Oscuros tiempos vivió Veracruz entre 2010 y 2016. Años que costaron la vida al menos a una veintena de periodistas, que se llevaron a miles de personas desaparecidas y para la población fueron terror, ejecuciones, balaceras, restos humanos abandonados en la vía pública. Años de instituciones saqueadas, corrupción y estado ausente.
No hubo una única persona en el gobierno en aquellos tiempos. Varios llevaron las riendas de ese periodo. Varios tomaron decisiones fundamentales como el control de policías, el rumbo de las instituciones de justicia, el manejo de la información y la asignación de fondos públicos. No se puede hablar entonces del gobierno de Duarte sino de los tiempos del duartismo, del equipo que conformaron el gobernador y sus colaboradores más cercanos, altos funcionarios y gobernantes.
Varios ex altos funcionarios de entonces han sido encarcelados por delitos económicos como también de lesa humanidad. Pero casi todos han recuperado la libertad, sobre todo durante una suerte de ola de liberaciones que ocurrió entre finales de 2018 e inicios de 2019. Excepto el gobernador y algunos policías, los demás están libres: sin sentencia ni tampoco absolución.
Javier Duarte de Ochoa
(Veracruz, 1973) Abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro en Economía y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset (España), maestro en Gestión Pública por el Tec de Monterrey, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (España). Militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante unos 20 años participó en política, ocupó cargos como asesor en Segob y fue diputado federal, secretario particular y luego secretario de finanzas del gobernador Fidel Herrera, a quien se reconoce como su padrino político.
El 4 de julio de 2010 fue elegido gobernador de Veracruz con escaso margen -43.54% de los votos frente al 40.99% del segundo lugar, Miguel Ángel Yunes Linares- y asumió el cargo el 1 de diciembre del mismo año. Tenía entonces 42 años de edad.
Durante su gobierno la violencia se incrementó en la entidad con una larga lista de masacres, miles de asesinatos y desapariciones y un número aún indeterminado de fosas clandestinas. Se registró también el mayor número de casos de ataques en contra de la prensa en la historia del estado como también uno de los peores registros que ha existido a nivel nacional: al menos 17 periodistas asesinados y 3 desaparecidos en cinco años, según los datos hasta ahora conocidos. Su gestión destacó además por el elevado déficit en las cuentas públicas y acabó antes de tiempo tras una serie de escándalos por corrupción, desvío de fondos y fraudes al erario público que involucraron a Duarte, sus familiares, amigos y políticos de su entorno más cercano.
El 12 de octubre de 2016 pidió licencia al cargo de gobernador, después se dio a la fuga y fue capturado por Interpol en Panajachel, Guatemala, el 15 de abril de 2017. Extraditado a México, desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Aunque se esperaba fuera juzgado por cargos de delincuencia organizada, que podrían haber significado penas de más de 20 años de cárcel, se le imputó por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue sentenciado a 9 años de prisión (29/09/2018) y le decomisaron 40 inmuebles, entre otras penas.
En 2022 fue vinculado a proceso para un segundo juicio, acusado de desaparición forzada. De avanzar ese juicio podría seguir en prisión, de otra manera podría quedar libre en 2026.
Durante una entrevista concedida en 2008 reveló cuál ha sido uno de sus referentes mundiales: el dictador español Francisco Franco. «Me identifico con un personaje de la historia que es un personaje muy polémico en su actuar público, un hombre de ideas firmes. Me identifico, y te vas a reír, porque es un defecto que mucha gente me hace sentir y ver, pero yo me siento muy contento con mi voz, mi voz me identifica y me siento la verdad muy cómodo con ella. Un hombre de la historia que es considerado como un villano para muchos, para otros no, que es el generalísimo Francisco Franco, que tenía mi mismo timbre de voz, un hombre con esa fortaleza. No estoy muy acorde de su ideología política, la dictadura no es la manera de llevar a un país a un buen lugar, sin embargo, su fortaleza, su entusiasmo, su energía es una parte importante a resaltar en él».
María Gina Domínguez Colío
Licenciada en Comunicación por la Universidad Veracruzana. Periodista con larga trayectoria, trabajó en el periódico Sur de Veracruz, luego fue jefa de información del Diario AZ y directora del diario Milenio El Portal, filial veracruzana del nacional Milenio, cuyo dueño era entonces el diputado Alejandro Montano.
También vinculada al poder político priísta. En los años noventa fue jefa de prensa de Mario Villanueva, ex gobernador del estado de Quintana Roo, después detenido por la DEA, sentenciado a 36 años 9 meses por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos. Reconocido operador del Cártel de Juárez y de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos.
Domínguez luego fue parte del entorno cercano del ex gobernador veracruzano Fidel Herrera y de su esposa, Rosa Borunda. Cuando Borunda era jefa del DIF, Domínguez Colio era su asesora de prensa.
Cercana a Javier Duarte desde que era diputado y secretario de Finanzas, al ser elegido gobernador la designó su vocera. Reconocida por su duro carácter, durante 39 meses fue encargada de la imagen del gobernador como también de toda la información que salía -y no- del Palacio de Gobierno. Administraba el presupuesto para convenios de publicidad oficial por montos aún desconocidos aunque datos revelados por prensa, con base en documentos oficiales, estiman que los fondos para ese rubro se incrementaron cerca de un 400% durante su gestión. La vocera adquirió tal poder que comenzó a ser llamada “la vicegobernadora”.
El 20 de febrero de 2014 fue cesada de su cargo por el propio Duarte tras una crisis que golpeaba al gobierno veracruzano. Crisis desatada por una suma de escándalos de violencia, asesinatos de periodistas -sumaban 10- y corrupción en el círculo más cercano al gobernador. Ya fuera del gobierno, Domínguez reveló entretelones del poder de la caída del duartismo y sus cómplices en sus columnas en la agencia Quadratín.
En mayo de 2017 fue detenida e ingresada al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, imputada por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición para ilícitos (proceso penal 110/2019). A ella y al siguiente titular de comunicación social, Alberto Silva, se les acusó por malversación de fondos públicos: el desvío de al menos 4,000 millones de pesos.
Domínguez estuvo presa hasta febrero de 2019, cuando la jueza Mónica Segovia le concedió el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud (“fuertes dolores abdominales y fiebre” causados por una presunta salmonelosis). Aún no ha sido sentenciada.
Después de su paso por el cargo de directora de comunicación social del gobierno de Duarte, además de periodista pasó a ser empresaria hotelera y restaurantera. Aunque inició en el gobierno con apenas dos propiedades conocidas -una casa en la colonia Ferrer Guardia de Xalapa y otra en construcción en el residencial Monte Magno-, en 2017 se le reconocía como también propietaria del hotel Hacienda San Bartolo en Xico, un departamento en la Torre Pelícano de Boca del Río, tres casas campestres en Zoncuantla y otra vivienda en Xalapa; además de los restaurantes La flor de la vida (Noé Zavaleta, Proceso, 2/6/2017).
Arturo Bermúdez Zurita
(México DF, 1967) Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Bancaria y Comercial. Su experiencia se divide entre seguridad y finanzas.
De acuerdo a su currículum oficial difundido por el gobierno de Veracruz, tomó diplomados en contaduría pública y recursos humanos, marketing político, ciencias políticas y mercadotecnia. También tomó cursos como “Instructor de manejo evasivo Scotti School California USA”, un taller de negociación de secuestros y un curso de tiro en Estados Unidos.
Aunque tenía mayor experiencia en temas administrativos que en seguridad, comenzó a ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Pública de Veracruz el 1 de diciembre de 2010, día en que Javier Duarte asumió la gubernatura. Fue el hombre fuerte del gobierno y popularmente se le comenzó a llamar “Capitán Tormenta”.Durante su gestión creó dos grupos especiales de policía: primero el Grupo Tajín y luego Fuerza Civil, ambos con resultados cuestionados. Se incrementó la violencia en la entidad, fueron tiempos de la disputa de plaza entre Los Zetas y Los Matazetas (luego Cártel Jalisco Nueva Generación), pero también se incrementaron las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por corporaciones de seguridad que él dirigía. En particular se le vincula con el grupo paramilitar conocido como Los Fieles y con abusos cometidos en la academia policial El Lencero.
Además se registraron hechos de represión a protesta social, sobre todo en la capital, en los cuales Bermúdez Zurita tuvo un papel protagónico.
Fue jefe de seguridad pública estatal hasta el 4 de agosto de 2016, cuando renunció después de varios escándalos por abuso de autoridad, desaparición forzada y enriquecimiento ilícito. Por esos días la prensa reveló que era propietario de 24 empresas y que, a partir de 2012 cuando ya era funcionario, él y su esposa Lizbeth Mendoza habían adquirido 19 inmuebles que incluían 5 residencias en Texas, Estados Unidos, por valor de 2.4 millones de dólares. Después se difundieron detalles de otras propiedades que se supone también adquirió por esos tiempos, por ejemplo los hoteles Artisan Family Hotels and Resorts Playa en Playa del Carmen y Chachalacas, bajo la empresa hotelera Jadú.
Entre posibles socios y prestanombres también se ha mencionado a su hijastro Alan Román Mendoza, otros familiares y la ex esposa de él, Marla Polo.
El 3/2/2017, Bermúdez Zurita fue detenido en calidad de imputado por la desaparición forzada de 15 personas, también se le iniciaron carpetas de investigación por abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito (221/2016, 068/2017). Fue trasladado al penal Pacho Viejo, donde estuvo preso durante un año y 9 meses hasta que recuperó la libertad cuando la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez modificó la medida cautelar de prisión y fijó una fianza de un millón de pesos (5/12/2018).
Bermúdez Zurita no ha sido sentenciado (ni exonerado) y continúa en libertad. En 2020 apareció en el programa Al extremo, de TV Azteca, promocionándose como instructor de jet ski en mar abierto.
Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez
(Xalapa, 1950) Licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana, donde ha sido docente. Fue diputado local del congreso de Veracruz (1983), alcalde de Xalapa en el periodo 2001-2004 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Secretario de Gobierno durante el mandato de Fidel Herrera (2004-2010, PRI) y de ese cargo pasó directamente a ser Procurador de Justicia durante los primeros años del gobierno de Javier Duarte (2010-2011, PRI).
Su gestión quedó marcada por algunos hechos polémicos como la llamada “ley antituiteros”, que permitió al gobierno detener y encarcelar a quienes difundían por redes sociales información que calificaron como “terrorismo equiparado y sabotaje”.
Escobar Pérez renunció en octubre de 2011 después de una serie de masacres que significaron más de 70 muertes en menos de un mes. Durante los últimos días de su gestión encabezó la reunión nacional de fiscales y procuradores de justicia en Boca del Río, evento que quedó marcado por el hallazgo de 35 cuerpos en una glorieta frente al hotel donde se reunían los funcionarios.
Después de renunciar al cargo de procurador, algunas veces Reynaldo Escobar manifestó su deseo de volver a contender por la alcaldía de Xalapa pero no lo concretó. Se dedicó al litigio privado y a escribir como articulista en el Diario de Xalapa.
En 2014 circuló un rumor sobre un supuesto secuestro del que habría sido víctima, pero no realizó declaraciones al respecto.
Felipe Amadeo Flores Espinosa
(Coaxtla, Veracruz, 1947) Licenciado en Derecho especializado en Derecho Laboral y Negociación Colectiva. También notario, ganadero y agricultor, según su currículum oficial en el H. Congreso de la Unión.
Dedicado de lleno a la política, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al gobierno de Veracruz desde los años 80. Fue secretario de Gobierno (1984-1986), dos veces diputado local (1989-1992 y 2001-2004), diputado federal (1994-1997) y Procurador de Justicia durante una parte del gobierno de Javier Duarte, de octubre de 2011 a febrero de 2014.
Segundo procurador de ese periodo, ocupó el cargo durante el momento más álgido de violencia concentrada sobre todo en la zona del puerto y Boca del Río, así como en los tiempos en que también se registró un mayor número de desapariciones de personas en varias regiones del estado. Su gestión fue el peor tiempo para la prensa: seis periodistas fueron asesinados y tres desaparecidos durante los dos años y tres meses que estuvo en el cargo.
Colegas de las víctimas lo acusaron de “entrampar” las investigaciones, de frenar cualquier gestión tendiente a lograr justicia o bien remitirlas al fuero federal como estrategia dilatoria. Durante la gestión de Felipe Amadeo Flores Espinosa ocurrió por ejemplo el asesinato de Regina Martínez, en el cual la institución que lideraba argumentó un supuesto crimen pasional sin investigar el posible móvil de su trabajo periodístico que exhibía a instituciones y funcionarios.
Cesado del gobierno duartista, Flores Espinosa duró poco tiempo sin trabajo. Enseguida fue nombrado Director General de Desarrollo Agrario (2014-2015) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Después fue presidente estatal del PRI (2016-2017).
Luis Ángel Bravo Contreras
Abogado por la Universidad Villa Rica, de Veracruz, con doctorado en Derecho por la Universidad de Almería, España. Su experiencia profesional oscila entre el litigio privado y la función pública. Fue presidente del Colegio de Abogados de Córdoba y la Región, agente del ministerio público (2006), consejero y presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (2011-2013).
Fue designado procurador en febrero de 2014, en medio de una crisis de seguridad y corrupción que acabó con la renuncia de su antecesor, Felipe Amadeo Flores Espinosa. Bravo Contreras fue el tercer procurador que tuvo el gobierno de Javier Duarte, desde febrero de 2014 a noviembre de 2016, tiempo en que 7 periodistas fueron asesinados. Durante ese periodo se cambió oficialmente la estructura institucional, por lo cual según las nuevas leyes pasó a ser fiscal general.
Acusado por desaparición forzada de personas, por entorpecer investigaciones y encubrir a más responsables, el 17 de junio de 2018 fue capturado por la institución que antes él dirigía, la Fiscalía General del Estado. El gobierno de Miguel Ángel Yunes ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos por su paradero y el entonces fiscal Jorge Winckler lo imputó por el ocultamiento de 13 cadáveres que fueron encontrados el 19 de enero 2016 en la barranca La Aurora, presuntamente víctimas del grupo paramilitar conocido como Los Fieles, supuestamente vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública.
Bravo Contreras estuvo preso en el penal de Pacho Viejo hasta el 6 de noviembre de 2019, cuando obtuvo un recurso de amparo que le concedió el cambio de medida cautelar a libertad condicional. Ello le permitió seguir el proceso en libertad. En su caso aún no se ha dictado sentencia.
Él ha denunciado que fue víctima de supuesta tortura y represión sistemática mientras se encontraba preso. También demandó a la jueza que lo encarceló, más perdió esa batalla.
Marcos Conde
Fue comandante nocturno en la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, misma que el gobierno duartista disolvió bajo argumento de corrupción y colusión con el cártel de Los Zetas. Después ingresó como oficial a la Secretaría de Seguridad Pública, donde más tarde fue nombrado sub-delegado (2012-2016). Pasó entonces por varias delegaciones: primero Cardel (2012-2013), luego Xico (abril a julio de 2013), Rodríguez Clara (julio-agosto 2013), Martínez de la Torre (agosto-septiembre 2014) y estuvo en Tierra Blanca a partir de entonces.
Ocupó la comandancia de José Cardel en tiempos de terror. Arreciaban los secuestros de civiles como también de policías locales en esa ciudad y alrededores (Úrsulo Galván, La Antigua y Paso de Ovejas). Según denuncias, testimonios e incluso videos, eran agentes de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de Conde -y Bermúdez Zurita- quienes realizaban ese tipo de acciones a bordo de una patrulla que recorría calles más que nada por las noches. Tan frecuentes eran los secuestros por estatales que se conocía a su patrulla como “la barredora”.
Se dice que parte de la policía trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación, que avanzaba hacia el puerto y ganaba dominio territorial desde la periferia. Y que la barredora se llevó a más de 30 personas.
El 18 de enero de 2016 fue detenido por varios cargos que incluyen la desaparición forzada de 5 jóvenes de Playa Vicente (causa penal 15/2016). Junto a él también fueron arrestados otros 7 ex policías estatales y 13 civiles. Aunque Conde sigue detenido, en marzo de 2019 fue absuelto -igual que los demás 21 señalados- en las acusaciones por delitos federales. Siguen siendo juzgados en el fuero local.
Organizaciones de familiares de desaparecidos señalan que Conde también es responsable de muchos otros delitos de lesa humanidad, que existe una veintena de casos en los cuales debería ser juzgado. Como ejemplos, la desaparición forzada de 8 policías municipales de Úrsulo Galván perpetrada por policías estatales a la luz del día y ante testigos (denuncia 27/2013); y la desaparición de 8 jóvenes que jugaban al fútbol en las canchas de Los Tamarindos, Cardel, el 1 de diciembre de 2012 (denuncia 785/2012).
Ha sido mencionado como posible involucrado en la desaparición del periodista Sergio Landa (Cardel, enero de 2013).
A mediados de 2015, uno de los hijos de Conde fue secuestrado y asesinado. El cuerpo del muchacho fue abandonado en bolsas de plástico con huellas de tortura. En 2016, cuando ya se encontraba preso, el 9 de junio su hija Lorena de 18 años fue encontrada ejecutada y con señas de tortura a la orilla de la carretera Valente Díaz-Mata Cocuite, municipio de Veracruz.
Conde continúa detenido pero no ha sido sentenciado.
