaron montos y detalles de las partidas presupuestarias, el gobierno les respondió que era información reservada.

Precios del silencio. Mutismo tasado. Deudas con “medios y periodistas que ayudaron a lanzar incienso al paso del gobernador actual, a ocultar las balaceras, los muertos, a reportar hechos violentos como asaltos cuando en realidad en algunos casos se trató de ejecuciones, a voltear a otro lado cuando sabían del caso de una madre que buscaba a su hijo desaparecido por Los Zetas, por Los Jaliscos o por patrullas de la policía”, dice un texto de Ignacio Carvajal publicado el 11 de julio de 2016. Años después, en 2023, durante la presentación de un libro en la capital del país, la reportera Norma Trujillo resume: “en Veracruz no hay medios tan independientes, la publicidad marca una línea”.

Otro colega que pide no revelar su nombre lo dice casi sin sorpresa, como algo normal:

–Es bien sabido que casi todos los medios se reportaban con comunicación social de Duarte. A mí me tocaba cuando estaba en el periódico que les comenté, yo tenía comunicación con [tal persona] porque yo era el editor en jefe. Y entonces también me encargaban que hablara con él para ver qué comunicado era el que quería el gobernador que saliera. Siempre le hablaba (...) Así pasó por años.

Situaciones surrealistas desató el poder de los convenios en tiempos del duartismo. Como ejemplo lo ocurrido en 2015, cuando algunos periodistas se manifestaron para exigir los pagos adeudados de propaganda oficial y dos directores se plantaron frente al palacio de gobierno en Xalapa con pancartas que decían “no hay ya para chayotes, el gobierno tiene otras prioridades”.

De acuerdo con documentos que publicó Noé Zavaleta en Proceso, el duartismo anualmente destinaba “entre 200 y 230 millones de pesos para publicitar su gobierno en radio, prensa y televisión (...) Y aunque ese dinero se etiquetaba, no siempre se pagaba”.

Se sumaban los escándalos, se hacía inminente la huída de Duarte y parte de su gabinete pero quedaban las deudas. Por ejemplo, al diario Marcha, uno de los repentinamente extintos, el gobierno le debía 4 millones 788 mil pesos. Al AZ, otro de los que se esfumaron, le debía mucho más, 27 millones de pesos.

Son 127 los convenios impagos que aparecen en la lista revelada en 2016. Hay personas morales, sociedades anónimas de capital variable, pero también nombres y apellidos de personas físicas. Hay editoriales, empresas de comunicación, de radio y consultorías mezclados con siglas que poco dicen. La mayoría vinculados al estado de Veracruz pero también aparecen medios nacionales de primera línea como El Universal ($3,800,000), Periódico Excélsior ($4,000,000), el grupo NRM Comunicaciones ($2,970,400.31) y el diario Reporte Índigo ($7,795,200).

Esto sólo entre quienes reclamaron adeudos en los últimos días de la administración 2010-2016, sin certeza sobre del total -ni el destino- del dinero que salió desde la oficina de comunicación de Veracruz en ese sexenio, la oficina de Gina Domínguez. En 2023, más de una década después de aquel tiempo, la oficina de contratos y convenios del gobierno de Veracruz responde vía transparencia que “no se cuenta con la información solicitada”, nada tienen o nada dicen.

Era una de esas notas cualquiera, las que poco importan. Taxistas protestaron para exigir mayor seguridad. Un texto breve que salió en el impreso perdido entre otros, pero a las once de la mañana el director llamó por teléfono.

–¿Estás bien? Hubo un problema con la nota que sacaste.

–¡Pero si es informativa!

–Ustedes saben que no tienen que sacar esas cosas.

La panza se hizo nudo, el corazón se agitó y el frío corrió por la espalda. Los periodistas en Veracruz saben cuánto peligro cabe dentro de la frase hubo un problema con tu nota: significa que la vida está en riesgo.

Sonó el teléfono otra vez. Era la maña citándolo en un lugar. Una de esas llamadas que no pueden ignorarse y una de esas citas a las que es obligado asistir aún sabiendo que tal vez no regreses.

Fue al punto indicado. Pasaron en un carro blanco mediano y le ordenaron subir. Adentro había hombres jóvenes con cabeza rapada y muchos tatuajes. Bien visible, un fusil AR-15 grandote.

–Nosotros cubrimos lo que pasa. Nuestros jefes de redacción son quienes deciden qué publicar y qué no…–, intentó explicar para excusarse.

–...Tu jefe ya sabe qué va y qué no va. ¿A poco no sabes que nosotros le damos lana a tu jefe? ¿A poco no te da? –respondió el jefe de plaza con cierto grado de asombro–. Ahí te dejo mi número. Para la próxima ya sabes, me marcas.

El terror de las llamadas y citas no negociables. La certeza de que el jefe de plaza pagaba al director y que él aceptaba los recursos condicionándolos sin decirles siquiera para qué lado debían jugar. Menos aún repartía ese dinero.

Los pagos en el diario eran de cuarenta pesos, dos dólares por nota.

Dos dólares cada vez que se arriesga la vida porque en Poza Rica, donde transcurre la historia, los años 2010-2016 fueron un infierno. La persona que relata, periodista, pide omitir todo detalle que pueda revelar su identidad ya que el riesgo aún persiste una década después y siguen mandando los mismos.

–Si algo te pasaba antes, ibas con la policía y te entregaban con aquellos. No se podía ni salir de noche ni pararse en lugares oscuritos. Era terrible. Aquí hubo miles de crímenes que no se publicitaron. No se pusieron en prensa ni nada porque ellos no querían que se publicitaran (...)

Cuando quitaron a la policía todo bajó (...) Ahora aquí están los cuatro: Los Zetas que se llaman Grupo Sombra, el Cártel de Sinaloa, Jalisco [Nueva Generación] y Zetas Vieja Escuela. En la plaza principal de Poza Rica ya poco se miran los murales del auge petrolero o la gran obra de Pablo O’Higgings, retratos de años dorados. En el kiosco, de árbol en árbol y sobre puentes peatonales cuelgan lonas -cada vez más- con fotos de personas desaparecidas.

Al otro extremo del estado, en la región sur, está la cuenca del río Papaloapan. Tierra Blanca, una de sus ciudades más importantes, donde cuentan que se borró por completo la idea de trabajo periodístico libre.

–Te obligaban a qué escribir y qué no. Te decían ‘esto sí y esto no’. O llegabas a cubrir [a la escena del crimen], los veías y nada más te hacían así: ‘no’ con el dedo. Ya ni sacábamos el equipo. Pero de darnos dinero, no. Aquí ni siquiera ofrecieron dinero. (...) Nos dicen coludidos y no es así (...) En Tierra Blanca había una época que era un pueblo fantasma. Vivíamos con la pata en el pescuezo.– Recuerda otro reportero quien también pide anonimato por seguridad. Sigue trabajando y dice que todavía Tierra Blanca es a veces un pueblo fantasma. Antes por los secuestros, ahora por extorsión, ejecuciones y balaceras.

Los relatos se repiten parecidos en varias regiones del estado de Veracruz, un territorio tan amplio que bien podría ser un país: 71,820 kilómetros cuadrados. Tierras arrasadas por violencia y miedo, lugares donde las policías formaron (y a veces siguen formando) parte del crimen. Tanto que el entonces gobernador Javier Duarte optó por disolver a las policías intermunicipales: la de Xalapa en mayo de 2011, en diciembre del mismo año la de Veracruz-Boca del Río; en mayo de 2013 la de Coatzacoalcos-Minatitlán y dos meses después la de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla.

Disolvió todas las policías intermunicipales. En la zona del puerto la seguridad quedó en manos de la Marina y en general en todo el estado se desplegaron militares. Junto al entonces presidente Felipe Calderón, el 10 de abril de 2011 Duarte lanzó el operativo "Veracruz Seguro" que abrió paso a un mando único federal con envío de tropas militares, mayores recursos para seguridad y depuración de fuerzas policíacas. Al menos en la teoría, porque el hombre fuerte de la seguridad del duartismo, Arturo Bermúdez Zurita, tenía otros planes. El Capitán Tormenta, como le decían, era Secretario de Seguridad Pública, responsable de la Policía Estatal. Y decidió lanzar sus propias corporaciones.

En 2012 presentó a un cuerpo de élite que llamó Grupo Tajín, el nombre de la pirámide más importante de la zona. En un evento al cual Duarte no asistió, Bermúdez Zurita dijo que 206 policías fueron entrenados cuatro meses por la Secretaría de Marina. Dijo que el objetivo era dar "el primer contacto y grupo de rescate y acción con la población civil", pero poco duró el proyecto y menos aún cumplió con ese propósito. El Grupo Tajín fue una fuerza corrupta que naufragó un año más tarde cuando los policías de élite secuestraron en el municipio de Úrsulo Galván a 8 policías municipales que continúan desaparecidos.

En 2014 Bermúdez Zurita volvió a intentarlo con un segundo nuevo grupo, la Fuerza Civil. Otra vez la promesa de un grupo de élite y la apuesta multiplicada por diez: ya eran dos mil policías. El entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, estuvo presente en el evento. Pero tampoco mejoró la seguridad con la Fuerza Civil y los hechos turbios se multiplicaron.

Aún sin terminar el sexenio 2010-2016, el periodista Noé Zavaleta publicaba su libro “El infierno de Javier Duarte” (Proceso, 2016). Decía que hasta ese momento ya había al menos 470 policías municipales y estatales arraigados “para ser investigados por delitos federales, especialmente los relativos contra la salud y trasiego de drogas”. Publicaba también que tanto Los Zetas como el Cártel Jalisco Nueva Generación tenían “infiltradas las corporaciones policiacas” e incluso dividido el territorio: los policías de la región montaña y sur trabajaban con Los Zetas y los de costa y Sotavento con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El escritor Juan Eduardo Mateos Flores retrata la metamorfosis de los policías del puerto en su libro “Reguero de Cadáveres”. Cuenta cómo aquel territorio que estaba totalmente plegado al poder de Los Zetas, a quienes llamaban “La compañía”, empezó a mutar en “Zetas volteados”. Lentes de pasta, chanclas y slang al hablar, Mateos Flores narra el cambio de plaza desde historias de chavos que murieron en los barrios. Y relata el momento preciso en que entró el nuevo cártel: Aventando 35 cuerpos se presentaron. Dijeron llamarse Matazetas pero “desde entonces dicho personal, sin saberlo, comenzó a operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Noé Zavaleta, el reportero joven que se atrevió a cubrir Veracruz para Proceso después del asesinato de Regina Martínez, marca dos nombres siempre presentes en las más turbias historias de la policía veracruzana de entonces: Arturo Bermúdez Zurita, “el tenebroso capitán tormenta” y entre sus subalternos más poderosos Marcos Conde, delegado de la secretaría de seguridad en la zona del Sotavento.

No es secreto en Veracruz que la policía de Bermúdez Zurita fue socia y parte del crimen organizado en varias regiones. Pero Zavaleta, alto y sonriente, con una franqueza inusual en aquel territorio donde todo parece silencio, publica que han sido detectados al menos tres campos de entrenamiento en los cuales los policías estatales enseñaban tiro a jóvenes sicarios de Los Zetas. En Cumbres de Maltrata y Rancho San Pedro, por ejemplo, les enseñaban a disparar pero también “a cavar fosas clandestinas sin dejar huellas, a tablear, a disparar, torturar y matar”.

Maestros del crimen.

La violencia no llegó a Veracruz con el gobierno de Duarte. Ya llevaba varios años y muchos identifican el inicio de los peores tiempos en 2007, cuando comenzó el dominio de Los Zetas. Era el periodo de Fidel Herrera, aquel gobernador a quien apodaron el Zeta 1.

Continua fue la violencia en los gobiernos de Herrera y Duarte, fue “el doble sexenio”, resume la escritora veracruzana Fernanda Melchor en el prólogo del libro Reguero de Cadáveres. Noé Zavaleta agrega que el duartismo fue el tiempo del “verdadero oscurantismo”. Sin palabras al azar, habla de los efectos de la disputa entre cárteles, el reacomodo de plaza, como también de las múltiples estrategias que el gobierno mantenía hacia la prensa.

–Duarte era muy amigo de los dueños de los medios. Al director del Diario de Xalapa se lo llevó tres o cuatro veces al extranjero. En 2013 que fue el tianguis turístico en Madrid, Duarte se llevó 15 de viaje. Incluso los llevó a la final de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.

Paseaban esos dueños que recibían millones de pesos en convenios pero pagaban a sus periodistas sueldos de miseria. Horacio Zamora nunca fue a esos viajes. Trabajó 15 años como periodista. Estuvo en varios medios de Xalapa y el puerto de Veracruz. Fue colaborador en algunos, vendía contenidos en otros. Eran tiempos de ejecuciones, embolsados y ensabanados cuando él freelanceaba, se buscaba la vida. Cubrió aquellos años de violencia pero ahora, una década más tarde, mira también otras violencias que no eran sangre en las calles.

–En ese momento tú no lo percibes y dices, así es el jefe, así es la línea del periódico, es la manera de trabajar, así es el oficio de periodista. Pero la verdad estaban violentando muchísimos derechos tuyos, tanto laborales como civiles, profesionales. Ahora lo ves y dices me explotaron, abusaron de mí, hicieron lo que quisieron. Me tocó ver un sinfín de abusos. La famosa censura a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, comienza en las redacciones con sueldos miserables, con agendas de trabajar 12-15 horas. No tienes seguridad social, si algo te sucede es tu problema, trabajas con tu carro, con tus recursos. Yo llegué a tener en Veracruz creo que 9 ó 10 trabajos a la vez.

Mira en perspectiva porque pasó el tiempo pero también porque ya no está aquí. Se fue. Por segunda vez se exilió en un país más seguro.

–Yo creo que de allá de México todo el mundo quiere salir huyendo, ¿no?

Sergio Landa escribía y tomaba fotos en Diario Cardel. Ganaba 2,500 pesos por quincena sin seguro ni días de descanso.

Rubén Espinosa Becerril tenía el mismo sueldo como fotógrafo en Xalapa y Gabriel Huge cobraba un poco más, 3,000 pesos por semana en la zona del puerto.

Gregorio Jiménez, que cubría con texto y fotos el municipio de Villa Allende, ganaba 20 pesos por nota. Corriendo mucho eso significaba a veces 100 pesos por día o unos 1,700 pesos mensuales más 800 para gasolina en el diario Liberal del Sur (periódico de la familia del magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, acusado de millonarios contratos fantasma).

También en Coatzacoalcos, en Notisur un reportero de planta con estudios ganaba 3,600 pesos al mes y becarios y estudiantes ganaban entre 700 y 1,000 pesos por quincena.

Parecido estaba el panorama en la zona del puerto. Los reporteros ganaban al mes entre 5,000 y 6,000 pesos en la mayoría de las empresas. Por encima sólo estaba el diario más popular, Notiver, donde se podía obtener 8,500 a la quincena.

Transformados a dólar los números son hirientes: sueldos de 500 dólares mensuales para reporteros titulados; la mitad (o menos) para los de oficio, los empíricos. Días completos por un pago de 8 a 16 dólares.

Monedas por arriesgar la vida.

Monedas por entrar a una ilegible guerra dislocada.

–A veces es imposible sustraerse de esa situación –dice un periodista–. Si me preguntas oye, ¿tuviste relación con esas personas [, los narcos]? Te puedo decir que con muchas porque tienes que aprender a convivir, porque si no no sobrevives.

–Los Zetas pagaban 15 a 20 mil pesos por mes a la prensa que le entraba–, dice otro periodista del puerto.

Hasta cuatro veces lo que pagaba un periódico. ¿Cómo decir “no” cuando la necesidad es mucha? ¿Cómo decir “no” cuando no hay margen para decidir? ¿Cómo decir “no” si negarse puede hacer que te maten hoy mismo?

No siempre pagaban, no a todos les pagaban. Pero sí les exigían.

–No era optativo. No era optativo para los que se dedicaban a la policíaca aceptar o no la línea del grupo criminal (...) Tuve testimonios de personas que cuando se negaron diplomáticamente a seguir la línea del grupo criminal, entre comillas a llevársela tranquila como se dice coloquialmente, pues tuvieron consecuencias (...) A uno lo privan de la libertad, lo torturan–, dice Jorge Morales, ex integrante de la comisión de atención a periodistas.

–Te alineas o te alineas–, dijo un policía a Sergio Landa y pocas horas después fue secuestrado por primera vez.

De un lado patrones que pedían mucho y pagaban poco, del otro gente armada sin ley. Para muchos no fue posible negarse: la línea o la vida.

Apenas tres familias manejaban al menos 24 medios de Veracruz y muchos de los dueños de empresas informativas eran al mismo tiempo políticos con puestos de gestión pública.
Edel Álvarez Peña, vinculado al Grupo Editorial Olmeca, tenía 8 medios durante el periodo de Duarte (más otros cuatro en Chiapas y Tabasco). No es periodista. En varias décadas de trayectoria política fue presidente municipal de Coatzacoalcos, presidente estatal del PRI, coordinador de asesores del gobierno estatal y director del Registro Público de la Propiedad, entre otros cargos. Propuesto magistrado por el entonces gobernador Fidel Herrera y nombrado por el congreso estatal en 2010, luego en diciembre de 2016, en el primer día del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Se retiró hace poco y ha sido señalado por presunta corrupción: simular contratos por unos 350 millones de pesos con empresas fantasma vinculadas al escándalo internacional de lavado conocido como los Papeles de Panamá, de acuerdo a la investigación periodística de Flavia Morales.

Segundo conglomerado veracruzano de medios con visible conflicto de interés es el grupo La Voz del Istmo e Imagen del Golfo, con 5 periódicos propiedad de la familia Robles-Barajas. Lo encabeza José Pablo Robles Martínez, esposo de Roselia Barajas y Olea, quien fue diputada federal (1997-2000) y siguió por el camino político porque es ahora embajadora en Costa Rica, enviada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La hija de ambos, Mónica Robles Barajas, ha sido dos veces diputada estatal (2013-2016 y 2018-2021), primero por el Partido Verde, luego por Morena. Era diputada al mismo tiempo que representante legal del grupo editorial de acuerdo al padrón de medios de la Secretaría de Gobernación. El esposo de Mónica, Iván Hillman Chapoy, es ex alcalde de Coatzacoalcos y su hermano, Pablo Robles Barajas, es desde 2012 alto funcionario en la Comisión Nacional del Agua. Tantos convenios (de publicidad oficial) han obtenido las empresas de la familia Robles-Barajas que en el pasado el ex gobernador Fidel Herrera criticó a Pablo Robles Martínez al llamarle “succionador profesional”.

Tercero pero no menor es el Grupo Editorial Sánchez, propiedad de la familia Sánchez Macías. Han estado en el negocio informativo por décadas pero el sexenio 2010-2016 fue su mejor momento: llegaron a tener 11 periódicos y una revista, de los cuales sobreviven 7. Inconfundibles, todos llevan por nombre El Heraldo. Han tenido ediciones en Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos y Córdoba, filial que se inauguró en plena era Duarte. En la crónica de ese día, 21 de marzo de 2014, se narra que estuvieron presentes funcionarios estatales y federales. Cortando el listón aparece Antonio Tony Macías Yazegey, papá de Karime, suegro del entonces gobernador, junto a Eduardo Sánchez Macías, el hombre que públicamente encabezaba el grupo.

La esposa del gobernador y el dueño del conglomerado de medios comparten apellido. Se dice que son primos o primos lejanos. Eduardo Sánchez Macías lo desmintió cuando se tambaleaba el gobierno duartista pero no ha mostrado actas de nacimiento. Más allá del posible parentesco, mientras era responsable de esos periódicos Sánchez Macías era también diputado local y en 2019 acabó preso por el delito de “fraude por simulación”, es decir asignar desde el congreso publicidad para sus propios periódicos.

El ex gobernador Miguel Ángel Yunes declaró que entre 2010 y 2016 el gobierno de Duarte les dio a sus parientes convenios por 230 millones de pesos, más de 11 millones de dólares, pero lo cierto es que no se ha esclarecido aún el caso del Grupo Editorial Sánchez. Pariente o no del gobernador, igual existe conflicto de interés: empresario de medios al mismo tiempo que diputado y como si fuera poco, designado entonces secretario de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas.

La carrera política de Eduardo Sánchez Macías incluye camisetas de todos los colores: pasó por la filas del PRI, después militante del Partido Verde Ecologista de México, de Nueva Alianza, luego de Movimiento Ciudadano y hacia el presente se enfiló en Morena.

Otro político y al mismo tiempo empresario de medios es José Alejandro Montano Guzmán. Director de Milenio El Portal, un periódico que hizo parte también de la misteriosa extinción masiva. Montano Guzmán pertenece a una familia ligada en varias generaciones a la seguridad personal de los gobernadores priístas de Veracruz. Militar de carrera, fue secretario de seguridad durante el sexenio de Miguel Alemán (1998-2004) y luego estudió administración pública y derecho para lanzarse con todo al mundo político. Fue diputado local por el PRI (2004-2007) y diputado federal (2012-2015) mientras dirigía la filial veracruzana del diario Milenio. Gina Domínguez Colio, la mujer fuerte del gobierno de Duarte, la que asignaba los cuantiosos contratos de publicidad, fue jefa de redacción de ese periódico y Víctor Báez Chino, periodista asesinado, era editor.

Son algunos de muchos ejemplos porque el límite de lo público y de lo privado se difumina seguido en los medios veracruzanos de entonces: gobernantes dirigían medios editoriales, había funcionarios dueños de publicaciones y políticos accionistas o fundadores de periódicos. Vínculos que condicionan, que generan turbios compromisos editoriales.

–Mi jefe me llamó un día, muy molesto –relata un periodista de Xalapa–. Oye, ya me enteré que tú andas con ese asunto, ¿no? ¿No te das cuenta que me estás perjudicando? Porque yo tengo convenios aquí que se pueden caer si tú sigues con eso. Me dijo ya bájale. Igual ya bájale porque ya me dijeron que te van a partir la madre, te lo digo yo, que yo tengo el contacto ahí directo con gobierno del Estado.

Cuenta también que una vez participó de una protesta en el Congreso y los policías lo golpearon enfrente de los diputados. En una banca, observando el abuso sin decir nada, estaba una diputada que al mismo tiempo era directiva del medio donde él trabajaba.

Pero hablar de millonarios contratos de propaganda oficial del duartismo con empresas periodísticas requiere consignar también al Grupo Capital Media, de la familia Maccise. Fundado en los ochenta por Anuar Maccise Dibb y heredado por sus hijos José Anuar y Luis Ernesto Maccise Uribe, llegaron a tener 13 medios en el país que incluyen televisión (Efekto TV), radio (Capital) y varios impresos especializados como The News y Estadio, aunque sólo un periódico en Veracruz: Capital Veracruz.

De acuerdo con los documentos hasta ahora conocidos, a ellos les quedaron debiendo cerca de 8 millones de pesos que se asignaron vía su periódico Reporte Índigo. Aunque no sólo publicidad les dieron: en dos adjudicaciones directas, es decir sin concurso, en 2014 y 2015 el gobierno veracruzano compró a los hermanos Maccise Uribe 66 millones de barritas de granola, 47 millones de barritas de amaranto y otros productos marca NutriWell por un total de 191 millones 315 mil pesos. Les compró productos que serían entregados en desayunos escolares de comedores infantiles públicos, reveló una investigación periodística de Sebastián Barragán.

Amigos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los hermanos Maccise Uribe también fueron beneficiados con contratos similares para desayunos escolares en el Estado de México y aparecen vinculados a desfalcos que podrían sumar hasta mil millones de pesos. Además, tanto Peña Nieto como Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y otros ex altos funcionarios ahora investigados por diversos actos de corrupción, fijaron domicilio en Montes Urales 425: la sede del Grupo Mac Multimedia y del despacho Maccise Uribe, publicó el reportero Juan Omar Fierro. Aparece un detalle no menor: José Antonio García Herrera, abogado de Mac Multimedia, es el editor responsable de los periódicos del Grupo Capital.

De empresarios de medios a funcionarios y de funcionarios a empresarios de medios: la edición de prensa como infinita puerta giratoria para millonarios negocios de la clase política mexicana.

Con la información como herramienta para succionar fondos, extorsionar a otros políticos, sostener (o destruir) carreras. Proyectos más económicos que editoriales. Intereses más allá de informar: la prensa como vía de corrupción, la prensa como botín. Y en medio, con sueldos de miseria y muchos riesgos, atrapados los periodistas. Al menos cuatro de las víctimas tiempo-espacio trabajaban en empresas de los grupos y políticos nombrados: Gregorio Jiménez, Sergio Landa y Gabriel Fonseca en medios del Grupo Editorial Olmeca, Víctor Báez Chino en Milenio El Portal.

El teléfono sonaba y sonaba pero Gabriel Huge no lo contestaba aunque lo tenía al lado. Se veía preocupado. Mercedes, su tía que lo crió como hijo propio, lo miró extrañada.

–¿Por qué no contestas?

–Me están marcando pero no te preocupes, voy a cambiar el número.

Lo hizo. El 2 de mayo de 2015 ya tenía un nuevo número pero igual lo encontraron. Salió diciendo que enseguida regresaba pero nunca volvió.

Después su familia pudo reconstruir una parte de lo ocurrido. Esa mañana Huge fue a trabajar al centro, cubrió una rueda de prensa que es una orden tranquila para los reporteros policíacos y sus colegas lo vieron normal, nada que llamara la atención. A las once regresó a la casa familiar donde Mercedes e Isabel platicaron poquito con él. Su sobrino , también fotógrafo, le preguntó si ya había ido “allá” y Huge respondió “apenas voy a ir”. Salió sin su moto. Nunca supieron hacia dónde pero luego alguien les dijo que lo habían citado en un lugar llamado El Cristo. Un amigo suyo, Antonio Rebolledo, les contó que ese mediodía pasó a su negocio, le dijo que iba rumbo a una cita delicada y que no le marcaran “ni levantaran polvo”. Le dijo también “si en dos horas no regreso, te encargo mucho a mi hija”.

En la tarde y sin noticias, la familia empezó a preocuparse. Huge no contestaba su celular, tampoco aparecía . A la mañana siguiente las autoridades informaron el hallazgo de cuatro cuerpos, dos eran ellos: tío y sobrino.

Mutilados. En bolsas de basura y aventados en un canal de aguas negras llamado La Zamorana.

Era el 3 de mayo de 2015, día de la libertad de expresión.

Sonríen las personas cuando nombran a Gabriel Huge. Brota añoranza pero enseguida el gesto se hace triste, tal vez por lo prematuro de su muerte o por la forma en que lo mataron. Uge lo pronuncian como suena, en castellano. Era muy conocido entre la fuente policiaca. Le apodaban el mariachi porque en sus primeros tiempos como fotógrafo llevaba una cámara Pentax dentro de un estuche de violín, lo único que consiguió para cuidarla de golpes y zangoloteos propios del correr las 24 horas detrás de la nota, el accidente, los muertitos. –Policíaco al 100% –lo recuerda Horacio Zamora, también fotógrafo–. De los que andan en la refriega. De los que llegan primero pero también el que compartía la foto al que no podía llegar a tiempo. Daba consejos, todos escuchaban. Era un líder.

Mariachi tenía 37 años de edad y más de una década trabajando como fotoperiodista, siempre en la nota roja. Cada día sus imágenes salían en la sección Sucesos, la más vista del diario Notiver que era el más popular de Veracruz.

Cuando mataron a sus colegas y amigos Milo Vela, su hijo Misael López y la mamá de él, Agustina Solana, Huge quedó golpeado como gran parte de la prensa del puerto. Un mes más tarde, cuando además asesinaron a Yolanda Ordaz, otra compañera suya de Notiver, la tercera asesinada de ese medio en pocas semanas, Huge decidió irse. Fue parte de un éxodo de reporteros desplazados, aquellos que salieron a resguardarse como pudieron o dejaron el periodismo para trabajar en cualquier otra cosa. Un éxodo casi invisible que está poco documentado. Un tiempo que algunos por allá nombran como el repliegue.

Huge se fue a Tabasco y luego a Poza Rica donde los colegas lo recuerdan con cariño porque ganó simpatías aunque estuvo poco tiempo.

–A mi me regaló una galería fotográfica. Y me dejó su nextel con todo y contactos. Pero sí lo vi muy preocupado–, dice Lydia López, periodista y docente en la zona norte.

En Poza Rica fue locutor de radio. Nunca antes lo había hecho pero era un tipo emprendedor sin miedo a probar. Además de reportear, se la pasaba en los empeños viendo qué podía conseguir. Así encontró varias computadoras y decidió poner un cibercafé, cuenta Isabel Luna quien en la teoría es su sobrina pero en la vida fue como su hermana menor.

–Bueno, no sé si el ciber fue primero porque también puso un videoclub, alquilábamos películas. Luego empezó a comprar llantas porque quería poner una vulcanizadora. Así era él. Así eran también muchos periodistas de entonces y también del presente, sin más opción que ser multichambas para ganarse la vida. Como Pedro Tamayo Rosas y su puesto de comida, Sergio Landa que era árbitro de fútbol, Moisés Sánchez y Juan Atalo Mendoza Delgado manejaban un taxi.

Después de los asesinatos en Notiver, en la zona del puerto empezó un veto implícito a todos quienes hubieran pasado por ese medio. Los medios no les contrataban, decían que por miedo a represalias. Isabel recuerda que su tío tenía el proyecto de fundar un periódico y ya iba avanzado, había elegido hasta un nombre: El Regional de Veracruz. Era un proyecto conjunto con su hermano menor, Guillermo, y Ana Irasema Becerra, quien trabajaba vendiendo publicidad para prensa. Ellos tres y otro fotógrafo, Esteban Rodríguez, aparecieron asesinados la mañana del 3 de mayo.

–¿Por qué los mataron?

–No sabemos. Todavía no sabemos– responden Isabel y Mercedes con la vista abajo, sentadas en el patio de la casa que habitan en el barrio de Icazo. Sentadas bajo un árbol de guayabas que ha sido por décadas el lugar de pláticas y de fiestas. El patio donde también velaron a Gabriel Huge y Guillermo

–Vino Duarte a decirnos que se iba investigar y no ha ocurrido nada. Vino Duarte sólo a tomarse la foto.

La familia en su dolor, las autoridades intentando sortear escándalo tras escándalo. Una semana antes habían asesinado a Regina Martínez y pocos meses antes a otros tres periodistas de Notiver (Milo Vela, Misael López y Yolanda Ordaz). En Acayucan también había desaparecido un periodista, Gabriel Fonseca, aunque de él nadie hablaba.

La entonces fiscal federal para delitos contra la libertad de expresión, Laura Borbolla, también llegó al puerto esos días y abrió la averiguación previa AP/35/FEADLE/2012. Hubo condolencias, flores y comunicados llenos de promesas de justicia. Ofrecieron protección a la familia, sacarlas del estado por su propia seguridad. En camionetas blancas escoltadas por patrullas se llevaron a Mercedes, Isabel y sus hijos al estado de Puebla.

Allá los resguardaron pero sólo por una semana: después los regresaron a su misma casa.

Guillermo, Memo como le llaman todos, fue serio desde que era niño. Isabel, su hermana mayor, dice que en la infancia no jugaba mucho, nomás corría en el patio. Tenía sentido de la responsabilidad y piensa que tal vez le hubiera gustado estudiar pero eligió trabajar porque se auto-obligó a pagar gastos de la casa cuando enviudó su mamá, Mercedes. Después, cuando Isabel se divorció, fueron Huge y Guillermo quienes se encargaron de pagar pañales, leche y todo lo que hiciera falta para sus sobrinos.

Memo cumplió con la educación básica y eligió la orientación técnica en reparación de aire acondicionado pero apenas terminó sus clases salió a la calle a trabajar como periodista. Pegado a su tío Gabriel Huge, que ya era experimentado fotógrafo de policiales y sin dudas su referente en todo. Memo abandonó cualquier otro plan cuando probó la nota roja. Fueron sólo dos años, de los 19 a los 21, pero intensos.

Makanaki guarda en su celular varias fotos de Guillermo. Se ve al chavo haciendo guardia y en una volcadura. Otra afuera del penal, en la base, como llaman los reporteros policiales al lugar donde esperaban noticias.

– Memo era un desmadroso, le gustaba mucho el relajo. Él no ponía mucha atención a su trabajo por andar haciendo relajo con los que estábamos cerca de él. Un metro setenta y cinco más, o menos, por ahí medía Memo. Muy dedicado a su trabajo, eso sí, a pesar de que era muy desastroso agarraba y cuando había que trabajar él daba todo. Se quitaba la camisa y daba todo, eso sí se puede decir, se lo puedo decir porque varias veces le decía yo ‘oye Memo, ¿vas al accidente? Sí. No seas mala onda cúbreme, es que me da flojera ir hasta allá. Ok te regalo fotos’. Y ahí iba a sacar unas muy buenas fotos. De Memo, de Mariachi ni de Esteban Rodríguez puedo decir eran flojos, llegaban tarde o hacían esto. Sí eran alegres, desmadrosos hasta decir basta pero no te puedo contar cosas malas de ellos: siempre se portaban a la altura con la flota, con nosotros.

Makanaki es un conocido fotógrafo del puerto.Ya pasa de los 60 años pero sigue de un lado al otro en su motocicleta, puesto el chaleco de periodista y la cámara colgando. Le da tristeza la contradicción de recordar a Guillermo tan alegre y que lo hayan matado tan joven.

– Estaba muy chavito. Le faltó disfrutar un poco más el hecho de ser reportero policiaco.

Guillermo tenía 21 años.

Su perfil de Facebook sigue activo y son frecuentes los mensajes. Su hermana Isabel, su novia Tania y sus amigos siguen escribiendo en su muro. Lo felicitan por su cumpleaños, le dicen que lo quieren, que lo extrañan.

En las fotos que él subió se lo ve bien con lentes de sol, en selfies y con amigos. Isabel cuenta que era reggaetonero, también salsero.

– Casi nunca coincidíamos en fiestas. Habíamos ido a unos quince años de una prima, ya estábamos aquí y llegó él que había terminado de trabajar. Me acuerdo que estuve bailando con él, creo que fue como la segunda vez porque casi nunca hacíamos eso de ponernos a bailar entre nosotros.

Bailaron en el patio del árbol de guayabas.

En Veracruz -y tal vez en varios estados- los narcos llaman a las redacciones para decir esto se publica y esto no. Llaman a directores, a periodistas, a fotógrafos. Llaman para dar pitazos de algo que ocurrió o está por ocurrir, pitazos que más que ayuda son instrucciones de una cobertura obligada. En 2010-2016 a veces tan veloces eran los pitazos que generaban situaciones absurdas como que los periodistas llegaran antes de que arrojaran los cuerpos en el lugar.

Los narcos llaman porque tienen los números. Cuando hay nuevo jefe de plaza, es de las primeras cosas que consigue: datos.

Llaman pero a veces ni hace falta que se presenten: todos saben quiénes son. Se ven en la calle, se ubican, se saludan. Muchas veces, sobre todo en lugares pequeños, el nuevo jefe de plaza fue antes el policía municipal o el de tránsito. Fue tu fuente, el que te daba notas y a quien entrevistabas hasta ayer. Y además de narco es vecino, vive a dos-tres casas. O fuiste a la misma escuela, es tu amigo de la infancia, el marido de tu prima e incluso tu compadre.

Suena el teléfono, ¿cómo no atender? ¿sirve de algo no atender?

Lo hallado en esta investigación muestra que las categorías de presión o colusión resultan equívocas en el Veracruz 2010-2016: hubo un contacto inevitable, muchas veces forzado y siempre desigual.

Llamaron a Gabriel Huge en Veracruz, mayo de 2012. Salió sin decir a dónde iba pero no volvió nunca: encontraron restos de su cuerpo en bolsas de basura.

Llamaron a Noel López Olguín en Jáltipan y dijo que iba hacia Soteapan, que volvería por la tarde. Era el 8 de marzo de 2011. Tres meses después lo encontraron en una fosa clandestina.

Llamaron a Sergio Landa en Cardel el 22 de enero de 2012. Cada media hora lo llamaban, se ponía pálido. Salió corriendo, dijo “ahorita vengo, ahorita regreso, no me apaguen la máquina, voy a regresar a terminar lo que estoy haciendo”. Según personas que han leído el expediente judicial, cámaras de seguridad grabaron que llegó en su motocicleta a la gasolinera de Tamarindos donde se encontró con policías estatales. Sergio siguió a la patrulla y llegaron a una lonchería en la carretera Conejos-Huatusco. Dejó su moto y siguió a pie detrás de los policías con rumbo a Huatusco. Nada se sabe de él desde entonces.

Llamaron a Miguel Morales el 19 de julio de 2012 cuando estaba en las oficinas del Diario de Poza Rica. Había tensión por una nota que él cubrió el día anterior: una muchacha ahogada en el río Cazones. Era un accidente, una información local y normal, recuerda un colega de esa ciudad que pide no decir su nombre. La noche previa alguien avisó que aquellos ordenaban no publicar la información y, aunque el Diario de Poza Rica borró el texto antes de mandar la edición a imprimir, salió publicada y con la firma de Miguel Morales en otro medio de la zona, Tribuna Papantleca. Una nota de una chica ahogada en un río: sus colegas creen que por esa razón desaparecieron a Miguel Morales. Llevaba poco tiempo como periodista de nota roja y era empírico. Le pagaban 40 pesos por nota, por eso publicaba en varios lados. Ese martes 19 de julio recibió la llamada, dejó su equipo en la recepción del periódico y se fue. No ha regresado.

A ellos cuatro les llamaron, puede que a otros también.

-¿De qué no se puede hablar?

-De la policiaca.

Sin dudarlo responde Hugo Gallardo. Preciso en sus palabras, con la pausa y el histrionismo medido de un buen periodista de televisión porque tiene 36 años de trayectoria, por mucho tiempo fue el rostro de Televisa en el puerto de Veracruz. Reporteaba nota policíaca, que se volvió casi lo único que aquella zona aportaba a la agenda nacional: masacres, 35 cuerpos aventados en una glorieta, cadáveres y más cadáveres. Eran tiempos en que la tasa de homicidios del estado alcanzó 23.5 víctimas cada 100 mil habitantes, lo que la Organización

Mundial de la Salud considera algo así como una epidemia de violencia porque es 10 el límite de lo considerado normal.

Hugo Gallardo es alto, está bronceado y su bigote perfectamente cortado. Pantalón planchado, camisa tan blanca que encandila. Se alista para iniciar el noticiero de mediodía en su propia estación de radio, que es su emprendimiento para subsistir después del infortunio de pasar a integrar la lista de los vetados (o “apestados”).

Aún frente a cámaras nombra a políticos y cárteles sin eufemismos, ya perdió el miedo de nombrarlos. De lo que no se puede hablar, dice, es de la fuente policiaca. Porque el riesgo mayor es que a uno lo identifiquen con ese trabajo. Lo supo bien cuando lo secuestraron después de leer al aire una nota breve, tres renglones apenas, diciendo que se encontraron manchas de sangre dentro de un auto. Por ese enlace de rutina en Televisa se lo llevaron, lo golpearon y torturaron con una forma tan usual en el puerto que ya tiene nombre: tablear. Secuestro. Golpes. Tortura. Humillación y luego el remate, estigma.

–En algunos lugares que llegué a pedir trabajo me dijeron hay orden del gobernador para que no se te contrate.

La estrategia se completaba con otro recurso difamatorio: listas negras. Todo el tiempo se decía que había nuevas listas y circulaban por redes sociales los nombres de periodistas. Otras veces sólo se decía que existía una lista, sin detalles, como una máquina de rumores que muchos sospechan salían desde oficinas de gobierno.

Ya nadie confiaba en nadie. La desconfianza estaba sembrada. Pero más todavía se desconfiaba de los periodistas de nota roja porque era a ellos a quienes mataban: esa perversa costumbre de que te maten y todavía pases a ser sospechoso por tu propia muerte. Los prejuicios de algo habrán hecho, en algo andaban reproduciéndose al infinito.

Ser periodista de policíaca se transformó en un riesgo en sí mismo. De los 20 asesinados y desaparecidos, 14 se dedicaban a información policial (sólo Regina Martínez no lo abordaba y otros cinco lo habían hecho en situaciones esporádicas o más bien se enfocaban en otros temas: Noel López Olguín, Rubén Espinosa Becerril, Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Manuel Torres González). Pero además, entre los 20 desaparecidos y asesinados, 17 eran empíricos.

Es real que cubrir nota roja implica riesgo siempre. Implica tratar con fuentes peligrosas, quedar en medio de balaceras y andar entre escenas del crimen. Pero el peligro para la prensa se ahonda cuando son miles los lectores que quieren ver detalles de muertos, rostros de las víctimas, el goteo de la sangre. A la gente le gusta ver sangre, dicen varios periodistas. En el trabajo cotidiano eso se traduce en la obligación de cubrir todos y cada uno de los hechos violentos porque el jefe manda a ir, porque se requiere tener todas las notas para que el diario se venda. Quien no va se queda sin trabajo.

Más sangre generaba mejores ventas de periódicos y también mayor capacidad de las empresas informativas para negociar convenios con el gobierno. Porque el medio era exitoso y leído, una buena vitrina donde anunciar, o porque las autoridades querían inhibir la publicación del violento presente, evitar que se difundiera. La nota roja se transformó en lugar crucial donde se mostraba lo que ocurría, sin filtros. Y eso era un doble filo.

–La gente consumía mucha sangre (...) Hacían juntas los voceadores para decirte es que me tienes que poner la foto más sangrienta porque si no, no vendo. El que lograra tener la foto más sangrienta, más pegada a la cara era realmente el que llegaba a vender (...) Llegaban los voceadores y te decían es que no me puedes cubrir el cartel que tenía el muertito porque la gente quiere saber. Entonces había un conflicto entre lo que te dictaba, digamos el mercado, con lo que pasaba a nivel ético y lo que los delincuentes querían. Porque obviamente ellos no querían mostrar que tenían una guerra y que perdían en algunas ocasiones, entonces te hablaban directamente a las redacciones.

Lo recuerda Sayda Chiñas, periodista de Coatzacoalcos. Una de las poquísimas personas que accedieron a hablar en esa región de agua, petróleo y miedo. Fue compañera y jefa de Gregorio Jiménez pero también conoce otras realidades porque formó parte de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, la CEAPP.

Alta, de carácter fuerte y hablar frontal, Sayda fue quien movió todo cuando secuestraron a Goyo. Ella avisó a colegas de la capital del país para que la noticia se hiciera nacional, para presionar tratando de que el reportero fuera liberado. Tanto autoridades como directivos de medios la intimidaron, la amenazaron, querían que ya se callara. Resistió las presiones y siguió reclamando.

Años después, resume lo que pudo ver claramente a partir del secuestro y asesinato de su colega Gregorio Jiménez. Cómo los empresarios, directivos, dueños de medios veían a los periodistas:

–El tema es que nos ven como reemplazables: siempre va haber un nuevo reportero que le podemos pagar menos y que va a sacar la misma chamba. Ellos lo que fueron haciendo es abaratar los costos con los reporteros. Llegaron casos en que los endosaban a los ayuntamientos o sea, yo no te pago, tú me mandas un trabajo pero te va a pagar el ayuntamiento de [tal, tal y tal lugar, obviamos detalles para no ponerla en riesgo].

Otra vuelta del poder de los convenios. Pero sobre todo, dicen varios otros colegas, para competir y vender más se aprovecharon los medios de los llamados “reporteros empíricos”. Aquellos que no tuvieron posibilidad de estudios, que se hicieron a pura experiencia en el terreno. Cuando la situación se puso más fea, los periodistas de carrera o con antigüedad pusieron algunos altos: dijeron esto no lo hago o se quejaron si les cambiaban la redacción. Recurrieron entonces los jefes a personas urgidas de un trabajo y se aprovecharon del desconocimiento e incluso del deseo por destacar.

A cambio de sueldos míseros –20 a 40 pesos por nota– les mandaron a cubrir los hechos más complejos, explotando además sus legítimas ambiciones personales. Porque trabajar en policiales era asumir un puesto atractivo: pasaban a ser los más leídos, personas reconocidas en sus comunidades, quien decía la verdad de lo que ocurría.

Así pasó con Gabriel Fonseca, un muchacho de 17 años reporteando policiales en Acayucan (2011). Con Miguel Morales que ascendió de trabajador de limpieza a reportero policial en Poza Rica (2012) y Sergio Landa, antes un pintor, rotulista y árbitro de fútbol que se hizo reportero en Cardel (2013). Gregorio Jiménez cubriendo policiales después de ser fotógrafo de sociales y albañil (2014).

Los más jóvenes o los más necesitados de trabajo, enviados a un frente difícil de controlar aún para quien tenía estudios. Enviados por editores, directores, jefes. Enviados pensando en la portada que venderá más aunque sin garantía alguna, protección o respaldo.

Algo parecido se vive hoy en la pelea por los likes. Las transmisiones en vivo por Facebook y redes sociales se han vuelto un espacio sumamente popular e incluso masivo, con miles de personas observando las escenas del crimen en directo. Y aunque resulta redituable porque páginas como Veracruz en Alerta tienen ya muchos anunciantes, todo indica que la transmisión en vivo es la nueva nota roja.

Por necesidad surge el reportero de policiales pero por gusto también, nadie lo desmiente.

Porque es una suerte de adicción, dicen ellos mismos sonriendo como chamaco que hizo una travesura. La adrenalina de correr más rápido que las ambulancias, el gusto por tener la foto exclusiva con el mejor ángulo, la pelea por llevarse la portada o tomar la imagen que será viral. Aventados y a veces también mañosos son los periodistas de nota roja, lo admiten, pero es evidente que ese oficio se tornó excesivamente peligroso: casi una sentencia. Ocurrió sin aviso, de un día para el otro. Muchos no supieron leer lo que ocurría, de los 20 asesinados y desaparecidos sólo Regina Martínez había decidido no cubrir nada policial.

–No sabías dónde, de dónde eran los chingadazos. La peor situación de pánico que se sentía es que no sabías de dónde venía la violencia, ya ni sabías de dónde venían los trancazos–, resume el caricaturista Rafel Pineda, Rapé. También huyó del país y luego a la Ciudad de México para poder dormir tranquilo.

En un estado con disputa de plaza, en un territorio donde se debatían cárteles, policías, políticos y empresarios, ser periodista policiaco fue quedar en medio del fuego cruzado. Los disparos llegaban del narco pero también de enemigos difusos, aquellos que un día eran aliados pero al siguiente cambiaban de bando. Fue una balacera a ciegas.

Esa noche se le había hecho un poquito más tarde de lo normal, eran más de las once y Víctor Báez Chino apenas iba a salir de la redacción. Era director de Reporteros Policiacos, un portal fundado por puros periodistas que en menos de cuatro años había logrado sostenerse y crecer. Empezaron con edición quincenal, luego la hicieron semanal por la demanda de lectores y consiguieron patrocinadores por venta de publicidad, ya no dependían de convenios. Todo mundo en Xalapa los leía. Colegas de diversas regiones llamaban para pedir que les dejaran colaborar aunque fuera sin paga.

Era un éxito poco frecuente pero explicable también: la violencia generaba mucha información, las audiencias querían consumirla, y además en el nuevo portal se juntaron varios periodistas de trayectoria. Víctor era el líder del proyecto. Tenía 25 años de experiencia, había pasado por varios medios como El Diario de Xalapa, AZ Diario, El Martinense, El Sol de Córdoba y en ese momento era también editor de la sección policiales de Milenio El Portal, sucursal veracruzana del periódico nacional Milenio. Pero además, Víctor era una de esas personas que aglutina a otros a su alrededor, que convoca y organiza (igual que Rubén Espinosa Becerril, otra de las víctimas).

Esa noche Víctor demoró en irse porque una asistente, su sobrina, le pidió algunas cosas extra. Además, en las oficinas todavía quedaban varios trabajadores. A las 23:30 decidieron salir todos, la jornada laboral del lunes 13 de junio de 2012 se daba por terminada.

Apenas estuvieron afuera sobre la calle Chapultepec llegó una camioneta gris. Bajaron hombres armados. De todos los presentes, que eran cinco, sólo se llevaron a Víctor Báez Chino.

Cuatro horas más tarde, alrededor de las 4 am, dejaron sus restos en la calle. Su cuerpo mutilado dentro de una bolsa negra de basura. Frente a las oficinas del IMSS y a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.

–Cada situación de violencia contra periodistas fue particular–, dice Noé Zavaleta. Lo dice con afán de evitar las explicaciones simplistas, para no caer en un análisis superficial que busque responsables únicos. Lo dice porque conoce su estado, nació en Xalapa, ahí sigue viviendo y lleva más de diez años trabajando como reportero. Tiene razón: sólo en Xalapa se siente el peso de la capital política, con orejas que todo observan, anotan y preguntan cuando sacas una cámara. Es distinto a Veracruz-Boca del Río, capital económica, donde aún se percibe a balazos y sangre la disputa territorial por conquistar un puerto que mueve mercancías de todo tipo. Distintos son los problemas en Coatzacoalcos, que ha sufrido una epidemia de secuestros de trabajadores petroleros –quienes ganan buenos sueldos– y no ha podido controlar las extorsiones porque dicen que nadie, ni la petroquímica más grande, firma acuerdos sin el aval de jefes de plaza. Diferente también es el reino de terror-silencio de Poza Rica, región petrolera en decadencia, demasiado cerca de Tamaulipas y de la ruta hacia Estados Unidos; ahí donde pocos se atreven a hablar.

En los crímenes contra periodistas en Veracruz no hay una explicación única, un solo verdugo ni una forma única de matar. Pero sí algunas coincidencias y patrones que, si no generales, se repiten en varios casos.

Por ejemplo, 12 de los 17 periodistas asesinados fueron previamente desaparecidos por horas, días o meses. Y si sumamos a los 3 desaparecidos, resulta que 15 de las 20 víctimas estuvieron desaparecidas. La desaparición ha sido una constante: como fase previa al asesinato o como destino continuado en el presente.

No de todos los casos tenemos detalles de cómo ocurrió ese primer momento pero, entre los que sí contamos con información, 9 fueron secuestrados en vía pública, 3 en sus domicilios y uno en la puerta del medio donde trabajaba.

A Gregorio Jiménez se lo llevaron de mañana cuando se alistaba para llevar a sus hijos a la escuela en Villa Allende, pegado a Coatzacoalcos. Cinco hombres llegaron a su casa en una sola camioneta. Tenían armas largas y cortas. Dijeron “este es el fotógrafo”. Encañonaron a una de sus hijas, por eso él no se resistió.

Un grupo más grande de entre 9 y 12 personas a bordo de 5 vehículos llegó a casa de Moisés Sánchez en El Tejar, Medellín. Tenían armas largas. Preguntaron por él. No hubo margen para resistirse, se lo llevaron por la fuerza frente a su familia que nada pudo hacer. Se llevaron también su cámara.

A Anabel Flores un comando armado la sacó de su casa. Eran hombres uniformados “como militares” con armas largas, cascos, chalecos y pasamontañas, dijeron sus familiares entonces. Eran las dos de la mañana. Ya estaba acostada. Cuidaba a su bebé recién nacido y se la llevaron en pijama, a rastras.

En lo que refiere a los asesinatos, al momento en que privaron de sus vidas a periodistas, se conocen pocos detalles. Pero sólo 3 de los 17 casos de ocurrieron dentro de los hogares.

A Regina Martínez la asesinaron en su casa en Xalapa. No está claro qué objetos se llevaron ni si faltaron materiales de trabajo, sobre todo porque se presume que la escena del crimen fue manipulada. El gobierno enseguida planteó la hipótesis de crimen pasional que ha sostenido hasta hoy aunque sus colegas dicen que el asesinato está claramente ligado a su labor periodística y ella misma había pedido a su familia mantenerse distante porque estaba investigando algo importante.

A tres integrantes de la familia Velasco-Solana los atacaron dentro de su hogar en Veracruz. De diversos modos, con varias armas y en cuartos separados les quitaron la vida a Miguel Ángel, su esposa Agustina Solana y el hijo menor de ambos, Misael López, de 21 años. Milo y Misael eran periodistas.

Al fotógrafo Rubén Espinosa lo asesinaron en la Ciudad de México dentro del departamento donde vivía la activista Nadia Vera. Los dos habían huído de Veracruz por amenazas, a los dos los torturaron. Otras tres mujeres estaban en el lugar -Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete-, a ellas las mataron antes y de forma diferente.

En los tres casos, todo indica que los agresores pasaron bastante rato dentro los domicilios. Que no asesinaron a los periodistas rápidamente ni con un solo disparo. Que hubo indicios de torturas con diversos objetos. Que fueron operaciones planeadas en las cuales participaron varias personas. Que los agresores llamaron por teléfono a otras personas. Afuera de los Velasco-Solana, por ejemplo, había varias camionetas. Y en la colonia Narvarte, donde mataron a Rubén y Nadia, había carros esperando.

Otras dos víctimas fueron ejecutadas en la calle.

A Manuel Torres González lo mataron la mañana del 15 de mayo de 2016 en la calle 2 de abril, en una colonia acomodada y en teoría segura, frente a una clínica y cerca de las oficinas de tránsito de Poza Rica. Lo mataron con un solo disparo en la cabeza. –Fue muy preciso y fue un diestro–, dicen sus colegas.

A Pedro Tamayo le dispararon más de diez balazos con arma de 9 mm en la puerta de su casa, una noche de julio de 2016 cuando atendía el puesto de hamburguesas y hot dogs que había instalado con su familia. La policía, que en teoría lo cuidaba, estaba a pocos metros pero no hizo nada. La ambulancia tardó mucho en llegar. Antes de que se lo llevaran al hospital donde murió le dijo a su esposa Alicia Blanco:

–No dejes que me lleven al seguro social, gorda. Allá los estatales me van a terminar de matar. Cuida a mis hijos, a mis nietos y renuncia a la seguridad del estado.

Lesiones en el cuerpo y cabeza con armas punzocortantes.

33 disparos sobre 3 cuerpos con armas de 9 mm, 38 súper y calibre .380

El cuerpo tenía evidencias de torturas y estaba degollado.

Una lesión en la mejilla, tres orificios al parecer provocados por una manopla.

Las piernas desprendidas y cercenadas.

Golpes en el cuerpo.

Un disparo en la cabeza.

Hallada semidesnuda, maniatada y la cabeza cubierta con una bolsa de plástico.

Hematomas en la espalda.

12 heridas punzocortantes.

Diversas lesiones y desmembramiento de las extremidades inferiores.

Sentado, con la cara desfigurada.

Atado de las extremidades superiores e inferiores con cinta color gris.

Tenía golpes en el cuerpo y puños atados en la espalda.

Tenía los ojos vendados y golpes en todo el cuerpo.

Quemaduras y fricción en el cuello. Se presume fue primero ahorcado, después decapitado y mutilado.

Tirada boca abajo sobre un charco de sangre.

Cuerpo decapitado, con huellas de tortura, y la cabeza aparte.

Le ataron las manos en la espalda. El cadáver tenía “posición de silla”.

Murió por un golpe en la cabeza.

Asfixia mecánica por sofocación.

Anoxia por estrangulamiento.

Ahogada con una jerga del baño.

Shock hipovolémico producido por la amputación y la decapitación.

Desmembrado atado por el tórax y abdomen con una cuerda de nailon.

Corte de lengua y descuartizamiento post mortem. La lengua no fue hallada.

La cabeza estaba cercenada. Dejaron los restos en bolsas frente a las oficinas de un medio de comunicación.

Tortura y 4 impactos de bala en la nuca.

Encontrado en una fosa clandestina dentro de una casa de seguridad.

Le cortaron una oreja.

Los brazos cercenados, las manos estaban aparte.

Desollado, en el rostro como en parte del cuello se observa fue desprendida la piel.

Los cuerpos tenían tiro de gracia.

Encontrado en una parcela.

El cuerpo fue encontrado en la carretera.

Restos hallados en bolsas de basura en la calle.

Semidesnudo, torturado y con una venda en los ojos.

Eso les hicieron a los 17 periodistas asesinados en Veracruz en 2010-2016. No es necesario difundir sus nombres o cuál tortura, mutilación o desmembramiento corresponde a cada caso: basta con saber que eso les hicieron durante el crimen. No son palabras inventadas sino retazos de expedientes, extractos de certificados de defunción, detalles filtrados a la prensa. Palabras que refieren a personas, sus cuerpos, sus vidas.

Dos víctimas fueron asfixiadas o ahogadas, 6 recibieron impactos de bala, 7 fueron decapitadas y desmembradas. De los 17 homicidios, sólo en 4 la muerte fue producida en un solo momento; en los demás -13- encontramos que solo en un caso no existe información suficiente y en 12 casos las víctimas presentaban indicios de tortura.

No sabemos aún qué hicieron a Gabriel Fonseca, Miguel Morales y Sergio Landa porque continúan desaparecidos. Tampoco detalles de lo que hicieron a Noel López Olguín porque su cuerpo fue hallado tres meses después de haber sido enterrado, ya sin posibilidades de una necropsia clara.

Y también hay constantes en el tercer momento del crimen: el hallazgo. De los 17 periodistas asesinados, sólo dos fueron enterrados o depositados en lugares no visibles. Quince fueron arrojados en lugares públicos con la clara intención de que fueran hallados. En bolsas de residuos a veces, otras con cartulinas o tirados en el piso. En zonas céntricas, frente a medios de comunicación, en carreteras y junto a caminos. Sus cuerpos -mutilados casi siempre- aventados y exhibidos como mensajes de terror.

En Veracruz a los periodistas no sólo los asesinaron: antes los torturaron y después exhibieron sus cadáveres mutilados. En los modos van mensajes.

Controlar primero con los convenios, las llamadas, las indicaciones de qué sale y qué no. Sembrar desconfianza después con listas negras y rumores de quién está metido. Secuestrar, levantar y tablear como formas de aleccionar: aquí mandamos nosotros. Interrogar y torturar para amedrentar pero también para obtener información porque los periodistas saben cosas.

Torturar, asesinar y exhibir cuerpos en pedazos para aterrorizar.Así podría resumirse el manual de violencia en contra de la prensa en Veracruz 2010-2016. A nivel nacional los medios de comunicación ya tienen una especie de rutina de cobertura cada vez que matan a un periodista: nombre, número que representa en la lista, algún dato de trayectoria y poco más.

Tal vez desde fuera muchos nunca nombramos los detalles de los crímenes porque no los supimos o quizá por pudor, como una forma de ética. Sin embargo dentro de Veracruz son bien sabidos los detalles de cada asesinato, qué le hicieron a cada quién. Se sabe pero no se platica. Son la advertencia: esto te puede pasar si te agarramos. Así se escucha el silencio.

En su libro “Reguero de Cadáveres”, Juan Eduardo Flores Mateos cuenta una escena que límpida muestra el efecto de esos mensajes. Ocurrió en aquellos años durante una reunión de periodistas convocada por Pie de Página a la cual asistieron algunos reporteros veracruzanos. Daniela Pastrana, “que tenía nexos con organismos internacionales de ayuda a periodistas en riesgo, le preguntó a Nacho [Ignacio Carvajal] qué era lo que necesitaba para poder sobrellevar mejor la cobertura en el Puerto de Veracruz. Una pistola, dijo Nacho. Necesito una pistola. Pastrana sonrió nerviosamente. Con su tono amable le espetó a Nacho que qué podría hacer una pistolita frente al armamento que usaban los narcotraficantes. Quiero una pistola para que no me agarren vivo, Pastrana. El silencio se hizo en la mesa. Luego Nacho siguió. ¿Has visto cómo tortura esa gente, Pastrana? Son unos rupestres, unos rudimentarios. Usan martillos, desarmadores. La pistola la quiero por si me agarran, prefiero pegarme un tiro antes de que me lleven”.

Javier Duarte está preso, igual que Marcos Conde. Lo estuvieron también Bermúdez Zurita, Gina Domínguez y el ex fiscal Bravo Contreras, pero recuperaron la libertad. Y aunque pasaron casi diez años desde que acabó ese sexenio, en Veracruz todo sigue muy parecido.

Las y los periodistas no contestan llamadas de números que no conocen. Para hacer contacto con ellos es necesario escribir primero por whatsapp, presentarse, y contar con la recomendación de alguna persona de su confianza. Sólo así aceptan hablar en corto, tal vez alguna entrevista.

Muchos dicen que sí y minutos más tarde o a la mera hora cancelan el encuentro. Yo no tengo nada que aportar es la principal explicación. Quienes hablan se ven afectados. Hay temas que simplemente no pueden tratar. Lloran, tiemblan de terror o de coraje. Piden anonimato por seguridad pero más aún: sólo hablo fuera de grabadora; ni siquiera uses mi voz o si la quieres usar tiene que llevar distorsión.

No importa que sea anónima la entrevista, la mayoría no dice nombres de ex funcionarios, empresarios o narcotraficantes. No hay apellidos, no hay identidades, describen o usan detalles otros para dar a entender a quién refieren. Si tú completas la frase con ese nombre, sólo asienten con la cabeza con leve sonrisa de satisfacción al descubrir que ya entiendes más o menos cómo está el asunto. Si dices una barbaridad tampoco te desmienten: es mejor que nadie sepa que ellos saben.

Hablar con periodistas allá es como hablar en clave todo el tiempo, como si las paredes tuvieran ojos y oídos. Viven en una eterna alerta de desconfianza. Viven como en una guerra.

Con las familias de periodistas asesinados y desaparecidos, la situación es también complicada. El terror está igual de presente que en las primeras horas de los crímenes. Algunas familias aceptaron dar entrevistas sólo para construir una biografía pero siete familias se negaron por completo a participar.

No quieren compartir datos, ni siquiera recuerdos de la infancia. Temen que cualquier detalle pueda significar más riesgo, que las aguas vuelvan a removerse, y saben que volverán a exponerse si son vistos dando una entrevista. No exageran: pasa que en algunos lugares los asesinos siguen activos, han sido ascendidos o son ahora más poderosos que antes.

–El que mandó a desaparecer a Cuco Fonseca ahora es jefe de plaza.
–A nosotros nos atacó el crimen a petición del gobierno.
–Seguimos caminando en un mundo minado.

Eso dicen tres periodistas que piden se oculten sus nombres. Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, repite algo que ha dicho hasta el cansancio en los últimos años, que el ex presidente municipal de Medellín, acusado por el asesinato de su padre, se pasea enfrente de todos y nadie lo detiene.

Los familiares también están enojados. Se sienten maltratados por la prensa, por colegas, amigos y vecinos. Por quienes hablaron (y hablan) a la ligera de sus seres queridos.

–Por la experiencia vivida, no queremos que ni se nombre. Porque la gente habló mucho y nos lastimaron mucho y ahora su hijo está un poco más entendido, no queremos que viva lo que nosotros vivimos. Por eso es que no queremos. Por los señalamientos injustos.

El mensaje llega por whatsapp. Escribe la tía de uno de los periodistas asesinados. Amable y cariñosa, dialoga durante meses pero no quiere saber nada de declarar algo públicamente. Como ella, varias personas explicaron sus razones para ya no participar de nada, de ningún ejercicio de memoria y mucho menos en algún reclamo por justicia. Otros dijeron no, gracias o de plano ni siquiera contestaron.

De las 33 personas entrevistadas para este reportaje, la mayoría pidió anonimato.

–Esta es la tierra del susurro, del eufemismo, donde las cosas pierden su nombre –describe el escritor Juan Eduardo Flores Mateos–. A Los Zetas, por ejemplo, no se les dice así, “Zetas”; a ellos se les dice Aquellos, Los de la Letra. Y aquí no existe el Cártel de Jalisco sino Los malandros. Es como si los nombres fueran una conjetura, una invocación que tiene que evitarse a toda costa. Hace tiempo que a las muertes tampoco se les dice ya con ese término. Los asesinatos aquí son ejecuciones. Y cuando alguien muere, decimos que “ya fue.”

Era Veracruz la tierra del susurro en 2010. Siguió siéndolo en 2016 cuando se fueron Duarte y su gobierno. Lo es aún en 2023.

La Biblioteca Carlos Fuentes es un edificio de cuatro pisos. Fachada color mamey, abajo recubierta en piedra pulida y estilo entre modernista y art deco con balcones que dan al parque Juárez, el más céntrico de Xalapa. Enfrente del Palacio de Gobierno y de la tradicional cafetería La Parroquia.

Es una biblioteca pública, una de las más grandes, y depende del gobierno estatal. Fue inaugurada en 2004. Abre de lunes a sábado de 9 a 20:45. Tiene 3,500 metros cuadrados en cuatro pisos con salas de consulta, centro de cómputo y fotocopiado. Además un auditorio con capacidad para 50 personas, un patio central para eventos culturales y una hemeroteca que promete acceso a periódicos nacionales y locales.

Promete pero no están.

Una señorita que atiende en el último piso explica que simplemente ya no existen los periódicos ni las revistas locales. Dice que hubo una remodelación hace poco. Dice que algunos se humedecieron. Dice que tiraron todo “por cuestión de espacio”. Da tres razones y pocos detalles.

Detrás suyo los anaqueles están casi vacíos, con mucho espacio libre. Lo que queda, lo que no tiraron, son algunas revistas de turismo, unas pocas de economía y algo de National Geographic. También ediciones recientes de Proceso.

A lo demás lo botaron. Nada queda de los periódicos veracruzanos durante el sexenio de Duarte ni del tiempo de Fidel Herrera ni de años anteriores. Nada.

Durante esta investigación intentamos recuperar los trabajos de periodistas desaparecidos y asesinados.

El Diario de Xalapa responde que su hemeroteca está cerrada desde la pandemia pero además se llevaron todo a la Ciudad de México, allá tal vez conserven algo. Tal vez.

El Diario de Poza Rica sólo guarda las ediciones de 2017 al presente, desde que el Grupo Editorial Sánchez compró la marca. A todo lo anterior lo mandaron a una sede de Martínez de la Torre pero no saben si existe aún.

El Diario Cardel dejó sus oficinas y ahora rentan una accesoria frente a las vías, no hay archivo ahí.

En el puerto, Notiver borró absolutamente toda su edición digital de los años de violencia por orden del director, Alfonso Salces. Subsisten los impresos muy bien encuadernados aunque de difícil acceso.

La familia de Juan Atalo Mendoza Delgado no alcanzó a guardar las publicaciones de su blog Escribiendo la Verdad. No pensaron en eso y el dominio del sitio web venció.

Jorge Sánchez conserva algunos originales del periódico La Unión de Veracruz que su papá Moisés Sánchez hacía imprimiendo, recortando y fotocopiando. En su computadora también recuperó algunas notas digitales y videos aunque no todos.

Sólo el periódico El Dictamen, del puerto, ha digitalizado la mayoría de sus ediciones de más de 100 años de historia. Están en una base de datos con varias categorías de búsqueda, en texto y pdf. La información -que incluye el trabajo de Juan Atalo Mendoza Delgado- por ahora sólo puede consultarse dentro del edificio.

La Revista Proceso conserva todas sus ediciones en físico y digital. Ahí están los trabajos de Regina Martínez y Rubén Espinosa Becerril, que han sido re-publicados en recopilaciones especiales. Proceso y El Dictamen son excepciones: ya no existe la mayor parte del trabajo de las y los periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz entre 2010 y 2016. Un esfuerzo de la sociedad civil, Defensores de la democracia, ha rescatado algunos textos pero muchas notas, reportajes, entrevistas, artículos de opinión y fotografías ya no están disponibles ni se podrán leer.

Se perdieron. Se borraron. Se fueron con ellos.

También se esfumó mucho de lo hecho y dicho por gobernantes. Quedan sitios web vacíos donde antes había comunicados, documentos, boletines. Pareciera que aquel equipo de primera línea del duartismo se ocupó de borrar mucho de lo publicado por ellos y acerca de ellos. Sorprende que no existen siquiera perfiles en Wikipedia de algunas de las personas más públicas de ese gobierno (de la ex vocera Gina Domínguez Colio y el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, por ejemplo). ¿Nadie los sube o alguien los borra?

Una investigación publicada por OCCRP en 2023 reveló claros -y caros- esfuerzos por borrar: el ex gobernador Duarte pagó miles de euros a la empresa española Eliminalia, especializada en quitar de internet contenidos conflictivos o engañar algoritmos para esconder esa información de buscadores. Formas de lavar su reputación, formas de acelerar rutas al olvido. Sin registro, sin memoria: como si nada hubiera ocurrido.

Los poderes, en cambio, siguen vigentes. Un ejemplo: sigue reservada la información del patrimonio de Gina Domínguez. Aún cuando una ley federal obliga el registro patrimonial de los servidores públicos; aún cuando la ex funcionaria ha estado presa y sigue bajo proceso por desvío de fondos durante su gestión, las instituciones del estado veracruzano todavía ocultan datos de sus bienes. Los consideran información “confidencial”, de acuerdo a la respuesta de la Contraloría General del Estado a una solicitud realizada vía Plataforma Nacional de Transparencia el día 5 de junio de 2017. En noviembre de 2023 la oficina nos dio la misma respuesta: información “confidencial”.

Pese a los huecos informativos quedan algunos comunicados, publicaciones y videos de conferencias de prensa perdidos en redes sociales o en medios locales. Son declaraciones de procuradores, voceros, encargados de seguridad. Al recuperar esas palabras se hace evidente que el gobierno liderado por Duarte tuvo al menos tres estrategias comunicativas en el tema violencia contra periodistas: estigmatización (2011-2012), evasivas (2013-2014) y negación (2015-2016).

En los años 2011 y 2012 las autoridades insistieron desde el primer minuto en supuestos vínculos con la delincuencia (caso Yolanda Ordaz) y en presentar a los asesinatos como ajustes de cuentas (caso Víctor Báez Chino, multihomicidios de la familia Velasco y Huge-Luna-Rodríguez-Becerra). Eran tiempos de mucha violencia y el contexto funcionaba como molde perfecto para acomodar el relato.

En 2013 y 2014, en el periodo con menor número de casos -dos-, pero también con la presión de una cuenta que sumaba ya 9 asesinados y 1 desaparecido que llamaba la atención de la prensa mundial, las autoridades crearon una comisión especial para proteger a periodistas e intentaron enfriar el tema. Aún así mantuvieron la narrativa de sugerir vínculos criminales pero de forma menos explícita. Fue fundamental el nombramiento de Luis Ángel Bravo Contreras como procurador, pues pasó de la estrategia evasiva a la negación mucho más elaborada (2014-2016).

El procurador-fiscal, una persona con buen manejo de la imagen pública, empezó a dar muchas entrevistas a diferencia de sus antecesores que apenas leían algún texto escueto ante las cámaras. Siempre peinadísimo y trajeado, con histrionismo estudiado, Bravo Contreras aparecía seguido ante la prensa veracruzana como también en programas nacionales. En una suerte de control de daños, proyectaba la imagen de que al gobierno le preocupaba el tema, que investigaban mucho y no cobijaban a quienes atacaban a la prensa. Implícita iba también la idea de que los crímenes no constituían ataques contra la prensa sino daños colaterales de un tiempo difícil para todos los ciudadanos. Siempre, sin falta, mencionaban las autoridades los otros trabajos que tenían los periodistas. Antes de decir que la víctima era fotógrafo, editor o reportero, nombraban -y subrayaban- las demás actividades que le generaba ingresos económicos como relativizando el posible móvil del crimen.

El ejemplo más conocido es Moisés Sánchez, de quien hasta el gobernador Duarte dijo “era taxista”, obviando que tenía más de 20 años publicando un periódico independiente. La misma estrategia utilizaron para minimizar a otros asesinatos: de Manuel Torres González (2016) insistieron que trabajaba en el ayuntamiento; con Juan Atalo Mendoza Delgado remarcaron que era taxista además de adjudicar su muerte a un supuesto accidente de tránsito cuando todo indica fue hallado en un lugar que pudo no ser el de su muerte (2015). En el caso de Rubén Espinosa Becerril (2015) negaron todo vínculo con su trabajo profesional en Veracruz porque fue asesinado en la capital aunque el fotógrafo se había exiliado tras sufrir amenazas.

Negaban las autoridades porque si lograban instalar la idea de que no mataban a las personas por ser periodistas, en consecuencia no existía violencia contra la prensa. Se hizo más sofisticada la estrategia narrativa pero igual de insostenible porque los hechos la derrumbaban: entre 2014 y 2016 asesinaron a otros 6 periodistas que son 7 si contamos también a Octavio Rojas Hernández, quien fue encontrado en Oaxaca pero a pocos kilómetros de Veracruz, donde vivía y ejercía el periodismo.

A veces fallaba el discurso de negación, encendía las críticas. Entonces rápidamente el gobierno cambiaba a versiones más condescendientes y recurría a la imagen de justicia imparcial y expedita. Ocurrió en el asesinato de Pedro Tamayo Rosas: el 22 de julio de 2016, dos días después del crimen, el fiscal Bravo Contreras dijo que ya habían identificado a los posibles responsables, pero sin dar detalles.

Decían que investigaban aunque nadie sabe bien qué ni cómo. Tampoco existen demasiados documentos para comprobarlo.

Cuando iniciamos este trabajo pensamos que lograríamos revisar los 20 expedientes. Un año y medio después sólo hemos podido ver tres, los de Moisés Sánchez, Rubén Espinosa Becerril y Regina Martínez. Además de algunas necropsias, certificados de defunción, documentos filtrados y otros compartidos por las familias. Pedimos copias o avances a la justicia con más de 200 solicitudes por transparencia: todas las respuestas fueron negativas.

Poco dice la justicia de líneas de investigación, diligencias realizadas, responsables identificados o sentencias. Preguntamos vía transparencia y todas las respuestas fueron negativas. Según fuentes abiertas, es decir información publicada, las autoridades han reportado que identificaron a más de 60 sospechosos pero las mismas publicaciones refieren que de esas personas, sólo 29 llegaron a ser imputadas o detenidas por las fiscalías y, entre ellas, 11 firmaron confesiones auto-inculpatorias.

Más de diez años después no sabemos con certeza de qué tamaño es la impunidad. No sabemos ni saben tampoco las familias: la mayoría no tiene acceso a una buena defensa. Vamos, ni siquiera a los expedientes. Sólo han podido ver detalles de las investigaciones oficiales quienes cuentan con representación legal patrocinada por alguna de las organizaciones no gubernamentales que cubren temas de libertad de expresión, que son los menos.

Las demás, la mayoría de las familias, siguen sumando años sin saber si los detenidos continúan presos, si hay algún nuevo sospechoso o cuáles han sido las diligencias o periciales. Como ejemplo: Víctor Báez Chino fue asesinado en 2012 pero apenas una década después su viuda e hijos tuvieron copia del expediente. Además pasaron todo ese tiempo en comunicación con un funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien supuestamente llevaba su caso pero no dejó documento alguno como constancia. No hizo ninguna gestión probada en 7 años.

Para los reporteros veracruzanos las cosas tampoco han mejorado mucho.

–Creo que la situación sigue igual –resume el periodista Roger López–. Hay gente que está en varios medios, tres o cuatro medios para sacar para irse a echar una chela y cosas así. La verdad es muy triste porque si antes con Duarte se veía un poco periodismo de investigación, ahora de vez en cuando me echo un monitoreo y veo muy poco (...) Como que la situación se estancó. En gran parte por inseguridad, por falta de capacitación o la precariedad. Por los medios que ya desaparecieron, porque han corrido gente de medios… Se tiene uno que hacer de otro camino para poder ir ahí, sobreviviendo.

Silencio por convenios, porque de otra forma no hay paga.
Silencio por amenazas, porque haces o haces.
Silencio porque ya te tablearon y no hay segunda advertencia.
Silencio porque saben tu número, te llaman, te están checando.
Silencio porque te pasaron una lana y es imposible rechazarla.
Silencio porque si te agarran no sólo te matan, te hacen cachitos.
Silencio porque sólo se puede publicar si ya lo sacó el medio autorizado.
Silencio porque alguien, sea patrón, político o narco, dicta qué decir.
Silencio de notas que se borraron, que ya no existen.
Silencio infinito.
Veracruz de los silencios