Los casos de violencia letal en Veracruz 2010-2016

Reportero empírico, 45 años. Colaboró al menos en cuatro periódicos: La Verdad, Noticias de Acayucan, La verdad de Jáltipan y El Horizonte de Nanchital.

Hechos

En la mañana del 8 de marzo del 2011 recibió una llamada telefónica mientras desayunaba, dijo a su esposa que haría un par de diligencias y volvería por la tarde; nunca regresó. Al otro día su automóvil fue encontrado en la carretera de Soteapan.

Según indicaron las autoridades al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), López Olguín fue secuestrado por sujetos armados que se movían en dos camionetas. En el libro de Jesús Lemus se señala que: “Por la mañana había tomado café con unos amigos. En dicha reunión habría comentado por última vez las amenazas de que estaba siendo objeto por miembros del crimen organizado; refirió que eran miembros de Los Zetas pero que estaban al servicio de la minera Gold Group Mining Inc. y que de alguna forma eran quienes velaban por los intereses de ese grupo económico".

Sus restos fueron hallados 3 meses después en una fosa clandestina en el ejido Malacate, por datos brindados por Alejandro Castro Chirino, alias El Dragón, quien al ser detenido confesó el homicidio del comunicador, dio indicios del lugar donde habían sepultado el cuerpo y reveló también que participó en otros asesinatos y secuestros.

Amenazas

Había recibido diversas intimidaciones y amenazas, entre ellos, del diputado federal Miguel Ángel Morales Cortés. Colegas dijeron que una vez lo encontró y le dijo “pinche perro, aquí te voy a matar” y le presumió el machete que llevaba en la mano. También el alcalde de Jáltipan, José Antonio Lázaro Sosa, una vez lo amenazó de muerte y en otra oportunidad se apersonó a gritos frente a las instalaciones del periódico La Verdad, acompañado de patrullas oficiales. El periodista también era activista y militante del PRD -partido con presencia minoritaria en aquella época y región-. Cubría temáticas vinculadas a la inseguridad, crimen organizado, y corrupción. En el libro antes mencionado se señalan las amenazas de los Zetas.

Investigación, proceso e hipótesis

La hipótesis oficial descansa en la autoría de Castro Chirino, originario de Tonalá, Chiapas, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tres casualidades permitieron llegar a la misma: en primer lugar, la autoridad recibió una denuncia anónima y ello posibilitó la detención del presunto homicida, en un patrullaje que hizo SEDENA. En segundo lugar, Castro Chirino confesó el asesinato del comunicador, así como la participación en los homicidios de dos comandantes y de una mujer que lo acompañaba: uno de la Corporación Policíaca de Cosoleacaque, otro de la Policía Intermunicipal. Al declarar también se atribuyó la muerte de otros tres policías municipales y el secuestro de un médico ginecólogo, quien fue levantado el 26 de mayo de ese año en Coatzacoalcos.

En tercer lugar, al ser detenido, pese a que habían pasado meses del secuestro del periodista, Castro Chirino tenía consigo la cámara fotográfica propiedad de Noel López Olguín.

Existen otras hipótesis en relación a su asesinato, dos directamente relacionadas con su actividad profesional: 1) en sus notas "se había metido contra políticos y narcos", entre ellos presidentes municipales. 2) El asesinato está relacionado con su activismo político y social. Estaba interesado en los problemas comunitarios, como la corrupción y la inseguridad, había denunciado los abusos de las autoridades y de miembros del crimen organizado. 3) Tocó intereses particulares; dio voz a las comunidades indígenas despojadas por el proyecto "Caballo blanco".

Miguel Ángel López Velasco (quien firmaba columnas y era conocido como Milo Vela), 55 años, reportero, columnista, editor. Más de 30 años ejerciendo el periodismo, muchos en Notiver; en ese periódico coordinaba la sección Sucesos, de la cual fueron asesinados la mayoría de sus integrantes: Gabriel Huge, Yolanda Ordaz, Misael López y Guillermo Luna. Durante un periodo previo, Milo Vela colaboró en otros medios: estuvo en Telever (Televisa Veracruz) y en El Diario de Xalapa como jefe de corresponsales de policiales, al tiempo que aportaba en TV Azteca con reportajes.

Misael López Solana, 22 años, hijo menor de Milo, fotógrafo de la fuente policiaca de Notiver. También trabajó en la oficina de comunicación social del ayuntamiento de Boca de Río.

Hechos

El 20 de junio de 2011, hombres armados forzaron la cerradura y entraron a la casa de la familia Velasco Solana en la colonia Fernando López Arias de Veracruz, ubicada a 5 cuadras de la comandancia de la policía intermunicipal. Miguel Ángel Velasco, su esposa Agustina Solana y su hijo menor Misael fueron asesinados. Conforme al peritaje en criminalística, el multihomicidio ocurrió entre las 05:54 y las 06:06 y fue ejecutado por al menos 6 personas. En el lugar se encontraron casquillos de armas de diversos calibres que según peritajes dispararon 33 veces contra las víctimas.

Amenazas

Milo Vela documentó y denunció casos de corrupción, inseguridad, nexos entre policías y delincuentes, e irregularidades del gobierno de Javier Duarte. En una oportunidad, supuestos narcotraficantes depositaron en la puerta principal de Notiver la cabeza de una persona que se dijo era integrante de Los Zetas, supuestamente ejecutado el día anterior, acompañada del mensaje "aquí te dejamos un regalo… así van a rodar muchas cabezas, Milo vela lo sabe y muchos más, van cien cabezas por mi papá. atentamente, el hijo de Mario Sánchez y la Gente Nueva”. Las intimidaciones y amenazas que recibió Milo fueron múltiples. Por esa razón en algún momento estuvo resguardado (se alejó del ambiente y de la región) por precaución.

Investigación y proceso

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) señala como presunto responsable a Juan Carlos Carranza Saavedra, alias El Ñaca. La ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Laura Borbolla, al comparecer ante el Tribunal Permanente de los Pueblos dijo que la principal línea de investigación de este caso está relacionada con el crimen organizado aunque no se descarta participación policial. Dijo que: “un grupo táctico con cierta forma de ejecución tipo policial o de un entrenamiento con esas características fue el que irrumpió en el domicilio del periodista para ejecutarlo” (...) “La sospecha que había es que una persona que había sido mando policial había migrado a trabajar a uno de estos grupos y fue expuesto de manera velada por Miguel y que entonces a eso obedecía el tema”.

Según reportó Notiver, en días posteriores al multihomicidio, Carranza llamó por teléfono al periódico y aseguró que él no había perpetrado el crimen y que el responsable era Gilberto Osorio, alias El Gordo Osorio, agente de la Policía Judicial.

Hipótesis:

Existen al menos 5 hipótesis sobre los motivos del ataque en contra de Milo Vela y su familia: se menciona que el móvil fue un robo; también que se debió a nexos con el crimen organizado, enojos de cierto funcionario del estado, diferencias con consorcios mineros, entre otras posibles razones.

Sin embargo, oficialmente se sigue señalando que Juan Carlos Carranza Saavedra, el Ñaca, fue quien decidió callarlo: la PGJE concluyó que fue el autor intelectual y material del asesinato; no quedó muy claro el móvil.

Periodista, 48 años. Trabajaba en el diario Notiver junto a Milo Vela. Encabezaba la sección Sucesos -nota policiaca- y él era su editor.

Hechos

El 24 de julio de 2011 fue el último día que sus compañeros y familia la vieron con vida. En la madrugada del 26 de ese mes se encontró su cuerpo decapitado y con indicios de tortura. Esto sucedió un mes después del homicidio de su jefe inmediato en Notiver, Miguel Ángel López Velasco.

Dejaron su cabeza frente a las instalaciones del periódico Imagen del Golfo y de la estación de radio MVS en Boca del Río, a su lado dejaron un cartel con la frase "los amigos también traicionan: atentamente Carranza". Fue la primera vez en esos años en que se registró tal nivel de violencia y exposición de los restos de una persona periodista, con una puesta en escena tan comunicativa.

Amenazas:

Los Zetas y el Cártel del Golfo luchaban por el control del tráfico del territorio y actividades. La violencia había afectado al gremio periodístico, especialmente a quienes cubrían la “nota roja” (policiaca). Yolanda había aprendido a convivir con el peligro; había recibido varias cartas con amenazas de muerte.

Investigación y proceso:

Al encontrarse el cuerpo, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez, ofreció una conferencia de prensa y dejó en claro que “... este tipo de hechos deplorables nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión de periodista, sino con la relación que de manera tal vez circunstancial establecen algunos comunicadores con los cárteles de la delincuencia, que las autoridades federales y estatales combaten todos los días y en todos los terrenos”.

Pocos días después, el 2 de agosto, en un operativo que realizó SEDENA en la colonia La Pochota se dio un enfrentamiento en el cual fueron abatidos dos presuntos miembros de un grupo criminal; entre cuyas pertenencias se encontró la identificación oficial de la reportera. Cabe destacar que en la investigación del caso de Yolanda Ordaz, como así en el Caso 1 (Noel López Olguín):

a) los presuntos responsables son detenidos/aprehendidos por actos ajenos a la investigación (en el primer caso, una denuncia anónima y en el segundo un operativo general de lucha contra el narcotráfico);

b) al momento de ser aprehendidos tenían en su poder pertenencias de sus presuntas víctimas

A su vez, la persona que supuestamente firma la nota que apareció junto al cuerpo -Carranza- es aquel ex policía Juan Carlos Carranza Saavedra, quien según la investigación ministerial fue el autor material e intelectual del Caso 2, es decir, el caso del multihomicidio en el que fallece Milo Vela.

Hipótesis:

La hipótesis oficial señala que el homicidio fue perpetrado por integrantes del crimen organizado y que no estaba relacionado con la labor periodística. Así lo afirmó el Procurador del Estado, Reynaldo Escobar, quien dijo que el asesinato de Ordaz era un ajuste de cuentas entre bandas del crimen.

Notiver -periódico en el que trabajaba la periodista y también las víctimas de los casos 2 (Milo Vela) y 3 (Misael Velasco Solana)- solicitó la renuncia del funcionario a raíz de las declaraciones que hizo sobre Ordaz. Señaló el periódico: “Rechazamos enérgicamente la acusación y el señalamiento por injusto, irresponsable y majadero, y exigimos una disculpa pública y la renuncia de Reynaldo Escobar, quien además debe ser investigado y sujeto a proceso”.

Regina Martínez (periodista posteriormente asesinada, caso 6) publicó en Proceso una nota sobre dicha exigencia de Notiver, nota que transparenta las tensiones entre el medio y parte del gobierno.

Pocos días después el procurador veracruzano renunció. Lo hizo al día siguiente del hallazgo de 32 cadáveres en tres casas de seguridad de Boca del Río, el 6 de octubre de 2011. Estos cuerpos se sumaron a otros 35 que el mes anterior habían sido arrojados en la avenida más transitada de la misma ciudad veracruzana.

Periodista empírico, 19 años. Colaboró en Diario de Acayucan y en El Mañanero.

Hechos

Fue visto por última vez el sábado 17 de septiembre de 2011 cuando salió a trabajar hacia las oficinas de El Mañanero, donde se encontró con su jefe y le dijo que salía a comer unos tamales. Esa noche no llegó a dormir al hogar de su familia. Su papá salió a buscarlo. No lo encontró ni volvió a tener comunicación con él; marcaron a su teléfono pero enviaba directo al buzón.

Investigación y proceso:

El 21 de septiembre de ese mismo año, policías dieron parte a las autoridades ministeriales del hallazgo de restos humanos en dos tambos en el municipio de Soconusco. Aparentemente el dictamen en genética se realizó sobre un solo cuerpo: al hacer el contraste con las muestras de los padres de Manuel Gabriel Fonseca Hernández se concluyó que los restos “no presentan relación de parentesco genético”. Años después, el 27 de noviembre de 2015, la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz, dependiente de la Fiscalía General del Estado, estableció, en su oficio FGE/DSP/13785/2015, que al someter el análisis de los restos con el patrón genético de los padres de Gabriel Fonseca Hernández, éste no se correspondía.

De acuerdo con miembros de la Asociación de Periodistas de Acayucan, la denuncia por la desaparición del reportero nunca presentó avances e incluso elementos de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) entorpecieron la aplicación de exámenes de genética a los padres de Cuco, como llamaban sus amigos a Gabriel.

En 2015 sus colegas denunciaron que el expediente de la fiscalía fue cerrado. Se realizó una protesta encabezada por la CEAPP: “a través del oficio CEAPP/SE/088/2015, la CEAPP solicitó se le hiciera saber si la FGE había realizado cotejos del perfil genético con las muestras recogidas a los familiares, en qué fechas lo había hecho y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Pasaron meses y no hubo respuesta. Ese mismo año el fiscal Bravo Contreras refirió: ‘Ya estamos viendo otras vías legales y una revisión del expediente… Hay flagrantes omisiones de la Fiscalía en el caso’” .

No se han dado a conocer avances en la investigación ni el proceso.

Hipótesis:

Hay versiones extraoficiales y todas remiten a la noche de celebración del 15 de septiembre del 2011 en el Palacio Municipal de Acayucan. Al parecer, en esa fiesta Manuel Gabriel habló con otras personas sobre temas delicados como el crimen organizado y reveló datos que podrían haber enojado a terceros. Relatos orales de esa noche agregan que Fabiola Vázquez Saut, entonces alcaldesa, y Víctor Acrelio Alegría Antonio, comandante de la policía, estuvieron presentes en el momento e incluso interrumpieron y controlaron los comentarios del periodista.

Poco se sabe sobre lo que pasó después. Un testigo entrevistado por prensa dijo haberlo visto junto con un sujeto de nombre Andrés Miguel Palmar, de apodo El tegogolo, en el supermercado Bodega Aurrera y detalló que ambos subieron a un carro. Otra fuente refirió que algunos colegas lo vieron en la zona centro de la ciudad y también dijeron que los habrían ubicado cuando presuntamente abordaron un camión en dirección a Coatzacoalcos. No hay constancias de que todo esto haya sido investigado o corroborado.

Cuando se cumplieron diez años de su desaparición, en entrevista su padre dijo “a la salida ya lo estaban esperando. Una camioneta negra. Eran como tres o cuatro. Y ya agarraron y lo llamaron, lo jalaron, lo subieron, no se quería subir pero lo jalaron.”

Todas estas hipótesis preexistentes vinculan la desaparición con algo que escuchó y/o dijo Gabriel. También dejan entrever que integrantes de organizaciones criminales fueron quienes lo desaparecieron.

Periodista, 48 años. Estudió periodismo en la Universidad Veracruzana. Colaboró en varios medios: TV Más, El Sol de Chiapas, Número Uno, La Jornada y Proceso.

Hechos:

El sábado 28 de abril de 2012 fue hallada sin vida en el cuarto de baño de su domicilio; presentaba golpes en la cara y el cuerpo así cómo señales de estrangulamiento y asfixia con una jerga del baño. Del lugar robaron su computadora, sus teléfonos celulares -según una fuente- y dos cassettes -según otra-.

Fue uno de los asesinatos con más repercusión, no sólo en Veracruz sino también a nivel nacional e internacional, no sólo porque era corresponsal de la Revista Proceso sino también por su trayectoria. Debido a la presión que generó este caso, se comenzó a gestar la idea de la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), la cual finalmente surgió en diciembre de ese año.

Amenazas:

Denunció y documentó todo tipo de abusos de políticos como también de empresas privadas y temas de corrupción. Dio cobertura a los casos más polémicos e importantes que ocurrían en Veracruz y tenían trascendencia nacional o la alcanzaban a veces gracias a sus notas y reportajes.

A menudo recibía llamadas telefónicas intimidatorias; también le hacían llegar amenazas y amagos de demandas judiciales. Por esa razón llevaba una vida reservada; sus colegas y amigos señalan que pocas personas ingresaban o compartían con Regina en su casa. Vecinos, personas trabajadoras y otros testigos declararon ante la autoridad ministerial que la periodista era una persona muy discreta y aislada con la cual tenían escasa convivencia.

Antes de su asesinato tuvo un incidente de seguridad. En diciembre de 2011, cuando regresó de visitar a su familia, Regina se percató que alguien había entrado a su domicilio. La casa estaba en orden, excepto el cuarto del baño. Allí las cajas de jabón estaban abiertas y el aire seguía húmedo, como si alguien acabara de usar la regadera, como mensaje de intromisión. En ese baño la mataron, 4 meses después.

Investigación y proceso:

Desde el primer momento, la PGJE de Veracruz descartó que el asesinato de Regina tuviera relación con su trabajo periodístico; aseguró que el móvil del crimen fue un robo y que todo se produjo a consecuencia de un supuesto conflicto pasional. Existen indicios que señalan que la periodista fue sometida a tortura pero ese hecho fue minimizado en el expediente.

La línea de investigación ministerial se basa en la confesión del presunto autor, Jorge Antonio Hernández Silva, alias el Silva, quien asegura haber actuado en compañía de José Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho. Silva declaró en el expediente que ambos habían ido a casa de la periodista a tomar algo y que tuvo una discusión “de pareja” con ella. Sin embargo, las huellas recopiladas en la escena del crimen y las muestras de sangre no coinciden.

Al otro día de aportar su confesión, Hernández Silva se retractó; aseguró que había sido torturado y amenazado.

Resulta importante mencionar que Hernández Silva era un hombre a quien Regina Martínez conocía desde hacía varios años ya que había publicado su historia como joven víctima de diversas violencias, portador de VIH sin acceso a salud quien vivía en situación de calle. Ella le ayudó entonces y se presume continuó ayudándole en cuanto podía.

Hipótesis:

Tras la investigación y análisis de fuentes documentales y vivas se constató que existen al menos 7 hipótesis sobre los motivos de su asesinato; todas vinculadas con su actividad periodística.

Según fuente viva (testigo), la muerte de Regina se relaciona con una publicación que salió en la revista Proceso: una nota sobre presuntos vínculos con el crimen organizado de dos figuras fuertes de la política veracruzana que por entonces aspiraban a ser diputados. El texto no llevó la firma de Regina, pero se presume que fue ella quien brindó la información a los colegas de la capital que lo firmaron.

Un medio menciona que días antes de su muerte, Regina había denunciado la supuesta implicación de nueve policías en un asunto de tráfico de drogas y eso desencadenó la agresión letal. Otros señalan que tenía pensado revelar su investigación sobre la desaparición de miles de personas en Veracruz; o bien que su asesinato tiene que ver con otras publicaciones que hizo como las del caso de Ernestina Ascencio, indígena de la sierra de zongolica muerta tras una violación tumultuaria y un ataque de integrantes del Ejército Mexicano.

Un testigo refiere que Regina “estaba metiéndose en los entretelones del aparato de procuración de justicia… todo indica que alguien del Estado la manda a matar, a dar una calentadita y se les pasó la mano”. Por último, una fuente marca que otro posible móvil es que Regina fue de las pocas periodistas que difundieron las acciones del llamado Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica, en el que organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas denunciaron la presencia arrasadora de las transnacionales en proyectos mineros tanto en la zona de Perote como en la región de Los Tuxtla.

Pese a todo lo anterior, la causa penal sigue la hipótesis del robo y reprocha a los autores mencionados ese delito y el homicidio calificado generado a consecuencia.

Guillermo Luna Varela, fotoperiodista empírico, 21 años. Colaboró en Notiver, Veracruz News y Diario Cardel.

Gabriel Huge Córdova, fotoperiodista empírico, 37 años. Colaboró en El Sur y Notiver. También tuvo en simultáneo sus propios emprendimientos: un cibercafé, un videoclub y una lavandería entre otros.

Esteban Rodríguez, fotoperiodista empírico, 30 años. Colaboró en Diario AZ, Imagen, Tv Azteca y Notiver.

Hechos

Fueron vistos por última vez el 2 de mayo. En la mañana junto a otros colegas cubrieron un accidente de tráfico en el puerto de Veracruz. De acuerdo con el testimonio de Isabel Luna, varios reporteros, entre ellos su hermano Guillermo Luna, cubrían la nota de un choque automovilístico ocurrido ese día en las calles de González Pagés y Juan Enríquez. Varios colegas se trasladaron al lugar del accidente en un mismo carro. El periodista Juan Carlos Parra se percató de que Guillermo no regresó con ellos en el coche y enseguida preguntó por él. Franco Cardel, reportero del diario AZ respondió que Guillermo “había ido a un mandado”.

Sin embargo, después Huge y Luna regresaron a su domicilio, de donde salieron poco más tarde cada uno por su lado y ya no regresaron.

Gabriel Huge sabía que estaba en peligro. Según una fuente, horas antes de su muerte le comentó a un amigo que iba a una cita delicada.

Le dijo "si en 2 horas no regreso, te encargo mucho a mi hija". Se presume que fueron convocados a una cita peligrosa, posiblemente el encuentro se realizó en la ciudad de Cardel, a media hora del puerto.

Por la mañana del día siguiente, el 3 de mayo de 2015, sus restos, junto con los de Irasema Becerra, fueron hallados en bolsas de plástico que arrojaron a un canal de aguas negras conocido como La Zamorana, en el fraccionamiento Las Vegas 2 de Boca del Río. Fueron torturados y desmembrados.

Amenazas:

Gabriel Huge había recibido amenazas previamente, presuntamente del crimen organizado y de fuente policial. Los tres fotógrafos estaban incluidos en una lista con 13 nombres de periodistas de Veracruz que estaban amenazados de muerte. La lista circuló a través de redes sociales desde mediados del 2011 y fue reportada a algunos organismos internacionales. Ellos, como el periodista Esteban Rodríguez, habían abandonado el estado el año anterior por amenazas.

Investigación y proceso:

La Fiscalía de Veracruz, a través de un comunicado, refirió que por las características del crimen se presumía la participación de la delincuencia organizada en la comisión de los homicidios. La hipótesis del expediente relata que los 3 reporteros y la publicista fueron citados en un lugar, luego secuestrados y asesinados.

Este caso fue resuelto con las detenciones de dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. A uno de los detenidos le encontraron la foto de Irasema, reportaron las autoridades. En el comunicado de prensa de SEMAR número 159/2012, fechado el 13 de agosto se dice: “En el marco de la Operación Coordinada “Veracruz Seguro”, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México aseguró el 10 de agosto pasado en el puerto de Veracruz, a JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PULIDO (a) “La Bertha”, presunto jefe operativo de estaca y sicario del Cártel de Jalisco Nueva Generación (...) En la revisión del vehículo, fueron encontradas varias identificaciones a nombre de la periodista ANA IRASEMA BECERRA JIMÉNEZ, quien laboraba en un diario local del puerto de Veracruz y que fue encontrada sin vida el pasado 3 de mayo junto con los periodistas GABRIEL HUGE CÓRDOBA, GUILLERMO LUNA VARELA y ESTEBAN RODRÍGUEZ, por lo que será la autoridad correspondiente la que determine una posible relación entre este individuo y/o de su organización criminal y los hechos delictivos perpetrados de manera reciente contra citados periodistas”. Se señala en el comunicado también a ISAÍAS FLORES PINEDA (a), alias “El Cronos” y/o “El rayito” y/o “El maniaco”, asegurado el 8 de agosto del mismo año. Los dos sujetos fueron imputados por delitos del fuero federal, sin embargo a la fecha no se conoce o no se ha dado a conocer que hayan sido sentenciados por los asesinatos.

Hipótesis:

Al margen de la hipótesis oficial, existen otras que indican que la violencia se dio a consecuencia de una publicación que hicieron sobre un operativo de la Marina o bien, otra fuente detalla que el multihomicidio se relaciona con los ataques a Notiver. Cabe mencionar que los tres fotorreporteros habían trabajado durante años en la fuente policiaca y tanto Huge como Luna fueron compañeros en el diario Notiver de Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana, asesinados el 20 de junio de 2011, y de Yolanda Ordaz, asesinada el 27 de julio de 2011.

Periodista empírico, 46 años. Era editor de la sección de Policía del periódico Milenio en Xalapa y fundador y director del sitio web Reporterospoliciacos.mx. Antes fue colaborador de AZ Diario, El Martinense, el Diario de Xalapa y El Sol de Córdoba.

Hechos

Fue desaparecido el lunes 13 de junio de 2012. Lo secuestraron a las 23:30 cuando salía de la sede de Reporteros Policiacos. Lo aprehendieron 3 hombres armados sin uniforme a bordo de una camioneta gris. La Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte del secuestro a las 23:40.

Su cuerpo fue hallado al día siguiente, mutilado y en bolsas negras colocadas en la calle Úrsulo Galván, cerca de los periódicos Oye Veracruz y El Diario de Xalapa, a pocos metros del Palacio de Gobierno. A un lado dejaron una cartulina color naranja que decía: “Eso le pasa a quienes traicionan y se quieren pasar de listos. Atentamente Los Zetas”⁽¹⁾. Como en otros casos, hay una puesta en escena comunicacional, marcada por la forma y el lugar en que se dejó el cadáver.

Las periciales practicadas señalan muchos indicios de lesiones y acciones de tortura, y detallan que la causa de deceso fue por “muerte lenta de origen mecánico, relacionada directamente con las heridas compuestas, de tipo cortocontundentes, provocando la segmentación (amputación y decapitación del cuerpo)”.

Amenazas

Había recibido agresiones y amenazas múltiples a lo largo de varios años. Entre las más recientes, en 2012 recibió amenazas telefónicas a la redacción de Reporteros Policíacos. Denunció que le ofrecieron protección y él se negó a recibirla arguyendo que la protección era para gente que andaba en malos pasos, que él no estaba vinculado con delincuentes. Cubría temas de seguridad local, policiales, información general y juicios. Siempre tenía consigo el radio policial. Sus colegas cuentan que Víctor Manuel tenía una bitácora con nombres y datos de delincuentes comunes, que registraba fechas de aprehensión, penas y otros datos.

Un dato a tener en cuenta es que una semana antes de su desaparición el gobernador Javier Duarte públicamente le entregó un auto como premio en un evento público con periodistas por el Día de la Libertad de Expresión.

Investigación y proceso:

Las autoridades buscaron relacionarlo con el crimen organizado. La hipótesis oficial es que fue asesinado por dos miembros del crimen organizado, personas que murieron en un enfrentamiento 5 días después del asesinato de Víctor: Juan del Ángel Torre y Daniel Reynoso Hernández. Es poco claro cómo se llega a señalar a los presuntos autores.

Hipótesis:

Tras la investigación y análisis de fuentes documentales y vivas se constató que existen al menos 7 hipótesis y/o móviles: 1) La versión del expediente identifica a dos presuntos responsables que mueren en un operativo

2) Por otro lado se quiso vincular al periodista con actividades y grupos criminales, señalando que por ello Los Zetas presuntamente se habían adjudicado la autoría

3) Otra hipótesis muestra que con su asesinato el crimen organizado o algún cártel pretendía desafiar al gobierno y señala que el homicidio, la exhibición de su cuerpo y la cartulina eran un mensaje en un periodo álgido donde se están dando todas estas luchas y confrontaciones entre grupos delictivos y autoridades

4) Un colega dice que lo confundieron con otra persona y que el mensaje era para los periodistas fieles a Los Zetas, una suerte de “o se cuadran o los matamos”

5) Otro colega afirma que el asesinato buscaba intimidar y/o buscar que se cierre Reporteros Policiacos porque el medio estaba resultando irritante para algunos, principalmente funcionarios, pues sus publicaciones dañaban la imagen del gobierno

6) Algunos familiares mencionan que Víctor publicó una nota sobre el hijastro del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en la cual mencionaba que usaba helicópteros y vehículos oficiales para uso personal

7) Por último, una de las hipótesis más sólidas: Milenio publicó un video en que aparecen torturas a integrantes de la Marina por parte del crimen organizado, esto no lo firmó Víctor pero todos supusieron que éste brindó necesaria información.

Periodista empírico, 35 años. Colaboró en Diario de Poza Rica y vendía notas a otros medios como Tribuna Papanteca y www.gobernantes.com

Hechos:

En días previos había avisado a los directores del Diario de Poza Rica que necesitaba salir de la ciudad por “problemas personales”. El 19 de julio acudió a las oficinas del medio de comunicación y confió su equipo fotográfico a la recepcionista. Esa noche no regresó a su casa, desde entonces no se sabe nada de él. El 23 de julio su esposa lo denunció desaparecido.

Amenazas

Durante entrevistas realizadas por prensa en los primeros días, su familia refiere desconocer si había recibido amenazas, sin embargo fuente viva menciona que puede que sí haya recibido amenazas pero era muy reservado en cuanto a sus asuntos personales.

Investigación y proceso:

La esposa de Miguel Morales presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. La PGJE inició la AP PZR/384/2012 pero once años después no hay noticias sobre su paradero ni han podido localizarse en fuentes abiertas nuevos datos sobre el estado actual de la investigación.

En enero de 2015 ONU-DH recordó que aún quedan pendientes desapariciones que siguen sin resolverse en Veracruz entre ellas el caso de Miguel Morales Estrada.

Hipótesis:

La hipótesis es que su desaparición se relaciona con la publicación de una nota que él firmó y relataba que una chica se había ahogado en una poza. La nota no se subió en el medio para el cual trabajaba de planta -Diario de Poza Rica-, fue retirada durante la noche y no salió en la versión impresa a pedido de los familiares de ésta, presuntamente miembros del crimen organizado. Sin embargo, sí publicaron la noticia y con la firma del periodista en otro medio donde trabajaba, Tribuna Papanteca. Fuente viva cree que lo desaparecieron por eso y señala que ese día 19 de julio, Miguel concurrió a una de esas citas -con el crimen organizado o sectores vinculados a éste- de las que se sabe que pocas veces se vuelve.

Periodista empírico, 48 años. Trabajó en Diario Cardel y colaboró con Reporterospoliciacos.com También fue empleado público del ayuntamiento de La Antigua.

Hechos

El domingo 20 de enero de 2013 recibió una llamada en su celular mientras estaba trabajando en la redacción del Diario Cardel. Salió sin apagar la computadora diciendo a un colega que volvería pronto, que no apagara la computadora, pero ya no regresó.

Sus compañeros creyeron que su ausencia se debía a conflictos sentimentales y por eso recién al día siguiente comenzaron a buscarlo. Refieren que cuando estaba en la redacción recibió varias llamadas y que se lo notaba preocupado. El periódico informó sobre su desaparición dos días después y su esposa presentó una denuncia ante las autoridades la semana siguiente.

Amenazas:

Además de trabajar como periodista fue empleado público en el Ayuntamiento de La Antigua, era una persona popular en su comunidad y en 2012 había aceptado ser candidato a diputado local por el partido Nueva Alianza para el distrito 13 de Huatusco pero un día antes de las elecciones renunció a su candidatura alegando que el partido no había cumplido con sus promesas de financiar la campaña y dar un convenio de publicidad al Diario Cardel.

Previamente había sido secuestrado en noviembre de 2011, aparentemente a raíz de una publicación sobre el asesinato de un taxista. Un grupo armado se lo llevó de la puerta del periódico. Logró escapar, no está claro aunque algunos relatos indican que fue rescatado por militares y resguardado en Xalapa, capital del estado, tras lo cual emigró a Acayucan y a San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. Había regresado a Cardel pocas semanas antes de su segunda desaparición. Colegas refieren que el delegado de la policía estatal, Marcos Conde, actualmente sujeto a proceso por desaparición forzada de personas, lo habría citado a intercambiar información cuando ocurrió la ejecución del taxista.

Investigación y proceso:

A la fecha no se han podido localizar datos en fuentes abiertas sobre el estado de la investigación y del proceso. La situación ya fue denunciada por el informe de agresiones a periodistas para la CIDH en su visita in loco a Veracruz -septiembre 2015-. En él, al referirse al caso de Sergio Landa, se señala: “Hablar de su caso, indagar sobre sus posibles captores, saber por qué (sucedieron los hechos), cómo va su proceso de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJV), e intentar contactar a sus familiares, es toparse con un fuerte edificado de miedo y silencio…”.

Hipótesis:

La consulta de fuentes documentales y vivas (entrevistas) han permitido concluir que existen al menos 3 hipótesis sobre su desaparición: 1) Que ocurrió porque Sergio expuso a policías. Incluso, que una vez cubrió una nota de un policía estatal que supuestamente por accidente mató a un detenido en Paso de Ovejas; a partir de ahí empezó a ser un blanco para esa corporación.

2) Sergio era reportero de planta del Diario Cardel, que pertenece al Grupo Editorial Olmeca. Un conglomerado de medios que entonces tenía al menos 10 periódicos y revistas. En ese grupo editorial hubo también otra víctima, otro periodista desaparecido: el joven Gabriel Fonseca. Gabriel tenía 19 años, era de origen humilde y también empírico. Trabajaba en la filial Diario de Acayucan. Está desaparecido desde el 17 de septiembre de 2011 es decir dos meses antes de la primera desaparición de Sergio y cuatro antes de su desaparición al presente. También se lo llevaron, tampoco se sabe qué ocurrió con él. Se presume que el motivo podría estar relacionado con algún problema entre las personas agresoras y el grupo editorial.

3) Su participación política como candidato a diputado por el distrito de Huatusco ya que era una persona respetada en su comunidad.

Periodista empírico, 42 años. Era corresponsal en Villa Allende del Diario NotiSur de Coatzacoalcos, además colaboró con el periódico El Liberal del Sur y La Red. También trabajó como fotógrafo de eventos sociales.

Hechos

La madrugada del 5 de febrero de 2014, cinco hombres armados se presentaron en la puerta de su casa, preguntaron por él y cuando salió se lo llevaron a la fuerza a bordo de una camioneta. Su familia estaba presente.

El gobierno de Veracruz generó un operativo de búsqueda que incluyó a soldados, marinos y policías federales y estatales. Gregorio estuvo desaparecido durante 6 días.

El 11 de febrero el gobierno, por vía de la Procuraduría General de Justicia del Estado, anunció que su cuerpo había sido hallado en una fosa clandestina dentro de una casa de seguridad ubicada en Las Choapas, municipio vecino a donde fue secuestrado. En el mismo lugar se encontró el cuerpo de un persona conocida como "El bembas” y el cadáver del gremialista Ernesto Ruíz Guillén, quien había desaparecido un mes atrás y sobre cuyo caso había publicado Gregorio.

Amenazas

Había recibido amenazas a raíz de notas periodísticas, había tenido incidentes de seguridad vinculados a su trabajo y también por un conflicto familiar (presuntamente, el hijo de Teresa Hernández -dueña del establecimiento El Mamey- agredía a la hija de Gregorio). Con posterioridad, y antes de su asesinato, recibió amenaza de muerte de parte de Teresa Hermandez, a raíz de una nota que Gregorio publicó.

En 2018, la viuda del periodista denunció ante la Fiscalía que quisieron quemar su casa.

Investigación y proceso:

La esposa de Gregorio, Carmela Hernández, en su declaración ante las autoridades mencionó que éste había sido amenazado por Teresa Hernández a raíz de una publicación que hizo sobre homicidios cometidos en el bar de su propiedad.

Una colega de Gregorio comentó al Ministerio Público que éste también había tenido entredichos con Mary Sam, propietaria de un negocio importante dentro de la ciudad de Coatzacoalcos, el lujoso restaurante Piquitos.

En el caso se detuvo a José Luis Márquez Hernández, quien confesó ser el homicida de Gregorio. Dijo que lo hizo a pedido de Teresa Hernández, en colaboración con El Mani, la Yegua, Choky y Babidi y que los habían contratado como sicarios por un monto de 20 mil pesos mexicanos.

Detalló que luego de secuestrar al comunicador, lo llevaron a una casa que suelen usar para estos actos (lo que se conoce como “casa de seguridad”) y allí lo tuvieron hasta las 3 de la mañana del 6 de febrero, día en que pusieron en marcha un plan preconcebido: asesinar al periodista. Según el relato del supuesto asesino confeso: salieron de la casa, lo guiaron hasta un descampado, y allí ejecutaron los actos de agresión letal.

En la causa se detuvo también a Teresa de Jesús Hernández Cruz, dueña del bar llamado El mamey, quien sería la autora intelectual; además de otros supuestos autores materiales: a Juan Manuel Rodríguez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera. Gerardo Contreras Hernández, Servando Montalvo, y el ya mencionado Márquez Hernández.

Antecedentes e hipótesis:

Gregorio publicó sobre desaparición de personas y secuestros en Villa Allende. Era quien hablaba de esos temas en la zona conurbada de Coatzacoalcos. Ello estaba incomodando al grupo delincuencial que operaba en esos negocios, los que presuntamente estaban vinculados con bares, restaurantes y otros.

Meses antes sacó notas sobre el bar El Palmar (propiedad de Teresa Hernández) y sobre el secuestro del gremialista Ernesto Ruiz Guillén, ocurrido el 18 de enero de 2014. Según menciona una fuente viva (entrevista) uno de los yernos de Gregorio era hijo de Teresa Hernández; aparentemente este último maltrataba a una hija de Gregorio y por esa razón hubo conflicto entre los consuegros. Gregorio intentó dialogar con la señora Hernández y con ayuda de un agente del Ministerio Público a quien él conocía llegaron a un convenio de "no agresión".

Según las hijas, Gregorio publicó una nota sobre dos personas apuñaladas a las afueras de la cantina El Mamey -también de Teresa Hernández-. Tras la nota, ésta lo amenazó de muerte, refirió que conocía a gente del cartel de Los Zetas y que lo mandaría matar.

Por otra parte, también se menciona que Gregorio había tenido entredichos con Mary Sam, mujer poderosa en Coatzacoalcos y dueña del restaurante "Piquitos". Este dato, según la fuente, fue acercado al Ministerio Público durante la investigación pero no fue tenido en cuenta por las autoridades.

Gregorio sacó una nota sobre un inmueble propiedad de Mary Sam, un rancho o quinta en Villa Allende, señalando que allí actuaban plagiarios y por ende mantenían a personas secuestradas. El hecho se dio el 27 de septiembre de 2013, en la propiedad se rescató a 3 personas secuestradas y se detuvo a dos presuntos implicados: Marco Antonio Fermín Vázquez y Wenceslao Altamirano San Juan. La noticia salió en diversos medios pero sin muchos detalles, mientras Gregorio mencionó a quién pertenecía el inmueble. Fuentes vivas indican que Mary Sam es una persona con redes y vínculos influyentes, políticos y empresarios, y que no solo tiene negocios sino también conduce una ONG que apoya a personas recluidas en penales o que ya cumplieron su pena.

En síntesis, hay diversos móviles e hipótesis posibles sobre el asesinato de Gregorio, todas ellas relacionadas con su actividad periodística: notas relacionadas con el fenómeno de desaparición, o por un grupo del crimen organizado que se vinculaba a ciertos bares-restaurantes, o bien por la relación de éstos y personas particulares con el plagio de personas migrantes. Sin embargo, la autoridad desestimó que su muerte tuviera que ver con el ejercicio y riesgo de su profesión de comunicador. Por el contrario, la narrativa oficial afirma que el asesinato del periodista fue el resultado de una "vendetta" personal entre éste y Teresa Hernández.

Periodista empírico. Años: 49. Fundó el periódico La Unión, medio crítico de los gobiernos municipales de Medellín, municipio cercano al puerto de Veracruz.

Hechos

El viernes 2 de enero de 2015 un grupo de aproximadamente nueve hombres con armas largas y el rostro tapado irrumpió en casa de la familia Sánchez. Buscaban a Moisés. Sin oponer resistencia, éste salió y lo subieron a un vehículo. Revolvieron sus pertenencias. Se llevaron su computadora, su cámara fotográfica Nikon D40, una tablet y su celular. Según reportes de prensa, en las investigaciones afloró que aunque fue secuestrado por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, estos recibieron el apoyo de policías estatales y agentes de tránsito municipal.

El entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que Moisés no era periodista sino “conductor de taxi” y “activista”, desestimando públicamente el caso.

El 24 de enero, luego de 18 días desaparecido, sus restos fueron encontrados en el municipio vecino Manlio Fabio Altamirano tras la confesión del expolicía Clemente Noé Rodríguez, quien dijo haber asesinado al periodista la misma noche del secuestro. Moisés fue descuartizado y su cuerpo fue depositado en bolsas negras de plástico.

Amenazas:

Había sido intimidado en diferentes oportunidades. Fue amenazado a punta de pistola durante la alcaldía de Aquiles A. Rodríguez Exsome (1998-2000); con otro alcalde, Omar Cruz Reyes (2013-2015), tuvo roces públicos. Moisés participó en diversas protestas, encabezó algunas, y fue candidato a agente municipal. Como periodista publicó la creación de un grupo de autodefensa en Medellín, lo cual evidenciaba el deterioro en las condiciones de seguridad y es la situación que muchos colegas identifican como el momento que podría haber culminado en su asesinato. A finales de diciembre comentó a su esposa que le habían dicho que el alcalde Cruz Reyes planeaba “darle un susto”. Pasaron pocos días hasta que un comando armado se llevó a Moisés.

El lunes 5 de enero, el alcalde fue interrogado por el secuestro de Moisés Sánchez y respondió: “Quien nada debe, nada teme”. El miércoles 7 de enero ya no se presentó a trabajar, abandonó el cargo y se dio a la fuga.

Investigación y proceso:

En conferencia de prensa, el entonces fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, afirmó que el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, era el culpable del asesinato de Moisés Sánchez. En la investigación se lo señala como autor intelectual. Continúa prófugo de la justicia.

Se detuvo en su momento al expolicía intermunicipal Clemente Noe Rodríguez. En un comunicado emitido poco después, la procuraduría indicó que el detenido relató que en el secuestro y asesinato participaron "otras cinco personas", y que el hecho fue cometido "por encargo directo de Martín López Meneses (Martin N), subdirector de la policía municipal de Medellín" y escolta del entonces alcalde. Con posterioridad, peritos oficiales de esa institución determinaron que dicho procesado fue sujeto a actos de tortura. Martín "N" fue detenido pero salió en libertad en noviembre del 2015 tras hallarse irregularidades en la vinculación a proceso.

Se detuvo a los expolicías Luigi Heriberto Bonilla Zavaleta y José Francisco García Rodríguez, ambos moto patrulleros. Fueron acusados de no actuar cuando la familia del periodista les pidió auxilio después de que un comando armado lo secuestró.

El 27 de marzo de 2018 se dictó sentencia condenatoria sobre los ex policías identificados como Luigi Heriberto “N” y José Francisco “N”, quienes fueron procesados por la comisión de los delitos de homicidio doloso calificado e incumplimiento de un deber legal. Se les impuso una pena de 25 años de prisión más reparación del daño (causa penal 100/2017). Luego la sentencia fue apelada, modificada a solo seis años y medio, únicamente por el delito de incumplimiento. En 2021 los dos policías recobraron su libertad. Tras esto Jorge Sánchez, hijo de Moisés, también apeló lo que provocó que se modificara la sentencia por tercera ocasión donde se ordenaba que fueran procesados por homicidio doloso. Los acusados ya estaban libres; Luigi Heriberto Bonilla Zavaleta fue reaprehendido el jueves 30 de marzo de 2023 pero al día siguiente fue nuevamente liberado. El 18 de agosto el Primer Tribunal Colegiado en materia penal en Veracruz, otorgó el promovido por éste último al determinar que no había elementos probatorios suficientes para acreditar los delitos de incumplimiento del deber y homicidio ni la responsabilidad de Luigi N, en contra del periodista Moisés Sánchez.

Hipótesis:

Existen elementos sobre los móviles y todos están relacionados con los riesgos propios de su labor periodística. Cubría temas polémicos como obras inconclusas, cuestionaba a las autoridades locales; enfrentó públicamente al presidente municipal.

El primer sujeto señalado como posible responsable fue el presidente municipal de Medellín, Omar Cruz Reyes, quien había dicho que le iba a hacer algo a causa del video que publicó Moisés sobre nuevos grupos de autodefensas.

Fuentes entrevistadas señalan que parte de la policía municipal estaba involucrada con el crimen organizado. Refieren que Meneses, encargado de la seguridad del presidente municipal, estaba implicado y remarcan que el día del secuestro cerca del domicilio de la familia Sánchez había alrededor de 11 policías quienes no atendieron la llamada de auxilio (por lo cual luego fueron arraigados). Según esta hipótesis, Meneses sería entonces el intermediario entre el presidente municipal y los autores materiales del secuestro y asesinato del periodista.

La investigación ministerial reveló que quienes lo secuestraron fueron sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación con ayuda de policías estatales y agentes municipales de tránsito.

Por último, existe la hipótesis de que el procurador culpabilizó al alcalde por una confrontación que tenía con aquél pero que en realidad el acto fue ejecutado por un grupo de crimen organizado con el cual el procurador habría tenido nexos.

Reportero, periodista, 52 años. Colaboró con varios medios de la zona de Córdoba y Tierra Blanca: El Mundo de Córdoba, El Sol de Córdoba, La Crónica de Tierra Blanca, Radio Max y La Ké Buena.

Hechos:

Fue visto por última vez el domingo 3 de mayo de 2015 en Tierra Blanca. Algunas fuentes citadas por prensa indican que fue interceptado cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Laguna Chica, en el municipio de Tezonapa, Veracruz; otras señalan que acudió a una fiesta la noche del sábado, donde habría sido raptado por hombres armados.

Al día siguiente, el lunes 4 de mayo, su cuerpo fue hallado a la orilla de un arroyo entre las comunidades de Morelos y Rancho Tablas, municipio de Cosolapa, Oaxaca, a 10 km del lugar donde vivía. Tenía 4 disparos y huellas de tortura, traía consigo sus identificaciones y credencial de la radio.

Investigación y proceso:

El viernes 22 de mayo, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del estado de Oaxaca detuvo en el municipio de Acatlán a Juan Carlos de la Cruz Vergara, de 25 años, a quien señaló como presunto responsable del delito de homicidio calificado con agravante de ventaja, en agravio de Armando Saldaña. Ello en cumplimiento a la orden de aprehensión de la causa 147/2015 librada por el Juez de Garantías de San José Cosolapa.

Hipótesis:

Las autoridades no hicieron públicas la hipótesis que llevó a detener a Cruz Vergara. Más allá de eso, existen al menos otras dos explicaciones sobre el posible móvil de su asesinato. Ambas vinculadas con su labor periodística:

1) Lo mataron porque tocó intereses particulares de la zona donde el secuestro de migrantes y el robo de combustible crecieron en incidencia delictiva. "No se mordía la lengua. Si hablaba de cañeros, decía lo que pensaba, aún y cuando ese es uno de los temas delicados en la zona de Tierra Blanca porque hay grandes intereses de dinero y de poder”, dijo un colega a prensa.

2) Días antes de su desaparición dio a conocer la existencia y detalle de la operación de criminales huachicoleros, es decir aquellos que hurtaban combustible a PEMEX en la zona donde residía. Esta hipótesis sugiere que Armando Saldaña reportó la actuación de estas bandas, cuyo modus operandi para acallar las denuncias era el de la violencia extrema, la tortura y la ejecución sumaria. Situación similar vivió el periodista Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario El Buen Tono de Córdoba, asesinado el 11 de agosto de 2014 y quien también dio cuenta de la presencia de los “chupaductos” en la zona. Al igual que en el caso de Armando Saldaña, el cuerpo de Octavio Rojas fue hallado -o depositado tal vez- a pocos kilómetros pero del lado del estado de Oaxaca.

Para más detalles sobre el caso y las fuentes de referencia, ver “Violencia letal contra periodistas. Caso Veracruz 2010-2016”.

Reportero empírico, 46 Años. Durante 15 años fue empleado de El Dictamen y ocasionalmente colaboró en Notiver. Después de renunciar a El Dictamen fundó su propio medio digital llamado “Escribiendo la verdad. Auténtica tribuna de Veracruz”. Además trabajaba como taxista, tenía su propio carro y se había unido al PRD. Realizaba gestiones porque quería competir en las siguientes elecciones para alcalde de Medellín.

Hechos

Fue reportado desaparecido el 30 de junio de 2015. Ese día salió a trabajar en su taxi y fue visto por última vez en la comunidad El Tejar, municipio de Medellín, donde residía.

Su cuerpo fue hallado más tarde en medio de la carretera. El peritaje estableció que presentaba lesiones múltiples por atropellamiento, por lo que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz dijo que la muerte no se relacionaba con su trabajo periodístico, incluso insistió en que su deceso fue accidental. Sin embargo, el cuerpo fue hallado semidesnudo, torturado y con una venda en los ojos.

Su coche -Nissan Tiida con pintura de taxi y número económico 1962- no fue hallado en la escena, tampoco su cámara fotográfica ni su libreta.

Amenazas

Juan Mendoza cubría información policial -lo que se denomina nota roja-. Pese a ello y hasta donde han reportado familiares y autoridades, no había recibido intimidaciones o amenazas.

Entrevistados señalaron que unos días antes de su muerte tuvo un problema con unos sujetos que quisieron asaltar su taxi; él los denunció pero luego esas personas salieron libres.

Hipótesis:

Juan Mendoza trabajó en el periódico El Dictamen durante muchos años y luego abrió el portal electrónico Escribiendo la Verdad. Tenía una columna denominada “¿Por qué callar?” en la cual advertía sobre la presencia del crimen y denunciaba a políticos locales que se decía estaban relacionados con el cártel de Los Zetas.

La agresión letal contra el periodista se dio en Medellín, municipio donde tres meses antes -el 2 de enero 2015- fue secuestrado y asesinado Moisés Sánchez Cerezo, también periodista (caso 11). El ex alcalde de ese lugar, Omar Cruz Reyes, fue señalado como autor intelectual de la muerte de Moisés y hasta la fecha está prófugo de la justicia. El dato es relevante pues algunos entrevistados señalan que Juan Mendoza se estaba por lanzar como candidato para alcalde y que ello no era bien recibido por quienes ocupaban cargos de administración pública.

La hipótesis oficial se basa en el atropellamiento como accidente. No obstante, se hicieron públicas las fotos de la escena del hallazgo y estas muestran que sobre la ruta se dejó el cuerpo semidesnudo que tenía la cabeza/ojos vendados con una gasa a través de la cual aparece una mancha de sangre, como filtrada. Ello podría indicar que antes de morir, el periodista fue lesionado y atendido sanitariamente por alguien.

Fotoperiodista autodidacta, 31 años. Colaboró con Agencia Eklipse Photo, El Golfo Info, agencia AVC, Cuartoscuro y Proceso. Fue uno de los fundadores del colectivo Voz Alterna. También trabajó como fotógrafo para la campaña del luego gobernador Javier Duarte y para la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales, en el área de comunicación social.

Hechos

Fue asesinado en Ciudad de México el 31 de julio de 2015 junto con otras 4 víctimas: Nadia Dominique Vera Pérez -activista y amiga de Rubén-, Mile Virginia Martín, Yesenia Atziri Quiroz Alfaro y Olivia Alejandra Negrete Avilés. Las primeras tres vivían en el departamento ubicado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, domicilio en el cual ocurrieron los asesinatos. Negrete Avilés trabajaba haciendo tareas domésticas en dicho inmueble.

El crimen fue descubierto alrededor de las 19:00 horas del mismo día por la cuarta habitante del departamento.

Los cuerpos de Rubén Espinosa y Nadia Vera fueron hallados en el suelo de una de las recámaras, cubiertos por sábanas. Mile y Yesenia estaban en otra habitación: el cuerpo de la primera se encontraba sobre la cama y el de la segunda tendido en la puerta del baño integrado a la recámara.

Según el informe de la Unidad de Análisis de Contexto de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Rubén fue el primero en ser sometido; fue atado de las extremidades superiores e inferiores con cinta color gris. Presentaba 12 heridas punzocortantes. La causa de la muerte fue un impacto de proyectil de arma de fuego. Nadia fue atada, asfixiada, y sufrió heridas punzocortantes.

Yesenia y Mile tenían objetos en su cavidad bucal para limitar su locución. La primera fue atada, asfixiada y herida con el mismo instrumento punzocortante que los anteriores. Mile sufrió los mismos ataques pero su cuerpo fue el único que se encontró semidesnudo y con claros signos de violencia sexual.

El cuerpo de Alejandra fue encontrado en el baño. No tenía heridas punzocortantes, no fue asfixiada ni presentó lesiones por sujeciones (ataduras). Murió a causa de un impacto de bala, al igual que las otras 4 víctimas.

Amenazas e incidentes:

Rubén era una persona conocida en el ambiente público de Xalapa, capital de Veracruz. Fue fotógrafo de la campaña a la gubernatura de Javier Duarte y trabajó para la alcaldesa Elizabeth Morales hasta 2013.

Como fotoperiodista cubrió sobre todo movimientos sociales. Participaba de movilizaciones y protestas para denunciar asesinatos de colegas periodistas así como también el hostigamiento a estudiantes críticos con el gobierno. A través de sus fotografías documentó abusos de poder del gobierno encabezado por Javier Duarte. En el año 2013, Rubén Espinosa presentó denuncia ante la PGR por el operativo efectuado por SSP en Plaza Lerdo el 14 de septiembre de 2013 (132/FEADLE/2013), en la cual él y otros periodistas fueron violentados por autoridades. También durante la cobertura fotográfica del 8 de junio de 2015 en Xalapa recibió agresiones verbales y físicas.

Se desplazó a la capital del país después de recibir amenazas entre las cuales reportó haber sido golpeado, seguido y vigilado en diversas oportunidades. De acuerdo con relatos que él mismo realizó ante diversos medios, el miércoles 10 de junio de 2015 por la mañana, notó a una persona afuera de su casa, en Xalapa. En la tarde, dos individuos más permanecían frente a su hogar. “Tres me veían de manera agresiva, ahí se encontraba el primer sujeto, quien aparentemente me tomó una foto y me hizo una seña como de ‘¿Qué pedo?’”. En la noche, cuando regresaba a su casa, dos personas lo siguieron por lo que se refugió en una tienda de artículos para bebé. Minutos después el fotoperiodista continuó su camino. Antes de llegar observó que afuera de su casa otras dos personas lo esperaban. Cuando lo vieron caminaron hacia él y Espinosa se hizo a un lado para dejarlos pasar. Éstas se detuvieron, lo miraron fijamente y se fueron. El día anterior había encabezado el acto de la recolocación de una placa en honor a la periodista Regina Martínez, asesinada en la misma ciudad el 28 de abril de 2012. Manifestó que en los últimos años le habían dificultado el acceso para cubrir eventos del gobierno local.

En una reunión que mantuvo con Jorge Sánchez, hijo del asesinado periodista Moisés Sánchez, y Pedro Canché, un periodista perseguido por su trabajo, Rubén les dijo: “Tengo perfectamente claro que quien me persigue es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. No es un cacique local, es fan del dictador Franco. Por eso temo por mi vida. Por eso salgo huyendo de ese Veracruz, no quiero ser el número 13, además de que es de mala suerte”. Así lo relató Canché tiempo después.—

Investigación y proceso:

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, dijo en conferencia de prensa que se abrieron varias líneas de investigación, entre ellas la de un supuesto robo. Dijo también que se activaron los protocolos por feminicidio, homicidio y delitos contra periodistas. No hizo referencia a las denuncias de amenazas provenientes de Veracruz que habían hecho Rubén Espinosa y Nadia Vera.

Artículo 19, tras acceder a la carpeta de investigación, halló múltiples irregularidades. Entre ellas que fueron al menos cinco y no tres las personas que participaron en el crimen. Sin embargo, las investigaciones continúan estancadas.

Sus familiares han requerido a la PGR, hoy FGJCDMX, agotar las líneas de investigación relacionadas con la actividad laboral de Rubén, también refirieron que la recomendación hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México (04/217) no se ha cumplido. Más de 8 años después del multihomicidio y pese a los reclamos, los encargados de la procuración de justicia no han logrado avances sustantivos en el caso.

Hipótesis:

Existen varias hipótesis, algunas vinculadas a la labor de Rubén como periodista y Nadia como activista. Al momento, existen 3 líneas de investigación vigentes: 1) El posible vínculo entre el hecho (multi-feminicidio y homicidio en la colonia Narvarte) con el activismo de Nadia Vera y la actividad de fotoperiodismo de Rubén Espinosa en el Estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte como Gobernador y de su brazo ejecutor Arturo Bermudez Zurita como Secretario de Seguridad Pública; 2) el posible vínculo entre el hecho y personas que pudieron victimizar a Mile Martín y a Yesenia Quiroz en actividades de trata de personas y; 3) el posible vínculo entre el hecho y la Delincuencia Organizada. Ninguna de estas líneas ha sido agotada.

Con base en la declaración de los tres detenidos, la PGJDF alimenta la línea de investigación relacionada con el presunto narcomenudeo y la trata de personas como móviles. De acuerdo con la investigación de la PGJDF, una de las víctimas permitió el acceso al edificio y al departamento a tres sujetos, identificados como Daniel Pacheco Martínez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas, quienes actualmente están presos y han sido sentenciados.

Esa misma versión indica que, en aproximadamente 50 minutos, los agresores entraron al lugar donde golpearon, sometieron, torturaron y asesinaron a las víctimas. Además, según la versión de la Procuraduría, los agresores revolvieron el lugar en busca de algo. Al salir, fueron grabados por cámaras de video, que mostraron que uno de ellos portaba una maleta negra y que otro se llevó el auto Mustang estacionado afuera del edificio, propiedad de Mile Martín. Esta fue, durante años, la versión oficial.

La investigación estuvo plagada de irregularidades y los derechos de las víctimas fueron violados, lo cual dio lugar a la recomendación 4/2017 de la CDHDF.

Periodista, 36 años. Colaboró con: Diario El Mundo, El Buen Tono y El Sol de Orizaba.

Hechos

Fue secuestrada la madrugada del 8 de febrero de 2016 por un grupo de hombres uniformados “como militares” quienes llegaron a su domicilio y se la llevaron a rastras, según denunciaron en esos días sus familiares. Los hombres apuntaron con armas a quienes intentaron detener el secuestro. Ordenaron a todos tirarse al piso y dijeron “tenemos una orden de aprehensión”. Testigos vieron tres camionetas color gris marca Nissan. Relataron también que los agresores vestían un uniforme de soldado, chaleco negro, botas negras muy boleadas, casco, pasamontañas y chaleco antibalas. Dicen que los agresores hablaron poco entre ellos y sólo pronunciaron frases como “aquí no” (cuando se equivocaron de cuarto), “esta es” (cuando encontraron a la periodista), “tenemos una orden de aprehensión” y “tírense al piso”.

El cuerpo de Anabel fue hallado el día siguiente, 9 de febrero de 2016, en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Estaba semidesnuda, maniatada y la cabeza cubierta con una bolsa de plástico; tenía rastros de tortura.

Amenazas

Había tenido un incidente de seguridad el 30 de agosto de 2014 mientras festejaba su cumpleaños, acompañada de su familia -incluyendo niños-, en un restaurante en el municipio de Acultzingo. Entonces llegó un comando de soldados y comenzaron a revisarlos. Anabel dijo “yo soy periodista, ¿por qué hacen esto?”. Como respuesta, uno de los uniformados contestó “mira tú estás comiendo con el enemigo”, refiriendo a alguna otra persona que se encontraba en el mismo restaurante. La periodista documentó con su celular lo que estaba sucediendo. Los militares le borraron las fotografías que había tomado y le dijeron que se fuera para que no tuviera problemas, de acuerdo con relatos de un testigo.

Investigación y proceso:

El fiscal dijo que se indagarían “todos los probables vínculos” incluyendo a la delincuencia organizada. Con posterioridad refirió que la periodista fue asesinada por notas que publicaba y “afectaban los intereses de un grupo delincuencial”.

En agosto de 2016 fueron detenidos dos sujetos: Gonzalo Paulo Vélez (Gonzalo Paulo N), como presunto autor material, y Manuel Escalona Barradas (Manuel N), alias El Cachorro, identificado como jefe de plaza de Los Zetas en Córdoba y Orizaba, presunto autor intelectual. El gobernador Duarte felicitó públicamente a las autoridades por la captura.

Antes del asesinato de Anabel (2 de febrero de 2016) José Márquez Balderas, alias El Chichi había sido detenido en un operativo de control y revisión de vehículos. En virtud de las líneas de investigación manejadas se lo señaló como presunto autor intelectual, pero luego fue liberado por violaciones al debido proceso.

Hipótesis:

Se manejaron dos hipótesis. De manera genérica, la autoridad fiscal señaló en medios y fuentes abiertas que el caso se podría explicar por presuntos vínculos con el crimen organizado. Otras personas vinculan el asesinato de Anabel con una publicación que habría hecho en Facebook sobre quién iba a ser el sucesor del supuesto jefe del cártel de Los Zetas en la región, José Márquez Balderas, alias El Chichi, quien habría sido capturado recientemente; en la publicación se mencionaba que el Chichi iba a ser reemplazado por el Cachorro, hijo del Director de la policía de Ciudad Mendoza.

En su cuenta de Twitter, el día 13 febrero 2016 -a 5 días del secuestro de la periodista-, el gobernador Javier Duarte remarcó la segunda hipótesis. Comentó que Anabel Flores había publicado bajo el seudónimo de Mariana Contreras la detención del jefe de plaza -el Chichi-. Replicó la publicación original de Flores misma en su cuenta (ver foto).

Cuatro meses después fue detenido Manuel N., alias “El cachorro”. Se le investigaba también por extorsión, venta de protección a alcaldes de Veracruz y otras actividades ilícitas.

Reportero, 45 años. Colaboró con: TV Azteca, Noreste de Poza Rica, Imagen del Golfo, Papantla Tukulama, Diario de Poza Rica y El Mundo de Poza Rica. Era director de un medio informativo de su propiedad: Noticias MT. Además trabajaba en el Ayuntamiento de Poza Rica.

Hechos

El 15 de mayo de 2016 fue asesinado cuando caminaba por una zona comercial, acomodada y concurrida de Poza Rica. Según se relató en medios, ese sábado por la mañana Manuel Torres cubrió un asunto de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación -CANACINTRA- y de allí se fue a otro evento del Partido Verde Ecologista de México -PVEM-, donde estaba el regidor Carlos Christfield. Este último le ofreció llevarlo hasta la calle 2 de abril, cerca de las oficinas de la Dirección de Tránsito. Allí, el periodista se bajó del vehículo, caminó algunos metros hasta que se le acercó un hombre y le disparó en la cabeza con un disparo certero que acabó con su vida de inmediato. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto.

Amenazas

Sus últimas publicaciones apuntaron a evidenciar protestas de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la falta de agua en algunas zonas de Poza Rica y conflictos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, en lo que refiere a su trayectoria profesional su gran veta informativa fueron las notas judiciales o de la fuente policiaca aunque con cuidado para evitar precisiones o datos sobre el crimen organizado, dicen sus colegas. Prefería reportar otros temas, así como criticar a políticos y funcionarios, dijo un colega en entrevista con la prensa durante los días subsiguientes al asesinato.

A mediados de 2015 fundó su medio -MT- donde no aparecían notas policiales o vinculadas a crimen organizado sino contenidos de actividades del gobierno, de la secretaría de seguridad pública y de campañas políticas de la región.

Además de periodista, Manuel Torres era colaborador del ayuntamiento de Poza Rica, trabajó como auxiliar de Juan Carlos Ortiz Christfield, regidor del ayuntamiento de Poza Rica, a quien de forma esporádica acompañaba cuando no había noticias para reportear.

Según la CEAAP, no había reportado ninguna amenaza.

Investigación y proceso:

Torres tenía más de 20 años de ejercicio del periodismo. Fue corresponsal de TV Azteca, de Radiover.com y colaboró con varios medios de comunicación locales como el Diario Noreste. Sin embargo, al reportar el asesinato, el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz identificó a Manuel como un “colaborador del ayuntamiento” y no como periodista. El fiscal regional de la zona norte de Veracruz, Ezequiel Castañeda, remarcó en entrevista que no había indicios de que la muerte se relacionara con la libertad de expresión.

CNDH asumió el caso desde el 16 de mayo de 2016.

No se han dado a conocer avances en la investigación ni el proceso.

Hipótesis:

1) Las declaraciones oficiales detallaron que no había indicios para afirmar que la muerte se debiera a su trabajo.

2) Como en otros casos, las fuentes abiertas -medios, colegas y otros- señalaron que el ataque letal fue a consecuencia del riesgo del ejercicio del periodismo en determinados contextos como el de Veracruz en esa época.

3) Una fuente entrevistada señaló que Manuel alguna vez anduvo relacionado con una fuerza de seguridad nacional y que con seguridad ello le dio acceso a cierta información que terminó poniéndolo en peligro.

Reportero empírico, 43 años. Colaboró en: El Piñero de la Cuenca, Al calor Político, Mi Revista Veracruz y El Cañero de la Cuenca. Fundó su propio portal de noticias, En la línea de fuego. También trabajaba como empleado de gobierno en el área de Planeación y Estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Hechos

El miércoles 20 de julio de 2016, después de las 10 de la noche, dos hombres abrieron fuego contra él mientras atendía junto a su esposa e hijos un puesto familiar de comida afuera de su casa llamado “La jardinera”. Los peritos especializados de la FGJE recolectaron varios casquillos percutidos, calibre 9 mm.

Testimonios de un familiar indican que antes de la ejecución, “una patrulla se atravesó en la avenida, impidiendo el paso de otros vehículos y facilitando el acceso del coche compacto empleado por los agresores que llegaron a atacar a Pedro". Los individuos que dispararon se marcharon "tranquilamente, no corrieron, no se notaban con prisa, ni alarmados, tomaron su coche" y, tras un intercambio de luces altas con la patrulla, "se fueron con toda tranquilidad", según los testimonios. Agregan que los oficiales "se rieron" cuando la familia pidió que detuvieran a los agresores. La desgarradora escena siguió cuando los agentes "entorpecieron" la llegada de la ambulancia al “dar mal la dirección en dos ocasiones”.

Amenazas

Había recibido amenazas varias, una de las últimas proveniente de un empresario local que se presume estaba vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y pretendía abrir un nuevo medio de comunicación. El periodista presentó la denuncia y especificó que “policías vestidos de trabajadores de Telmex” habían acudido a su domicilio y le dieron a su esposa el mensaje intimidatorio.

Uno de sus hijos atestiguó una amenaza telefónica ya que su padre puso el teléfono en altavoz.

Tamayo contaba con medidas de protección. Meses antes la CEAPP lo había trasladado a Tijuana por seguridad pero regresó por su propia voluntad.

Posterior a su asesinato, en el año 2020 su viuda -también periodista- fue secuestrada, golpeada y amenazada: le advirtieron que cesara con el pedido de justicia.

Investigación y proceso:

Dos días después del asesinato, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras dijo que ya tenían nombres de posibles responsables. Concedió numerosas entrevistas a la prensa, en las cuales refirió que no se descartaba “ninguna línea de investigación” .

Alicia Blanco, esposa de Pedro Tamayo denunció que la policía permitió el ataque y no actuó rápido para socorrerlo. Narró a Artículo 19 que “Cuando ya Pedro cae muerto y la patrulla ya estaba con los elementos abajo y todos les decíamos ‘agárrenlos, ellos fueron los que le dispararon’, no hicieron nada.”

A raíz de la denuncia de la viuda del periodista, 11 policías -entre ellos el subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública- fueron citados a declarar en Xalapa, y algunos de ellos fueron imputados. No obstante, la investigación se centraba en el delito de incumplimiento -por no cumplir la obligación de protegerlos- y no en esclarecer si las omisiones se debían a una complicidad con los homicidas.

En 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 89/2018 donde refiere irregularidades y omisiones en la investigación del caso.

No se han dado a conocer avances en la investigación ni el proceso. Incluso la familia reporta que apenas en 2023 tuvo acceso al expediente.

Hipótesis

Subsisten las versiones que atribuyen los hechos al crimen organizado, como también a las amenazas previas de persona particular, pero más peso tiene la hipótesis que señala como responsables no solo a los ejecutores directos -quienes actuaron con total tranquilidad- sino al personal de seguridad pública que tuvo un rol más que aquiescente.