Contexto de la Violencia letal en Veracruz 2010-2016. Resumen

Contexto político general

Durante décadas, la democracia de México no tuvo alternancia: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó de forma ininterrumpida desde su fundación en 1929 hasta el 2000, año en que el Partido Acción Nacional (PAN) ganó las elecciones con Vicente Fox como presidente; a quien sucedió Felipe Calderón (PAN), en 2006.

A nivel local, dichos cambios políticos nacionales no siempre se replicaron. En lo que respecta a Veracruz, el estado continuó con su tradición priísta hasta 2016, fecha en que Miguel Ángel Yunes Linares ganó las elecciones a gobernador como candidato de la coalición PAN-PRD.⁽¹⁾ Como sea, no sobra decir que dicho político provino de las filas del PRI hasta su saltó definitivo al PAN en el año 2005.

En el período estudiado (2010-2016) la política estatal estuvo a cargo de Javier Duarte. Durante su gobierno tuvo diversos secretarios de gobernación, tres procuradores de Justicia, dos voceros y dos Secretarios de Seguridad Pública -uno de ellos durante casi todo el período-.

Al investigar la violencia contra la prensa, dos funcionarios son los más nombrados: Gina Dominguez Colio y Arturo Bermudez Zurita; la primera tenía tanto poder que se ganó el mote de “la Vice”; el segundo, era conocido como el “Capitán Tormenta”.

Violencia y política de seguridad pública

En Veracruz se produjo un fuerte incremento de la violencia desde los primeros años del milenio, pero sobre todo a partir de 2009 cuando la tasa de homicidios se disparó de 5 a 10 por cada 100 mil habitantes hasta llegar a 20.56 en 2017.

GRÁFICO 1 - REPORTE DE INDICADORES ONU-HABITAT en las CIUDADES VERACRUZANAS PERIODO 2000-2010

La situación se gestó de forma escalonada. En el año 2000 algunas regiones y ciudades de Veracruz alcanzaron altas cifras de homicidios, entre ellas Poza Rica y Xalapa.⁽²⁾ En 2004 Fidel Herrera Beltrán asumió la gubernatura por el PRI. Por esa época comenzaron a repercutir ciertos actos criminales.

GRÁFICO 3- REPORTE DE INDICADORES ONU-HABITAT en las CIUDADES VERACRUZANAS PERIODO 2000-2010

Uno de los eventos más impactantes fue el asesinato del periodista Raúl Gibb, dueño del periódico “La Opinión” de Poza Rica -8 de abril del 2005-, homicidio que fue relacionado con sus escritos sobre el saqueo de los ductos de Pemex por parte de un grupo vinculado al Cártel del Golfo. Pero las expresiones de la violencia eran muchas: desapariciones de migrantes, asesinato de periodistas, extorsiones y secuestros a ciudadanos comunes, represión a estudiantes y otros manifestantes.

Mientras tanto, en el contexto nacional, el presidente Felipe Calderón (PAN) declaró la guerra al narcotráfico⁽³⁾ y utilizó al Ejército y a la Marina para combatirlo. En consecuencia, se incrementó exponencialmente el presupuesto asignado para seguridad pública y defensa nacional, y se creó lo que denominaron “mandos únicos”: una fusión de unidades policiales y preventivas en 32 mandos únicos que quedaron a cargo de las Secretarías de Seguridad Pública de cada entidad federativa y que actuaban coordinadamente con dependencias federales. Como contrapartida, los Estados que adoptaron la estrategia de seguridad del gobierno nacional, contaron con mayores recursos federales para equipar, capacitar, evaluar y fortalecer a las policías estatales y municipales.

La cooperación de Veracruz con el gobierno federal en la llamada “guerra contra el narcotráfico” se afianzó por medio de la firma de acuerdos entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y las Fuerzas Armadas para realizar operativos conjuntos bajo el Mando Único estatal. Entonces la SSP estaba a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, quien más tarde (2017) fue detenido por enriquecimiento ilícito, acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad; un año después también fue vinculado a proceso por casos de desaparición forzada.⁽⁴⁾

Violencia, Estado y presencia del crimen organizado

Durante el periodo 2008-2012, hubo una crisis de violencia a nivel nacional a raíz de las disputas y movimientos entre cárteles, principalmente la escisión de Los Zetas de su alianza con el Cártel del Golfo -CDG (2007-2010).

Los Zetas no solo se dedicaban al tráfico de drogas sino también al cobro por protección, a la piratería, el tráfico y la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el robo de combustible. Su llegada a Veracruz significó un incremento de la violencia letal, en especial a partir de 2007, cuando comenzó la disputa por el territorio con otros grupos, pues la región era clave para el control de las rutas de la droga y paso de personas migrantes.⁽⁵⁾

La guerra por el control del territorio se conjugaba con la implementación de la estrategia de seguridad nacional de combate a los cárteles. Todo ello derivó en un incremento abrupto de la violencia en todo el país y en una tasa de homicidios que alcanzó su máximo de 23.5 víctimas cada 100,000 habitantes en 2011.⁽⁶⁾ El índice era alarmante.⁽⁷⁾

También en Veracruz se disparó la tasa de homicidio entre 2011 y 2012.⁽⁸⁾ Uno de sus momentos álgidos fue septiembre de 2011, cuando 35 cadáveres fueron arrojados en Boca del Río poco antes que iniciara una cumbre de procuradores de justicia del país. A los pocos días, el 6 de octubre, la Secretaría de Marina reportó el hallazgo de otros 32 cuerpos.⁽⁹⁾ Por entonces, grupos delictivos, principalmente Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación -CJNG-⁽¹⁰⁾ entonces Mata Zetas-⁽¹¹⁾ se disputaban el control del territorio.

Un día después del segundo hallazgo, es decir el 7 de octubre, las autoridades mexicanas anunciaron la captura de veinte personas. Se trataba de ocho miembros del CJNG -según confesión de los propios detenidos- quienes también se denominaron “Mata Zetas” y eran los supuestos responsables de 67 muertes.

Ese mismo 7 de octubre el procurador Reynaldo Escobar Pérez renunció al cargo tras el escándalo por dichas masacres.⁽¹²⁾ Escobar había sido procurador durante el gobierno de Fidel Herrera y continuó en el cargo durante casi un año del gobierno de Javier Duarte.

Los operativos “Veracruz Seguro I” -en 2009- y “Veracruz Seguro II” -en 2011-, fueron la respuesta gubernamental a la escalada de violencia producto de la disputa entre CDG, Zetas y el Cártel de Sinaloa.⁽¹³⁾

Los enfrentamientos entre cárteles incluían la denominada “guerra informativa”: aparecieron mantas con leyendas que señalaban la relación entre el gobierno de Calderón y uno de los cárteles así como la selectividad del Estado en la contención del narcotráfico -solo se perseguía a los Zetas, decían-. La disputa de sentidos incluía además la visibilización de cadáveres desmembrados, torturados, con cartulinas que tenían textos direccionados y señalamientos a mandos de la policía que protegían a grupos criminales.⁽¹⁴⁾ En ese contexto, los periodistas y los medios serían orillados a convertirse en instrumento para difundir mensajes.

Por su parte, las políticas de seguridad tuvieron otro efecto: mientras el combate y los operativos en contra del crimen organizado iban en aumento, el gobierno incrementaba el volumen de recursos humanos, económicos y técnicos destinados a dichos esfuerzos; lo anterior resultaba entendible y hasta racional, pero también supuso un espacio de interrelación entre el sector público y el sector privado, que favoreció los actos de corrupción.

En el caso de Veracruz, el acoplarse a la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico incrementó un 142.7% del presupuesto para gastos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública.⁽¹⁵⁾ Eso derivó en una serie de contrataciones fraudulentas con empresas y empresarios que, en algunos casos, tenían vínculos con el crimen organizado. En ese contexto, la “guerra contra las drogas” resultó funcional para ocultar la corrupción, como se detalla a continuación.

Empower analizó contrataciones públicas asignadas entre 2010-2016 a personas o empresas vinculadas a funcionarios de la SSP-Veracruz. De los contratos analizados (entregados a Empower) surge que la SSP-Veracruz no reveló cuál fue el procedimiento de contratación para asignar el 43% de los contratos y pagos; y más del 50% de la erogación de fondos públicos fue asignado por medio de adjudicación directa y licitación simplificada, estas últimas, señaladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como “procedimientos que contribuyen a generar imparcialidad, discrecionalidad, falta de competencia y carencia de objetividad en los procesos de asignación de los contratos” situaciones que podrían ser detonantes de corrupción público-privada. Además, algunos proveedores fueron beneficiados con contratos irregulares y otros contratistas fueron boletinados por el SAT por realizar operaciones simuladas (conocidas también como operaciones fantasma).⁽¹⁶⁾

En 2012 la prensa dio a conocer el vínculo del exgobernador Fidel Herrera con un empresario detenido en Estados Unidos acusado de lavar dinero para Los Zetas; un testigo protegido que aportó información en Austin, Texas declaró que el empresario acusado -“Pancho” Colorado-, quien había sido beneficiario ilegal de contratos con Pemex, aportó 12 millones de dólares para la campaña de Fidel Herrera en 2004.⁽¹⁷⁾

Durante los últimos meses del gobierno de Javier Duarte la corrupción llegó a niveles inimaginables, tanto así que renunció antes de concluir su mandato y huyó del país. Para entonces, el crimen organizado había cooptado las instituciones y actuaba con toda impunidad. Duarte, Bermúdez Zurita y otros funcionarios fueron luego acusados de peculado y enriquecimiento ilícito.

Violencia letal contra la prensa

La violencia contra periodistas es un fenómeno complejo. Para entender su dinámica y encontrar a los responsables, no basta con mirar al crimen organizado o a las personas que “espontánea y voluntariamente” -como se dice en la jerga de los expedientes- confiesan.

Son diversos y variados los actores de este escenario letal plagado de corrupción, inseguridad e impunidad. Son múltiples las modalidades de violencia y los patrones de ejecución. En México, esto se ve potenciado en determinados estados, como Veracruz.

Según el Observatorio de la UNESCO,⁽¹⁸⁾ de 1993 a 2023 existe registro de 1642 periodistas asesinados en todo el mundo. En dicho periodo México es el segundo país con mayor cantidad de periodistas asesinados (158) después de Iraq (201), pero el primero en la categoría de países en “zona de no conflicto”.

Según datos de Artículo 19, en el período 2000-2023 se documentaron 163 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 31 corresponden a Veracruz -primer estado en la lista-, al que siguen Guerrero, Tamaulipas y Oaxaca con 17, 15 y 15 respectivamente. Y si entramos al periodido que específicamente analizamos 2010-2016, más de la mitad fueron asesinados en Veracruz (17). Por esa razón se decidió analizar el contexto de ese estado. https://articulo19.org/periodistasasesinados/

¿Por qué se mata a los periodistas? La respuesta no es sencilla. En muchas ocasiones el gobierno estatal explicó los crímenes diciendo simplemente que las víctimas “tenían vínculos con la delincuencia organizada”. Son conocidas las palabras del gobernador Javier Duarte cuando, en una conferencia de prensa en Poza Rica, les dijo a los periodistas presentes: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos… Todos sabemos quiénes de alguna u otra manera tienen vinculación con estos grupos […], todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa […], pórtense bien…”.⁽¹⁹⁾

20 son las víctimas del período estudiado (17 asesinadas y 3 aún desaparecidas) y todas ellas, personas periodistas que ejercían su profesión en un contexto difícil donde el crimen organizado imponía rigor y riesgo, y el Estado permitía o protagonizaba la anulación de derechos, el descrédito de las víctimas, el abuso de poder por parte de funcionarios y las omisiones de verdad y justicia.

El contexto también se veía enrarecido por las luchas y los reclamos sociales generados desde diversos sectores, en especial a raíz de la inseguridad y de las vulneraciones socioambientales por proyectos hidroeléctricos, así como por la intensificación de la explotación petrolera y minera en Veracruz.

A ello se sumaba la situación de vulnerabilidad y precariedad laboral que vivían -y viven- los periodistas- bajísimos salarios, nulas prestaciones de seguridad social y escaso apoyo para equipo técnico o seguridad–, aunado a los compromisos editoriales de los dueños de medios de comunicación con grupos de poder. Todo lo anterior dificulta o restringe aún más la libertad de expresión pues la economía de periodistas y de los medios depende en parte de la política. Extraoficialmente se calcula que el 60% de los ingresos de los medios en todo el país proviene de la publicidad oficial⁽²⁰⁾ y esa dependencia financiera exige a veces una cercanía con el poder que puede -o no- traducirse en noticias.⁽²¹⁾ Entre la política y el periodismo se genera “una relación de intereses entre ambas partes, unos por proporcionar información; y otros por ser vistos, tomados en consideración”.⁽²²⁾

Por otro lado, no es extraño corroborar que algunos propietarios de medios de comunicación sean también políticos. Tal es el caso de Eduardo Sánchez Macías, según documentos, dueño del grupo editorial que publica los periódicos los “Heraldos” y en su momento diputado local. También está Alejandro Montano, ex diputado y ex secretario de seguridad, quien en algún tiempo tuvo la concesión estatal de Milenio. Lo anterior genera dinámicas perversas que se plasman en la crítica, censura o bien provocan que el presupuesto de coordinación de comunicación social del gobierno sea utilizado -previo convenios con dueños de medios- para realizar campañas de apoyo irrestricto o en otros casos, difamación y persecución política de ciertos personajes.⁽²³⁾

También la delincuencia organizada tiene incidencia en las políticas editoriales de los medios, no sólo a través de la autocensura y la publicación estratégica -información “dirigida” es decir promovida por criminales-, sino también por medio de la distribución de dinero o beneficios.⁽²⁴⁾

Todo ello desdibuja los necesarios límites entre lo público y lo privado, lo subjetivo -intereses particulares- y lo objetivo de la función estatal, afectando directamente al ejercicio de la profesión periodística.

En este contexto complejo, las personas periodistas protagonizan un rol que detenta, por un lado, una cuota de poder y por el otro, una posición de riesgo: el comunicador es un generador de noticias y puede señalar o acallar sujetos y eventos; difundir información; o bien silenciar e invisibilizar datos. La comunicación y el periodista son útiles para el crimen organizado, son una herramienta en ese campo de tensión o guerra que los cárteles tienen entre sí. En ocasiones, pretenden que la noticia infunda temor, acerque una amenaza, marque el dominio de un grupo sobre “la plaza”- como coloquialmente se denomina al territorio en disputa- o incluso sea una invitación a negociar.

También el ámbito político que abusa de su función intenta dominarlos, llegando a veces a la intimidación y a la violencia, utilizando por igual a agentes de las fuerzas de seguridad pública que a miembros del crimen organizado.

En síntesis: ser periodista en Veracruz es ante todo un acto de resistencia. Y la profesión, una de las más riesgosas y extremas.

Modus, práctica y patrón en la violencia letal contra la prensa

El estudio con enfoque macrocriminal sobre los modus operandi de las desapariciones, las ejecuciones y las modalidades de hallazgos de los cuerpos de los periodistas muestra que la violencia letal es perpetrada por un entramado en el que participan actores privados y públicos, funcionarios y miembros del crimen organizado.

Cada caso tiene su modalidad, dinámica, intervinientes y motivos mediatos, pero detrás de ellos se perciben constantes.

¿Qué patrón central se percibe en estos casos de violencia letal contra periodistas? La respuesta no es simple. Recopilamos información de más de 350 fuentes documentales (libros, copias de expedientes, informes, notas periodísticas, comunicados y ruedas de prensa de la fiscalía y otras autoridades), así como de los datos recopilados en campo por parte del equipo de la investigación mediante entrevistas a familiares y colegas de las víctimas. Tras interrelacionar y analizar la información con enfoque macro se pudieron aprehender elementos que se repiten en el 65 o incluso el 75% de los casos.

Todo ello brindó indicios para reconstruir un patrón que se potencia en algunas regiones y tiempos específicos. Las ciudades comprometidas son muchas, pero las cinco más afectadas son Boca del Río, Poza Rica, Xalapa, Tierra Blanca y Veracruz.

Esto se evidencia en el primer bienio del periodo estudiado (2011-2012), momento que coincide con los primeros años del gobernador Javier Duarte, así como con la llegada, movimiento y lucha entre los cárteles (en especial, los Zetas y luego, Cartel Jalisco Nueva Generación): 2011 fue el tiempo más violento en general y sobre todo, contra los periodistas.

En 2011-2012 hubo 11 víctimas de violencia letal. Noel López Olguín fue el primer reportero secuestrado y asesinado desde que empezó el mandato de Duarte; estuvo desaparecido cerca de tres meses hasta que se halló su cuerpo.

Por entonces comenzaron a cambiar para los periodistas las condiciones de riesgo. Un colega entrevistado señaló “en la época de Noel no dimensionaba el riesgo que significaba publicar, porque antes con Fidel Herrera, era distinto. Y con Duarte se jodió todo. Con la entrada de los Zetas y del Secretario de Seguridad Pública, Zurita… trabajar con el Crimen organizado es difícil, pero con los funcionarios es peor: no se sabe cómo y hasta dónde llegarán”.⁽²⁵⁾

El primer bienio y hasta el caso de Gregorio Jimenez, se ve plagado de modalidades de asesinatos que aparentan ser labores de sicariato, o bien de grupos criminales organizados. Muchos casos están sesgados por la descuartización y/o decapitación de las víctimas (7 de 17); los cuerpos de algunas personas fueron colocados en bolsas negras y dejados en lugares visibles.

A ellos siguieron dos años de aparente tranquilidad⁽²⁶⁾ pues en 2013 y 2014 hubo 2 víctimas: se desapareció a Sergio Landa Rosado y se dio muerte a Gregorio Jimenez de la Cruz en febrero de 2014. Cabe remarcar que el caso de Gregorio -a quien secuestran en modalidad de agresión grupal tipo comando, lo desaparecen y luego lo ejecutan de forma muy violenta- fue un caso bisagra que se dio 18 meses después del último homicidio, es decir, el de Báez Chino, en junio de 2012.

A partir de allí se reanudó la ola de violencia letal. En julio de 2014 se encontró en Oaxaca el cadáver de un periodista veracruzano: Octavio Rojas Hernandez. Durante 2015 se victimizó a Armando Saldaña Morales, Juan Mendoza Delgado, Moisés Sánchez Cerezo y Rubén Espinosa Becerril, este último en el marco de un multihomicidio en la Ciudad de México. Mientras en 2016 asesinaron a Anabel Flores Salazar, Manuel Torres Gonzalez y Pedro Tamayo Rosas, los tres de forma escandalosa, casi pública y con desparpajo, como sucede cuando la impunidad es moneda corriente. A una de las víctimas se la encontró semidesnuda, maniatada y con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. Con rastros de tortura. Las causas oficiales de muerte fueron “asfixia mecánica por sofocación” y contusión de tórax por golpes, según reportes de prensa.⁽²⁷⁾ Otra fue asesinada de un disparo en la cabeza cerca de una oficina de tránsito.⁽²⁸⁾

El caso de Pedro Tamayo es significativo: lo asesinó un comando armado en la puerta de su domicilio y frente a su familia. Un familiar del comunicador declaró que poco antes una "patrulla se atravesó en la avenida, impidiendo el paso de otros vehículos, y facilitando el acceso del coche compacto empleado por los agresores que llegaron a atacar a Pedro". Afirmó también que los individuos se marcharon "tranquilamente, no corrieron, no se notaban con prisa, ni alarmados, tomaron su coche" y, tras un intercambio de luces altas con la patrulla, "se fueron con toda tranquilidad". Cuando la familia les pidió que detuvieran a los agresores, los oficiales "se rieron". La desgarradora escena siguió cuando los agentes "entorpecieron" la llegada de la ambulancia al “dar mal la dirección en dos ocasiones".⁽²⁹⁾ Este fue el último asesinato del sexenio de Duarte. A partir de allí se potencia el derrumbe que se venían viendo en las estructura política.

En junio de 2016, el portal Animal Político publicó el reportaje "Las empresas fantasmas de Veracruz", donde se denuncia una red de 21 empresas utilizadas por Duarte y algunos de sus altos funcionarios para malversar fondos. Es el primero de varios reportajes que se publicarán en los siguientes meses en diversos medios de comunicación. Inicia un escándalo que acabará en la debacle del gobernador.⁽³⁰⁾ En agosto de ese año Arturo Bermúdez Zurita renuncia al cargo de secretario de seguridad pública de Veracruz después que un reportaje periodístico del diario Reforma revelara que era propietario de 24 empresas y que él y su esposa habían adquirido 19 inmuebles, entre ellos 5 residencias en Estados Unidos, por valor de 2.4 millones de dólares desde que era funcionario de Veracruz. Duarte dijo que "no tenía conocimiento" de que Bermúdez Zurita poseía esas propiedades. Ese mismo mes, encuentran la fosa de Colinas de Santa Fe.⁽³¹⁾

Aquí no acaba el derrumbe, el 12 de octubre Javier Duarte pide licencia -asume interinamente Flavino Ríos Alvarado (PRI)-⁽³²⁾ y el 15 se da a la fuga. Así cierra Veracruz 2016.

Contexto de macrocriminalidad. Actores y autores publicos

Desde nuestra perspectiva,⁽³³⁾ en los contextos de macrocriminalidad se dan diversos triángulos.

Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, el triángulo de tensión entre oportunidad económica, actores interesados (lícitos e ilícitos) y condiciones mínimas de operatividad y seguridad (las que dependiendo de los interesados, podrían consistir a su vez en acciones lícitas o ilícitas, llegando incluso a exigir garantías de impunidad).

Luego, el triángulo de actores y autores. Aquí, a diferencia de lo que sucede en los modelos clásicos de criminalidad, los “fenómenos suponen una interacción entre lo público y lo privado; personas físicas y jurídicas, actores privados y agentes estatales. Ello así porque la macrocriminalidad opera —y a su vez se sustenta— en la comunión de tres ámbitos básicos: 1) el propiamente delincuencial (compuesto por personas físicas, personas jurídicas o bien por el crimen organizado), 2) el ámbito económico y/o empresarial (personas físicas o jurídicas con intereses privados), y 3) el político y/o público (diputados, policías municipales, autoridades migratorias, agentes ministeriales, jueces, entre otros)”.⁽³⁴⁾ En otras palabras, en la macrocriminalidad “(l)a colusión entre el crimen organizado, el Estado y las empresas comerciales, hace que las acciones de estas complejas redes ilícitas sean más que “crimen organizado.”⁽³⁵⁾

Por último, se da el triángulo de las estructuras, pues debe haber un vértice coercitivo, es decir, un conjunto de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que operen con coercitividad (violenta o aparentemente legal) a fin de hacer cumplir las reglas propias y necesarias. También es indispensable un vértice político operativo, y por último, uno económico financiero que dé soporte y sustento a lo necesario.

En la violencia letal contra el periodismo se configuran cada uno de estos componentes de los fenómenos macro. En Veracruz 2010-2016 interactúan tres actores: crimen organizado, agentes o funcionarios públicos y personas físicas o jurídicas del ámbito privado (empresas).

El primer gran actor son los cárteles. Este actor, se convierte en muchas ocasiones en autor. En las actuaciones de la fiscalía los grupos organizados o sus miembros suelen ser señalados como los presuntos autores (materiales), y según la autoridad y lo que expresan los propios confesos, estos pertenecían en su mayoría a los Zetas y a CJNG.

También hay cargos y nombres que se repiten en los señalamientos; funcionarios que desde la gobernación, el municipio (alcaldía) o la policía, aportan, intervienen y en algunos casos no sólo amenazan sino que se los acusa de solicitar a terceros que ejecuten actos de violencia contra la prensa. Así, el procurador Luis Ángel Bravo Contreras en conferencia de prensa refiere que los detenidos por la muerte de Moisés Sánchez señalaron que “la muerte de Moisés la realizaron por encargo directo del chofer del alcalde de Medellín, a cambio esto de protección policial para que su banda pudiera realizar la vnta de droga en ese municipio sin promover un problema alguno en la misma..”⁽³⁶⁾

Por su parte, según fuentes escritas, a Noel López Olguín lo tenía amenazado de muerte el ex alcalde de Jáltipan. Refieren también que el diputado federal, Miguel Ángel Morales Cortés, también lo habría amenazado después de que publicara una columna en su contra. Los compañeros del reportero cuentan que una vez, Noel López se encontró de frente con Morales Cortés y sin más, el diputado local, le dijo: “Pinche perro, aquí te voy a matar” y le presumió el machete que llevaba en la mano.⁽³⁷⁾

Y las redes letales eran fuertes. El caso de Rubén Espinosa ejemplifica muy bien los alcances del mismo. Como lo documentó oportunamente Artículo 19, el periodista abandonó tierra veracruzana y se refugió en Ciudad de México, pues en los últimos años le habían dificultado cubrir eventos del gobierno local y había sufrido amenazas y amedrentamiento.⁽³⁸⁾ Por ello, ante las agresiones y el contexto cotidiano de violencia contra la prensa, el fotoperiodista salió de Veracruz porque temía por su vida. Lamentablemente, ello no impidió que lo asesinaran.

Sin duda Duarte era un actor importante, pero no era el único; en este fenómeno de violencia letal hay otros nodos de interacción como Gina Dominguez, vocera y ex titular de Comunicación social del gobierno de Duarte. A ésta se suma Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública así como José Nabor Nava Holguin. También Felipe Amadeo Espinosa, Reynaldo Gaudencio Escobar, y Luis Ángel Bravo Contreras (ex procuradores), Flavino Rios Alvarado, ex secretario de Javier Duarte, así como los ex alcaldes ya mencionados.

Actores y autores privados

Los actores no estaban aislados. Había interrelación entre crimen organizado, agentes públicos y actores privados; principalmente por presión y coacción⁽³⁹⁾ del primero. Los medios de comunicación no eran ajenos a ello, pues eran otro actor clave (no por ello autor) en el fenómeno de la violencia letal.

En Veracruz, cada medio tenía el ánimo presunto de comunicar, compartir noticias, acercar notas y todo en un contexto enrarecido donde el peligro era diario y la tensión aumentaba en proporción directa en virtud del poder que tenía el personaje y/o el tema sobre el que se reporteaba o investigaba. Pero los medios tenían condicionantes.

Por un lado, la “...delincuencia organizada tiene creciente incidencia en las políticas editoriales de los medios noticiosos, no solo por las vías ostensibles de la autocensura y la publicación estratégica de cierto tipo de información «dirigida», sino por la distribución de dinero, lo mismo a empresarios que a periodistas de todos los niveles, usando para ello a emisarios de sus propias filas o a políticos, funcionarios, empresarios o incluso a periodistas.”⁽⁴⁰⁾

Por el otro, la asignación para publicidad oficial y por último, los convenios. Son sumas millonarias. Existen diversos procesos en los que se transparenta información al respecto, algunos de ellos en contra de la ex vocera Gina Dominguez Colio y otros ex tesoreros y ex secretarios de finanzas. Allí, el fiscal Julio Rodríguez Hernández dijo que fueron cerca de 5 mil millones de pesos mexicanos,⁽⁴¹⁾ lo que equivale a cerca de 294 millones de dólares. Se señala que para esto las empresas no firmaron contratos, sino que más bien el aporte se dio tras acuerdos verbales.

Según otros, el monto fue mayor. En fuente abierta se detalló lo declarado por Miguel Ángel Yuñes “en 70 meses, el gobierno de Javier Duarte pagó “... dos mil 582 millones de pesos a periódicos, 152 millones a revistas, 15 millones a caricaturistas, dos mil 700 millones a televisoras, 515 millones a particulares (sic) y 280 millones de pesos en espectaculares”⁽⁴²⁾ En términos generales “El gobierno inconcluso de Javier Duarte de Ochoa –quien ya cumplió 70 días prófugo de la justicia- gastó ocho mil 548 millones de pesos en el rubro de prensa, publicidad, “compra” de medios de comunicación e imagen, aseguró el mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares”.⁽⁴³⁾

Los acuerdos eran un gran condicionante. El crimen organizado intervenía en ellos. Eso enturbiaba el ambiente laboral. Un periodista, al relatar sobre el trabajo de Rubén Espinosa comentó la situación: “(Rubén) quería transmitir lo que estaba pasando y que muchas veces en los medios de comunicación se trataba de ocultar, porque había un convenio o porque había que cuidar la línea editorial, entonces puede que sí haya sido diferente que los otros fotógrafos, pero al final de cuentas él quería transmitir lo que en algunas empresas no se podía, porque teníamos que cuidar el convenio que era nuestro, de donde venía nuestro salario (…)”.⁽⁴⁴⁾

Por último, nos referiremos a las inversiones privadas en el ámbito energético y a la “guerra contra el narcotráfico”. En Veracruz, durante los gobiernos de Herrera y Duarte, se concretaron grandes inversiones privadas en ámbito energético, principalmente a raíz de la reforma legislativa dada en 2013. Y simultáneamente “...durante ambos gobiernos la criminalidad y la violencia rebasaron al estado, ocasionando que se localizaran 332 fosas clandestinas en 46 de los 212 municipios, según información pública de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV). Varios de los 46 municipios mencionados eran sede de importantes inversiones en el sector energético o de infraestructura en carreteras, puertos y gasoductos, entre otros. (…) Pero el clima de violencia para combatir al crimen no inhibió las inversiones. Por el contrario, (…) de las 661 fosas clandestinas localizadas por Empower en el periodo 2000-20, el 61.57% (407) se concentra en 57 municipios donde se llevan a cabo proyectos para extraer petróleo y gas natural o donde se construye infraestructura como carreteras, puertos y gasoductos. (...)”⁽⁴⁵⁾ . En otras palabras, hay una clara superposición geográfica y seguramente de infraestructura o esquema de ilegalidad o de cooptación de la legalidad. También un abuso de la oportunidad económica que el contexto acerca.

Asi, de 2006-2012 se cuadriplicó el presupuesto para seguridad pública y se duplicaron los recursos asignados a la defensa nacional para financiar la denominada “guerra contra las drogas”⁽⁴⁶⁾ y ello repercutió en el Veracruz de Javier Duarte, porque el adherirse a la estrategia de seguridad nacional le permitió también el acceso a mayores recursos. La gestión de estos recursos estuvo marcada por numerosas irregularidades, entre ellas, en 2017 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) realizó una auditoria de los procesos de contratacion de SSP-Veracruz de 2016 localizando un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública del gobierno estatal por más de 214.5 millones MXN,⁽⁴⁷⁾ encontró 24 proveedores (empresas y personas) de combustible que no contaron con evidencias para probar la entrega de sus servicios. Sobre estos contratos Empower localizó en su analisis que cuatro de los cinco proveedores de la SSP-Veracruz que recibieron 10 contratos por más de 106.7 millones MXN fueron boletinados por el SAT por realizar operaciones simuladas (fantasma): Roberto Esquivel Hernández, Gloria Rodríguez Alcocer, Jesús Murillo Solis y Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, S.A. de C.V. Así como otros dos proveedores que fueron beneficiados con tres contratos irregulares por más de 33.2 millones MXN. Esos casos son los de Porfirio Aspiazu Fabián, familiar del Mayor José Nabor Nava Holguín (quien se convirtió en sucesor de Arturo Bermúdez Zurita, cuando este abandonó la titularidad de la SSP-Veracruz tras ser acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos). En total, fueron localizados 13 contratos equivalentes a más de 140 millones MXN asignados a seis proveedores irregulares.⁽⁴⁸⁾

Muchos de los altos mandos de la SSP-Veracruz que participaron en estos delitos económicos también fueron actores y autores, es decir, fueron señalados de cometer desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, abusos sexuales y otras graves violaciones a los derechos humanos.⁽⁴⁹⁾ Una vez más se evidencia la interrelación entre recursos y violencia. A su vez, el caso da pie para reiterar la presencia de otro de los triángulos de la macrocriminalidad y uno de los elementos centrales: la fuerza de coerción.

Como lo señalamos ut supra, uno de los triángulos clave es el de las estructuras (operativas, políticas y financieras). A saber, los actores se ven atraídos por la oportunidad económica (lícita o ilícita) pero necesitan de una estructura para mantenerse. Y en la violencia letal contra el periodismo se percibe esta situación, Es decir, los interesados (actores públicos y privados) se ven atraídos por las riquezas de la zona como minerales e hidrocarburos, por las rutas ilegales, por el flujo de recursos públicos que se destinan a la región. Y cada vez que los trabajos, investigaciones y publicaciones de la prensa tocan o perjudican intereses o ventajas lucrativas (para particulares o funcionarios) derivadas de subsidios estatales, recursos públicos, explotación minera y de hidrocarburos, o bien las actividades ilícitas generadas a raíz de estos últimos (corrupción y huachicoleo), el riesgo contra el periodista y contra la prensa se materializa. Esto se dio en Veracruz. Empezó por condicionamientos, represiones, intimidaciones y amenazas, pero en muchos casos acabó en desapariciones y asesinatos, que, en solo seis años, sumaron dos decenas de víctimas.

En estos contextos, como las situaciones resultan tan atractivas como redituables, los actores interesados suelen exigir o gestionar las condiciones mínimas de operatividad y seguridad. Cuando son del ámbito privado (particulares y empresas) suelen pedir o contratar las gestiones. Cuando son funcionarios y políticos, ellos mismos pueden actuar. El problema se da cuando la operatividad y seguridad se administra a cualquier costo y abandonando el ámbito de la legalidad, es decir, contratando sicarios, involucrando a cárteles del crimen organizado, pidiendo el apoyo desde sectores cooptados de la policía municipal, entre otros. Todo con el objeto de poder llevar adelante el acuerdo, emprendimiento o actividad ilegal. Este es un vértice clave dentro del triángulo de estructuras: el coercitivo. Para concretar el fenómeno se requiere no sólo del financiamiento y de los actores políticos sino de una fuerza vinculante que haga cumplir las reglas propias del sistema ilícito. Y una de esas reglas es acallar, silenciar a quien pretende exponer o hacer públicos los negocios criminales.

Esto se percibe en el patrón de violencia letal contra la prensa en Veracruz 2010-2016: desapariciones, ejecuciones, descuartizamientos, decapitaciones, exposición de cadáveres en la vía pública, mensajes en cartulinas sobre los cuerpos, todos actos de comunicación para intimidar a unos, y acallar a otros. Una estructura de coerción clara que tiene actores materiales -sicarios, miembros de crimen organizado y en ocasiones agentes de seguridad pública- pero también, autores intelectuales que pagan, generan o encubren dolosamente esa violencia (entre ellos, policías municipales, alcaldes, directores, empresarios, como se detalló durante el análisis de contexto).

La agresión letal contra la prensa supone un atropello a la libertad de opinión, pero también un atentado al derecho a la información. Vulnera el derecho de las víctimas (periodistas) a expresar y difundir sus ideas, opiniones, datos e investigaciones, pero también los derechos de las personas y de las sociedades a buscar y recibir información de cualquier tipo.⁽⁵⁰⁾

La agresión letal contra la prensa genera a su vez un efecto amedrentador que paraliza no sólo a sus pares, sino también a todo aquel que sepa leer el mensaje que expresa: a quien se oponga a la estructura ilícita, le espera la muerte.

En Veracruz 2010-2016 esa agresión recayó sobre periodistas en su mayoría empíricos, que trabajaban en condiciones económicas adversas, que los obligaban a tener más de una actividad para vivir. Comunicadores con infraestructuras laborales precarias, no siempre respaldados o protegidos por las empresas que los contratan; periodistas que debían cubrir notas rojas y que se veían forzados a interactuar en un contexto de inseguridad, en donde tenían peso y poder actores poderosos como los cárteles. El crimen organizado llamaba, controlaba, intentaba dirigir las publicaciones de los medios, y para eso usaba diversas estrategias.

En ese periodo tenían fuerte presencia Los Zetas, pero también otros como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Todos en pugna entre sí y combatidos por las estrategias de “lucha contra el narcotráfico”. En ese contexto reporteaban, investigaban y publicaban las víctimas. Y eso genera riesgos.

Pero el principal riesgo deviene del papel que les tocaba representar. Es que los periodistas de hoy en dia, en contextos como el de Veracruz, no solo peligran por la nota que publican; no solo tienen riesgos por trabajar en un terreno incierto en el cual caminan continuamente por la cornisa sin saber o poder prever si su nota, reportaje o análisis va a irritar al crimen organizado u otro actor de poder ilegal (sea éste un funcionario o un particular).

La prensa juega hoy otro papel: es quien con su trabajo puede “calentar o enfriar una plaza” -expresión que se usa en la jerga criminal para referir a volver más caótico-violento el escenario o contexto-. Puede hacer ver a un grupo criminal como poderoso y dominante en una región, o bien abatido y superado. Puede transmitir un mensaje de un bando al otro, o hacia la autoridad o la sociedad. Este papel hace del periodista un factor clave.

En la actualidad, la guerra ya no se da exclusivamente en campo, en terreno, cuerpo a cuerpo. Hoy en día la “guerra” tiene una plataforma más etérea, digital: las redes sociales y/o los medios masivos de comunicación. Es allí donde se dan las luchas, allí donde se definen muchas contiendas, allí es donde también compiten actores (políticos, funcionarios y otros).

Entonces, en ese escenario, dominar a la profesión que trabaja en esa plataforma de combate y que tiene a su cargo dar o compartir el mensaje, resulta clave. Dicho en otras palabras: comunicación y comunicador son hoy un elemento de esa guerra.

Y por ello, se necesita tenerlo controlado. Se hace todo para intentar instrumentalizarlo: primero se intenta sobornar, intimidar, condicionar a la prensa, y si no se puede, se buscará silenciarla por medio de la violencia. Sobre todo cuando el mensaje o comunicación no suma a los intereses de actores determinados (funcionarios y empresas corruptas, personas o empresas criminales, y también cárteles).

Este es el nuevo riesgo del periodista. No es una nota puntual. No es el peligro de trabajar caminando por la cornisa. Esto puede darse, claro está, pues son los primeros círculos de peligro de este actor. Pero en la actualidad, el riesgo del periodista es el rol que le asignan en el escenario de disputa actual: una herramienta de comunicación que los actores (partícipes) de esa guerra pretenden instrumentalizar.

Esto se percibió al analizar el contexto de Veracruz y sobre todo, los móviles acercados para el patrón .

También se observó la necesaria infiltración de los poderes ilícitos en las estructuras estatales. Por un lado, el crimen organizado intenta cooptar agentes o dependencias de seguridad pública u organismos del poder ejecutivo. Por el otro, se vislumbra cómo actores públicos y privados (funcionarios, empleados, empresarios) abandonan el ámbito de la legalidad y se convierten en poderes ilícitos que trabajan o gestionan desde instituciones sociales o estatales, arropados por el encubrimiento de otros y/o ayudados por mecanismos de impunidad.

Como se advierte, el fenómeno de la violencia letal no es bidimensional (agresor-víctima) sino plural y multidimensional. Son redes complejas de corrupción y crimen, en las que diversos actores interactúan de forma dinámica. Con esta óptica -macrocriminal- debemos analizar el fenómeno. Con este enfoque se deben encarar las investigaciones de la fiscalía. Solo así habrá “debida diligencia”.

Dijo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) “El Estado está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos. El Estado debe prestar especial atención a la situación de aquellos periodistas que por el tipo de actividades que desarrollan están expuestos a riesgos de una intensidad extraordinaria.”⁽⁵¹⁾

Los esfuerzos del estado mexicano han sido muchos. En 15 de 20 casos hay imputados o detenidos, pero casi todos son actores directos (autores materiales) con cuestionable implicación real en los hechos, dada la falta de credibilidad que revisten algunos procedimientos y actos procesales. Faltan los señalamientos de los autores intelectuales. Falta estudiar las estructuras de operación de esos ilícitos. Faltan sentencias condenatorias firmes. Falta que la víctima tenga acceso real a los expedientes. Falta sobre todo, que en las investigaciones se aplique una mirada integral, sistémica y macrocriminal sobre la violencia letal contra la prensa, porque el fenómeno muestra en la práctica tener estas características.